A más de seis años de los hechos, siete policías comenzaron a ser juzgados por la desaparición y muerte del joven salteño en Choele Choel, Río Negro, en noviembre de 2011.
Jueves 22 de febrero de 2018
Gualberto Solano en la sala de audiencias (foto José Luis Pierroni/ Patagonia Fotopress)
Siete policías comenzaron a ser juzgados en Río Negro por la desaparición y muerte del joven trabajador golondrina salteño Daniel Solano, en noviembre de 2011. Sin embargo ni en la elevación a juicio ni en la requisitoria fiscal se incluyó la estafa de la tercerización de Expofrut en la contratación de trabajadores golondrina. El rol de Agrocosecha y la hipótesis del silenciamiento de la protesta están ausentes, a pesar del entramado de una veintena de causas judiciales conexas donde este juicio que recién comienza es tan sólo la punta del iceberg.
Demasiados años de zozobra padecieron los Solano, hasta una huelga de hambre hicieron, para llegar a la instancia que comenzó este martes en General Roca: el debate oral y público por la privación ilegal de la libertad y el homicidio agravado de Daniel. Un juicio que podría terminar con la condena de los policías que se llevaron al joven de 27 años de un boliche de Choele Choel, la noche del 5 de noviembre de 2011, y de los encubridores del caso.
Pero en esta instancia el Poder Judicial no avanzará sobre los posibles instigadores del hecho, ni sobre la grave estafa laboral que sufrieron cientos de trabajadores golondrina del norte del país. Estafa que la querella dejó al descubierto.
Durante la primera audiencia del juicio se realizó la lectura de la requisitoria fiscal de elevación a juicio, formulada por el exagente fiscal del Valle Medio de la provincia de Río Negro, Guillermo Bodrato. Ese texto margina cualquier intento de contextualización del secuestro de Solano y, en cambio, circunscribe el hecho al retiro del trabajador salteño, en supuesto estado de ebriedad, del boliche “Macuba” por parte de los policías involucrados. También denuncia las golpizas y la desaparición de Solano.
Sin embargo, para la querella representada por los abogados Leandro Aparicio y Sergio Heredia, en esa requisitoria fiscal “no se explica la mafia” que funcionaba en torno a la contratación de trabajadores golondrina para la realización de tareas en los campos de la empresa Expofrut. La acusación de la querella, en cambio, avanza sobre la “estafa” de la que eran víctimas esos trabajadores, a quienes la empresa intermediaria de las contrataciones, Agrocosecha SRL, les robaba parte del sueldo que abonaba la firma Expofrut.
De acuerdo a la reconstrucción, Agrocosecha reclutaba los trabajadores del norte argentino, fundamentalmente en la provincia de Salta, entre hombres de pueblos originarios, pobres, muchas veces analfabetos, a los que hacía firmar un contrato que les impedía buscar mejores horizontes laborales.
La trama que denunció Daniel
Según consta en el extenso texto elaborado por los abogados de Gualberto Solano, padre de Daniel, no sólo las condiciones laborales incluían situaciones de explotación sino que Agrocosecha se quedaba con parte del sueldo abonado por Expofrut.
Después de cobrar su haber de octubre, Solano habría manifestado a sus compañeros de tarea su descontento por los recortes y habría planteado la necesidad de realizar una protesta. Esos mismos dichos los habría repetido en el boliche de donde fue sacado por los policías. Fue la última vez que se lo vio con vida.
De esa “estafa”, plantearon los abogados, participaban los directivos de Agrocosecha, Pablo Mercado y los hermanos Adrián y Gustavo Lapenta, además de los propios directivos de Expofrut, que estaban al tanto de la maniobra.
Los letrados pudieron determinar que la cantidad de dinero retenido indebidamente a Solano fue de más de $ 31 mil desde junio de 2010 y durante los 13 meses esporádicos que cumplió tareas estacionales, de acuerdo al requerimiento de los denominados trabajos culturales (poda, cosecha, entre otros).
En octubre de 2011, pocos días antes de su desaparición, trabajaban 262 personas en Expofrut gracias a la tercerización de las contrataciones a través de Agrocosecha. El cálculo de la estafa denunciada por los abogados arroja una cifra millonaria. Aparicio y Heredia aseguran que la maniobra contaba con la necesaria participación de la Policía de Río Negro, que cobraba por custodiar los días de pago y contenía los reclamos de los trabajadores, y de la justicia que no tomó las denuncias.
El entramado de complicidades denunciado también alcanza al Ejecutivo rionegrino, cuyo ex Secretario de Trabajo en 2013 (dos años después de la desaparición) dio por cierta la existencia de una estafa salarial contra Solano, pero no realizó la denuncia correspondiente.
Por este hecho, por el encubrimiento, y por otros posibles delitos conexos, en total hay más de veinte causas vinculadas con la privación ilegal de la libertad y homicidio de Daniel Solano.
Cuatro meses
En el juicio oral y público iniciado el martes hay más de 300 testigos citados, pero el tiempo transcurrido y la condición de trabajadores migrantes de muchos de ellos dificulta su ubicación y citación.
Fuentes consultadas por La Izquierda Diario estimaron que la instancia de debate que se lleva adelante en General Roca durará unos cuatro meses.
En la causa, y de acuerdo con la requisitoria fiscal de elevación a juicio, las acusaciones respecto de los policías Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender y Juan Francisco Barrera son “vejaciones, privación ilegítima de la libertad, homicidio calificado, todo en concurso real, en carácter de coautores”.
Sobre los policías Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuello pesa la acusación de “privación ilegal de la libertad, homicidio agravado, todo en concurso real como partícipes primarios, y en concurso ideal con incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, en grado de autores”.
Y contra el oficial Héctor César Martínez la imputación es “vejaciones, privación ilegal de la libertad, homicidio agravado, todo en concurso real como participe secundario, en concurso real con abuso de autoridad en grado de autor, en concurso ideal con falsedad ideológica en grado de autor”.
El juicio oral y público seguirá este jueves con la finalización de la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la querella y la palabra de los imputados. Entre el 6 y el 8 de marzo se inicia la ronda de testigos.
Gualberto Solano y Leandro Aparicio (foto Facebook/Nadia Paris)
Asignaturas pendientes
“Haber llegado hasta acá es importante, por todas las trabas que se nos pusieron, no solamente para investigar sino después de haber investigado y probado, para tener respuesta de la Justicia y sabemos que no la vamos a conseguir en la justicia de Río Negro”, dijo el abogado Aparicio a este diario.
El abogado de los Solano agregó que “lo que falta es que se condene al otro policía, Tomás Vega, identificado posteriormente, pero con más pruebas que las que pesan contra algunos de los policías que estuvieron detenidos. Y también falta que se condene al fiscal Flores, a la ex jueza Bosco, a los policías Aramendi, Chazarreta, e Irusta”, este último condenado por haber ingresado ‘a limpiar’ la vivienda del policía Lucas Muñoz, secuestrado y asesinado en Bariloche, en el año 2016.
“Faltan muchas cosas, pero nos conformamos que en este juicio podamos condenar a los siete policías, y por supuesto encontrar el cuerpo de Daniel Solano”, subrayó Aparicio. La búsqueda del cadáver de Solano continúa en el jagüel del campo La Manuela.
Ayuno por justicia
En julio de 2013 habían pasado veinte meses de la desaparición de Daniel. Gualberto Solano junto al abogado Heredia se disponían a continuar su huelga de hambre pero convirtiéndola en seca. “Mientras estamos acá reunidos, su papá Gualberto y su abogado Sergio Heredia protagonizan una huelga de hambre en la plaza central de Choele Choel. No comen desde el 1 de julio, y mañana empiezan huelga de hambre seca”, dijo en aquel momento la abogada María del Carmen Verdú, en el auditorio de ATE, al presentar el “informe de la situación represiva durante el gobierno kirchnerista, una década ganada ¿para quién?”, elaborado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y la Agencia Rodolfo Walsh.
Según Verdú, reclamaban “la aparición con vida de Daniel, y que los siete policías imputados en la causa vayan a una cárcel común como ordenó la Justicia. Ellos se encuentran con sus familias en una dependencia de las fuerzas especiales, que es una especie de hotelito, y se auto-acuartelaron apoyados por sus guardianes porque se niegan a ser trasladados, tal es el grado de impunidad que están enfrentando en Choele Choel”.
Faltaba mucho camino por recorrer pero los detalles de lo sucedido ya estaban claros. “Comenzó a organizarse con sus compañeros ante la situación infrahumana de explotación que viven, no muy diferente a lo que fue el episodio histórico de la Patagonia rebelde o a los relatos de La Forestal. Trataba de elegir delegados en una comisión para exigir que les pagaran el salario completo que les habían prometido y no la mitad en vales que sólo pueden gastar en los comercios de la misma empresa, y que no les descontaran el costo del pasaje en micro. La empresa intentó que se convirtiera en un buchón de sus propios compañeros, e informara quiénes eran los que se estaban organizando. La policía provincial lo detuvo a la salida de un boliche, la noche del 5 de noviembre de 2011, fue visto subiendo a un patrullero, hay evidencia de que estuvo en la comisaría 8ª de Choele Choel, y nunca más se supo de él”, describió la abogada del caso Bulacio y una de las fundadoras de Correpi.
Foto PTS Río Negro
Raul Godoy, obrero de Zanon y diputado por el PTS en el FIT estuvo presente en el primer día de audiencia junto a la referente local del PTS Río Negro, Laura Santillán.
Santillán se refirió a esta instancia del juicio oral y público destacando que “es un logro de la lucha de su familia y la comunidad haber llegado hasta acá. Daniel está desaparecido hace más de seis años y los responsables siguen impunes, el Poder Judicial ha beneficiado a los policías implicados dejándolos sueltos y en funciones, por eso es importante seguir acompañando el reclamo de juicio y castigo movilizados en las calles”.
La profesora de filosofía y referente del PTS-FIT aseguró que se seguirá “denunciando la complicidad entre los gobiernos y empresas para explotar a miles de trabajadores, jóvenes que emigran de otras provincias más pobres para trabajar bajo condiciones inhumanas que eran lo que denunciaba Daniel y por lo que lo desaparecieron. No fue un error ni un caso aislado de violencia institucional. Acá hay una complicidad directa en mantener un negocio que deja ganancias para pocos y miseria para la mayoría de los trabajadores”, concluyó.
Mirá el documental “Daniel Solano. Golondrina ausente” (2015), producido por La Izquierda Diario.
