A escasos días de la Diada, Colau se opone al referéndum unilateral de independencia e insiste en la vía acordada con el Estado.
Pere Ametller @pereametller
Jueves 8 de septiembre de 2016
Foto: EFE
En una entrevista concedida al diario ‘Ara’ el pasado 3 de septiembre, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, realizó unas contundentes declaraciones que rompen con la ambigüedad de los llamados “comunes” respecto a la cuestión de la realización de un referéndum unilateral de independencia. Colau afirmó que “La unilateralidad no es efectiva, no funciona para interpelar al conjunto de la ciudadanía. Debemos saber ver que hemos avanzado más que nunca, hay procesos de cambio en el Estado que pueden ayudar, mucho más que hace unos años, a sacar adelante el derecho a decidir y a hacer que este referéndum pueda ser reconocido al máximo en el Estado y en Europa. Es una ingenuidad pensar que se puede hacer de manera unilateral y que será reconocido en Europa sin apoyos del Estado”. Unas palabras que contrastan con las de la misma Colau hace poco más de un año, cuando dijo que “si hay que desobedecer las leyes que sean injustas, se desobedecen “.
Ada Colau no entra a desarrollar su alternativa a no “desobedecer”, en este caso a no impulsar un referéndum unilateral, y que termina siendo el acatamiento del orden constitucional del 78. Un orden, “atado y bien atado”, que imposibilita cualquier propuesta para ejercer el llamado derecho a decidir. En otras palabras, la vía de negociación con el gobierno central y las instituciones del 78 es en la práctica renunciar a ejercer un derecho democrático respaldado por la mayoría de la sociedad catalana.
Colau, como la candidatura de En Comú Podem encabezada por Xavier Doménech, defienden que sean las Cortes y el gobierno central quienes autoricen cualquier referéndum en base al artículo 95 de la Constitución, tras pactarlo con las instituciones catalanas. Es decir que el “derecho a decidir” quede subordinado a la decisión de las instituciones del resto del Estado, nada que ver por tanto con el ejercicio del derecho de autodeterminación.
Argumenta que es una ingenuidad defender un referéndum unilateral, pero defiende un pacto que se ha rechazado una y mil veces. Defiende que se ha avanzado en el Estado español en cuanto al reconocimiento del derecho a decidir con la irrupción de Podemos y los “Gobiernos del cambio” a nivel estatal. Sin embargo pasa por alto que los representantes de la ofensiva españolista, con el PP, PSOE y Ciudadanos a la cabeza, obtuvieron el 68% de los votos en las últimas elecciones generales. Y también que Pablo Iglesias, la principal figura de ese “cambio”, se ha cansado de repetir que en sus ansias de lograr un acuerdo con Pedro Sánchez el referéndum catalán es una de las primeras cosas a las que está dispuesto a renunciar. En la práctica, la posición que defiende Colau, se concreta en adaptarse al inmovilismo impuesto por la legalidad vigente y la resignación ante la opresión españolista.
En la misma entrevista la dirigente de Barcelona en Comú señala que “con alianzas fraternas se han conseguido más de cinco millones de votos en las dos últimas elecciones a favor del derecho a decidir de Cataluña de manera inequívoca. El proceso de conquista de la soberanía en Cataluña no debe supeditarse a otros procesos constituyentes o cambios en el Estado, pero evidentemente para Cataluña será mucho más fácil avanzar en la conquista de derechos y libertades si lo hacen otros pueblos del Estado”.
Es cierto que es más fácil avanzar en la conquista del derecho de autodeterminación de Catalunya si el resto de los sectores populares del Estado asumen esta demanda como suya, en el marco de una lucha común contra el Régimen del 78. Igual que es cierto que un proceso constituyente catalán no debe supeditarse al del resto del Estado. Pero, habría que recordar que el llamado “cambio” viene propugnando cambiar la lucha contra el Régimen del 78 por su reforma pactada con el PSOE y que hasta la idea de pelear por un proceso constituyente ha sido abandonada.
En ese marco, la “vía” de los “comunes” habla de no supeditar la autodeterminación de Catalunya a los procesos de lucha del resto del Estado, pero en realidad parte de mucho más atrás, parte de supeditarlo nada menos que al pacto con el mismo Régimen del 78, sus instituciones y legalidad constitucional. En la práctica se propone supeditar la lucha por el derecho a decidir a la estrategia de no ruptura con el Régimen del 78 que vienen levantando desde Podemos abiertamente desde las elecciones de diciembre.
Esta posición encaja perfectamente con el pánico y la negativa a sobrepasar la legalidad constitucional vigente. La cuestión catalana es uno de los ejes de la profunda crisis institucional del Estado español y uno de los principales motivo por el cual aún no se ha formado gobierno, ya que tanto el PDC como ERC vienen exigiendo la realización de un referendum como condición para dar apoyo a Pedro Sánchez. Situarse en el marco del respeto a la legalidad es defender el ’status quo’ imperante.
Si bien el llamado “processisme”, es decir, alargar el proceso hacía la autodeterminación indefinidamente sin acabar ejerciendo nunca la desconexión de forma unilateral del Estado español, liderado por Mas, la antigua Convergència y ahora el PDC y Puigdemont, no es un camino viable para ejercer el derecho a decidir, la posición de Colau no deja de ser una nueva variante del mismo: esperar indefinidamente a que el Estado español permita ejercer dicho derecho.
Los dos caminos tienen en común el querer evitar a toda costa un enfrentamiento con el Estado que suponga la más mínima perturbación del orden establecido. Ejercer la autodeterminación implica batallar contra uno de los pilares del régimen de 78 como es la unidad de España. Pero esta batalla exige romper una baraja que no quieren romper ni la derecha catalana no el neoreformismo español y catalán, ya que para lograrlo sería necesaria poner en marcha una amplia movilización social con la clase trabajadora y los sectores populares al frente.
