El plan B de la derecha y la vieja concertación hoy dió un paso al frente luego de que la comisión de constitución del Senado aprobara la rebaja de los quórum de 2/3 a 4/7, pero detrás de esta supuesta “apertura”, se esconde el proyecto político de la transición, de los acuerdos postdictadura, esos que comprometieron a figuras como Guzmán, Aylwin, Lagos y otros, los mismos sectores que ahora se “abren” a reformas, pero sin decir cuáles.
Antonio Paez Dirigente Sindicato Starbucks Coffe Chile
Miércoles 6 de julio de 2022
Un nuevo avance logró hoy la derecha y los sectores de la vieja Concertación en su plan B de cara al plebiscito de septiembre, esto luego de que la comisión de constitución, del Senado, aprobara la reforma constitucional para la reducción de los quórum de reformas constitucionales de 2/3 a 4/7, que ahora irá a Sala. Esta reforma es parte clave del discurso de “rechazar para reformar” que busca instalarse como la alternativa de los sectores conservadores para atraer a quienes están en incertidumbre frente al próximo plebiscito. Esta política agrupa desde la derecha más dura (UDI-RN), pasando por sectores del PDG hasta viejos estandartes de la Concertación (incluso algunos que hoy están en el gobierno a través de "Socialismo democrático").
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Pero más allá de los discursos, ninguno de los que hoy hablan de “reformar”, dicen que es lo que pretenden reformar ni como. El plebiscito del 2021 fue claro en señalar que el cambio constitucional no podía quedar en manos del congreso, a pesar de esto personajes como Felipe Kast (evopoli) ni se arrugan en decir que su “reformar” debería ser llevada adelante por “expertos”, seleccionados por nadie. Ni que decir del UDI Coloma que no entiende la diferencia entre hacer una “nueva constitución” (que fue el resultado del plebiscito) o una “reforma constitucional”, o Matias Walker que cuando le preguntan: que reformaría de la actual constitución no sabe qué responder.
Y es que esta es la verdadera cara del “Rechazar para formar”, en verdad no hay un plan B, de lo que se trata es de mostrar una apertura que no es tal, incluso accediendo a rebajar los quórums supra mayoritarios que hoy existen, tienen todo una serie de leyes y trabas como la de partidos políticos, que vuelve casi imposible acceder a un cargo parlamentario si no se está dentro de un partido y solo si este partido va dentro de una lista. Además, partidos que no superen los pisos proscriptivos son disueltos (como nos ocurrió al PTR y otros tantos más), lo cual hace que quienes quieran participar de las elecciones deban nuevamente recolectar firmas, para lo cual hay que gastar dinero que no hay, ya que los pocos dineros que entrega el Estado se reparten entre los mismos de siempre, y si el problema no son las mayorías parlamentarias, será el Tribunal Constitucional, y si no es el TC será la corte suprema y en última podrán ser los militares los que vuelvan a imponer su orden.
Finalmente quienes están tras el plan de la derecha y los viejos estandartes concertacionistas son los grandes empresarios, los Nicolas Ibañez, los Von Appen y los Matte, esos que se hicieron ricos durante la dictadura y que hoy cuadran a los partidos que han financiado por años para asegurar sus negocios. Es un sector de la burguesía que busca crear una ilusión de reforma para que todo siga igual, aun a costa de arriesgarse a un nuevo estallido social como el del 2019 y que ha sido la tónica en Ecuador y Colombia, dos países que vivieron procesos similares al chileno en 2019 y que repitieron en 2022.
El problema es que la nueva constitución, de aprobarse, tampoco garantiza que los derechos sociales que se escrituraron durante la convención, lleguen a realizarse ya que gran parte de su implementación dependerá de leyes dictadas por el actual congreso que está totalmente empatado e incluso cargado hacia el conservadurismo y los partidos tradicionales, es decir, el avance que estos tengan, una vez más dependerá solo de la organización de la clase trabajadora y los sectores populares de imponer estas demandas a través de la movilización, y no de la espera de las “buenas” intenciones de las y los parlamentarios.
