La Corte de Apelaciones de Santiago concedió la libertad condicional a Alejandro Sáez Mardones, quién fue condenado en 1991 a cadena perpetua por el caso degollados. Los familiares denuncian con indignación la impunidad para los asesinos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Natinno.
Natalia Cruces Santiago de Chile
Martes 14 de julio de 2015
A fines de marzo de 1985 fueron secuestrados por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR) Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, quienes eran militantes del Partido Comunista. Fueron conducidos a un recinto donde fueron torturados y el día 30 de ese mes, fueron trasladados en un automóvil a un camino en Quilicura, cerca del aeropuerto, donde los carabineros los bajaron, hicieron arrodillar y procedieron a degollarlos. Ese mismo día unos campesinos encontrarlos los cuerpos y dieron aviso.
El brutal caso no pudo ser acallado por la dictadura, lo que obligó a designar a un juez especial que detuvo a varios oficiales de Carabineros, varios de ellos fueron condenados. Incluso el entonces general de Carabineros César Mendoza tuvo que renunciar.
Desde 2012 varios de ellos comenzaron a pedir beneficios carcelarios, entre ellas la salida dominical en el año 2012, al coronel en retiro Guillermo González Batancourt y al sargento retirado José Fuentes. A mediados del 2013 recibieron nuevos beneficios, como salir diariamente de Punta Peuco. Sin embargo hoy la llamada justicia fue un paso más allá y otorgó la libertad condicional a Alejandro Sáez Mardones, quién también está implicado en otros casos de violaciones a los derechos humanos.
Los familiares de las víctimas denuncian con razón a los tribunales, señalando que se otorguen beneficios a responsables de crímenes de lesa humanidad. La Octava Sala de Apelaciones señaló en cambio que tenían irreprochable conducta anterior, como también “conciencia” del daño que habían causado, por lo que eran merecedores del beneficio.
El hijo de Parada señaló la impunidad de los responsables, que hoy pueden salir libremente cuando fueron los encargados de secuestrar, torturar y asesinar a su padre y los otros militantes comunistas. Algo similar señaló el hijo de Manuel Guerrero, como también uno de los abogados del caso, que señaló el fallo como vergonzoso. La Ministra de Justicia Javiera Blanco se reuniría con los familiares para hablar del caso.
No es la primera vez que la familia tiene que luchar para exigir justicia, ya que también en otras ocasiones tuvieron que denunciar los beneficios que obtuvieron quiénes fueron responsables de violaciones a los derechos humanos.
Sanción a Álvaro Corbalán en Punta Peuco
Estos días se encontró una serie de documentos falsos a Álvaro Corbalán, quién estuvo a cargo de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) durante la dictadura, y que cumple actualmente varias condenas por violaciones a los derechos humanos en Punta Peuco. Incluso, versiones de la propia Gendarmería no pueden descartar que estos documentos se puedan haber intentado utilizar para una fuga. Estos documentos fueron encontrados en marzo de este año. Según informaron personeros de justicia, se sancionó a Corbalán con suspensión de visitas y un traslado interno en Punta Peuco.
Abogados de derechos humanos critican la actitud del gobierno, de relajo respecto de la detención de estos internos, muchos de los cuales son visitados por integrantes del ejército. Recordemos que en otras ocasiones estas cárceles fueron denunciadas como prisiones de lujo por los grandes beneficios que tienen quiénes están recluidos.