Luego de 44 años, hoy comenzaron a declarar los testigos de aquel hecho, en un juicio que se extenderá hasta el 16 de abril.

Luciano Molina Delegado en Acindar Villa Constitución, integrante del Movimiento de Agrupaciones Clasistas
Lunes 25 de marzo de 2019 17:59
La causa que tiene a la siderúrgica Acindar como eje de la represión ilegal desatada el 20 de marzo de 1975, bajo el gobierno de Isabel Martínez de Perón, tuvo este lunes 25 de marzo un nuevo paso, luego de dos años de estar "dormida".
La Justicia Federal llamó a indagatoria a 46 de los 103 que figuran en la lista de imputados en delitos de lesa humanidad. La gran mayoría de ellos, ex directivos de la siderúrgica Acindar y miembros de las fuerzas represivas. Algunos integrantes de la lista no fueron llamados a indagatoria, como los miembros de la UOM nacional que intervinieron la seccional de Villa Constitución por aquellos años. El juez no fundamentó el no llamado al resto de los imputados.
Hasta el momento, se ordenó detención domiciliaria para 4 de los acusados: los ejecutivos de Acindar Pedro Ricardo Aznarez, Roberto Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo; además del miembro del Directorio, Juan Pedro Augusto Thibaud. Al resto solo le llegó la citación a indagatoria.
La complicidad de Acindar en la represión ilegal está ampliamente fundamentada con distintas pruebas, incluyendo declaraciones y documentación, que no dejan lugar a dudas, como así también con hechos concretos como la existencia del primer centro clandestino de detención dentro del predio de la fábrica, el llamado "albergue de solteros", la detención de trabajadores en los domicilios que figuraban en los legajos de la patronal o directamente en la portería de la fábrica. También consta en el expediente los sobresueldos que pagó esta empresa a miembros de las fuerzas federales y el apoyo a lo que se denominó como Triple A, banda paramilitar organizada desde el Estado compuesta, entre otros, por la juventud sindical peronista.
Además, un dato no menor, es que el CEO de Acindar, José Alfredo Martínez de Hoz, pasará a ocupar el cargo de Ministro de Economía de la última Dictadura Cívico-Militar solo un año más tarde.
Con motivo de cumplirse 44 años del Villazo, el fiscal que lleva la causa adelante, el doctor Villate, estuvo en nuestra ciudad el 20 de marzo, en una sesión abierta del Concejo Deliberante. En ella explicó que “las declaraciones indagatorias se empezarán a tomar el 25 de marzo, a razón de tres o cuatro por día, cerrando el ciclo el 16 de abril. A partir de entonces correrá un plazo de 10 días para que se resuelva la situación procesal de las personas indagadas”.
También hizo referencia a los tres caminos posibles: el procesamiento (si hay elementos suficientes), el sobreseimiento o el auto de falta de méritos, si el juez considera que debe recabarse mayor cantidad de elementos de prueba.
“Este es un buen paso adelante porque hemos logrado que se resuelva el pedido de indagatorias, es una cantidad importante, no sé si hay antecedentes de causas con esa cantidad de imputados en delitos de lesa humanidad”, dijo Villate en otro tramo de su intervención. “La causa está tomando cuerpo y comienza a recorrer un camino hacia lo que puede ser un juicio oral”, añadió.
Finalmente sostuvo que lo ocurrido en Villa Constitución “no debe tratarse como hechos aislados de privación ilegítima de la libertad, torturas o asesinatos, sino que debe analizarse lo que sucedió en toda su profundidad, incluidas las motivaciones -ya sean económicas o políticas- y también pensar en esto como un anticipo de lo que sucedería durante la dictadura”.
“Hubo una represión masiva que, en estos términos, no se dio en ningún otro punto del país, no con esta magnitud. Por eso también tenemos que analizar su trascendencia en nuestro presente”.
La causa se mueve después de dos años y ya se cumplen 44 años de los hechos. Solo la apertura de los archivos que el Estado tiene en su poder logrará que se pueda avanzar con mayor rapidez en encontrar justicia para las víctimas y sus familiares. Hoy exigimos juicio y castigo, cárcel común y efectiva para todos los involucrados en los secuestros, torturas, asesinatos y desaparición de nuestros compañeros.