Con la visita del Ministro Gianni Venier se dio por iniciado el tratamiento legislativo. La oposición advierte por inconstitucionalidades.
Martes 2 de agosto de 2016
Durante la mañana del lunes el Ministro de Seguridad Gianni Venier asistió a las comisiones de la Cámara de Diputados para brindar un informe sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que suma nuevas reformas al código procesal penal de Mendoza.
A fines de mayo se había aprobado la modificación al régimen de prisiones preventivas endureciendo el mismo y en el mes de junio tocó la legislatura dio luz verde a la unificación de la investigación penal.
En esta ocasión la reforma de la ley 6730 implica una serie de medidas que generaran nuevas polémicas.
En principio vale recordar que de aprobarse se aplicarán solamente en el Gran Mendoza y el Este provincial, ya que en la cuarta circunscripción judicial (San Rafael, Alvear y Malargüe) y la segunda circunscripción (Valle de Uco) aún rige el viejo código procesal. En relación a este tema el Ministro afirmó que tienen la intención de “llevar el sistema acusatorio a toda la provincia” aunque “primero veremos qué resultados da”.
El Ministro destacó que “actualmente el ayudante de fiscal es casi un escribiente” explicando una de las principales modificaciones por las cuales se dará a estos empleados capacidades similares a la del fiscal participando de las audiencias, ejercer vías recursivas y realizar actos urgentes para la investigación.
Si bien el proyecto establece diferentes medidas para digitalizar y oralizar las causas así como la introducción de la víctima al proceso, el punto más polémico se trata sobre la ampliación de las facultades de los ayudantes de fiscales.
Tanto desde el FIT en palabras de Cecilia Soria como del FPV cuestionaron el hecho de la traslación de funciones que son propias de funcionarios establecidos por la Constitución provincial a los ayudantes que están regulados por leyes comunes.
La izquierda fue más allá y cuestionó que de esta forma se está ampliando el accionar persecutorio del Estado. Por ejemplo, ante una manifestación pública, ya no hará falta la presencia del fiscal, sino será el propio ayudante quien podrá solicitar al Juez de Garantías que desaloje la misma. En el mismo sentido actuará para pedir ordenes de arresto y prisiones preventivas.
Desde el Ejecutivo explicaron que si bien el ayudante de fiscal podría actuar por sí mismo, tiene el deber de informar sobre sus decisiones al fiscal.
Durante esta semana seguirá el debate en las comisiones de la legislatura y por supuesto en La Izquierda Diario.
