El organismo reclamó a Senadores que no aprueben los proyectos de ley sobre instauración de juicio abreviado en casos de flagrancia y la creación de figuras como la del arrepentido para delitos complejos.
Gloria Pagés @Gloria_Pages
Viernes 1ro de julio de 2016
En los próximos días, el Senado deberá tratar dos proyectos de ley que “tienen como denominador común aumentar el poder represivo del Estado”, señalan desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) quien en un informe a la presidenta de la cámara, y a los titulares de las comisiones con injerencia en estos temas advirtió que “estas iniciativas favorecen la arbitrariedad y discrecionalidad de los agentes policiales y judiciales, atentan contra el debido proceso y vulneran derechos y garantías constitucionales”. El organismo remarcó también su preocupación ante el tratamiento apresurado, sin consulta ni previa convocatoria al debate a juristas y organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil.
Coincidentes con este planteo fueron las intervenciones y los dictámenes de minoría de la diputada nacional del PTS en el FIT y referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Myriam Bregman, quien rechazó estos proyectos que “no buscan justicia, sino más condenas sin juicio, sin investigar” y que sólo servirán para instrumentar una "política de mano dura, para que tengan mucho más poder las fuerzas represivas, bajo la forma de un proceso en apariencia más expeditivo”.
Es la Policía la que dice cuando hay delito y cuando no
El informe de la CPM indica que “la experiencia de la flagrancia en la Provincia de Buenos Aires ha consolidado un proceso violatorio del derecho a la defensa en juicio, ya que en la mayoría de las causas por flagrancia se ha eliminado el juicio propiamente dicho” en pos de una pretendida celeridad judicial. El organismo habla de “policialización” en tanto la política de seguridad se asimila a la intervención policial, e incluye la responsabilidad del Poder Judicial que, a partir de la delegación en la Policía de las tareas de investigación consolida “prácticas como el armado y fraguado de causas penales. También amplía el margen de posibilidades para garantizar la impunidad en casos de denuncias por torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes”, siendo los jóvenes pobre las víctimas centrales.
Como ejemplo de la “policialización” creciente que ocasionó este sistema en Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria señala que, de las 35.000 detenciones realizadas durante 2015 con intervención del Ministerio Público Fiscal, el 90 por ciento fueron detenciones en flagrancia realizadas por la Policía sin orden judicial. Sólo el 10 por ciento fueron detenciones con previa orden judicial y luego de una investigación, de acuerdo a los datos del Registro Único de Detenidos (RUD) de la procuración General de la Suprema Corte. Por otro lado, desde el año 2009, dos tercios de las condenas fueron por juicio abreviado y en apenas un tercio de los casos se llegó al juicio oral y público.
En el mismo sentido, la diputada Myriam Bregman señaló en el debate durante la sesión de Diputados que “cuando se discuten estas herramientas se discute darle más poder a las fuerzas represivas del Estado que están implicadas en el gran crimen organizado. En el proyecto de flagrancia es la Policía la que dice cuando hay delito y cuando no. Se le daría mucho más poder al armado de causas por la Policía, formando un combo explosivo, que termina con juicios abreviados, que limitan todos los principios fundamentales de cómo se debería juzgar para llegar a la verdad”.
Agente encubierto
Con respecto a la creación de las figuras del agente encubierto, agente revelador, informante (civil que aporta información a la Policía) y entrega vigilada como nuevos dispositivos para los delitos de investigación compleja, la CPM también reclama al Senado de la Nación que lo rechace por atentar contra las garantías de las personas investigadas.
“Estas figuras, inconstitucionales y contrarias a las reglas del debido proceso, están inscriptas claramente en la doctrina de las ‘nuevas amenazas’ según las líneas de trabajo trazadas por las agencias internacionales especializadas de Estados Unidos, con las que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, mantuvo numerosas reuniones durante los últimos meses”, señala el informe.
La CPM advierte que, frente a la llamada guerra contra el crimen organizado, se pretende dotar a las fuerzas de seguridad con herramientas investigativas arbitrarias y cuasi ilegales que profundizarán el involucramiento de las policías y fuerzas federales, con aquellas modalidades delictivas antes que facilitar medidas para contrarrestarlas.
Por su parte, Bregman, quien integra la comisión de Legislación Penal, denunció que “con agentes encubiertos” como los que propone la ministra Bullrich “se encubrieron los asesinatos de Kosteki y Santillán” y se termina criminalizando la protesta social y legalizando la infiltración como lo demuestra el caso del agente Américo Balbuena, infiltrado durante casi una década en un medio alternativo de comunicación, o como se hizo con el Proyecto X.
"Las figuras del agente encubierto y arrepentido son copias de las recetas fracasadas de la DEA y el FMI. En estos proyectos también se le da un poder enorme al Poder Judicial que va a decidir a quién infiltrar y designar como agente encubierto, un Poder Judicial que nadie votó, ni eligió, que se ha negado a aplicar el juicio por jurados, y que según quien esté en el gobierno de turno decide a quién investigar”, coincidió la diputada con lo señalado por la CPM.
Está por verse si el llamado de la Comisión Provincial por la Memoria a los senadores a no convalidar los proyectos ya votados por mayoría en Diputados será escuchado. Lamentablemente todo indica que primará el acuerdo con el macrismo de aumentar el poder represivo del Estado, sus herramientas de infiltración y la persecución y criminalización a los jóvenes pobres.
* La CPM está integrada por entre otros por: Adolfo Pérez Esquivel, Víctor Mendibil, Elisa Carca, Mauricio Tenembaum, Roberto Cipriano García, José María Di Paola, Susana Méndez (tesorera), Ana Barletta (pro-tesorera), Luis Lima, Martha Pelloni, Dora Barrancos, Víctor De Gennaro, Nora Cortiñas, Yamila Zavala Rodríguez, Ernesto Alonso. Consultores académicos: Leopoldo Schiffrin, Baltasar Garzón, Theo van Boven, Antonio González Quintana, Patricia Funes, Chicha Mariani, Osvaldo Bayer, Miembro emérito: Obispo Miguel Hesayne.
