Estos días ha estado al centro del debate, el resultado del plan piloto denominado "Gas para Chile" del gobierno de Gabriel Boric. Uno de los cuestionamientos que existen es el precio del bidón de gas, que llega a los 117 mil pesos, luego del proceso de elaboración y distribución, lo cual es exorbitante, pero ¿Cuál es el problema de fondo en el negocio del gas?, ¿Los empresarios gozan de impunidad en Chile para mantener la colusión de precios?
Domingo 28 de mayo de 2023
Esta semana ha estado en el centro del debate político, el plan piloto del gobierno conocido como “Gas para Chile” que pretendía llegar a Chiguayante, San Fernando y Quintero. Este plan fue presentado hace un año atrás y tiene por objetivo, “generar una mejor competencia en el mercado del gas y, por lo tanto, producir un efecto de baja de los precios”, según afirmó la vocera de gobierno Camila Vallejos.
Se llegaría 100 mil personas en un proyecto inicial que duraría 1 año, tal como lo mencionó en la cuenta pública del 2021 el presidente Gabriel Boric, donde expresó que "Avanzaremos inicialmente en un proyecto liderado por ENAP que distribuirá cilindros de gas a 100.000 familias a precios justos durante este año". Todo esto no ocurrió, solo se llegó a 3 mil personas, los grandes empresarios mantienen ganancias exorbitantes por la venta de gas, pero por otro lado, según el informe presentado por el gobierno, el costo de cada bidón en este proyecto piloto, fue de 117 mil pesos dentro de todo el proceso de elaboración y comercialización, lo cual es exorbitante.
El gobierno se ha intentado defender, diciendo que solo era un plan piloto, en el cual se invirtieron casi 600 millones de pesos. En palabras del ministro Mario Marcel, “los programas piloto sirven para afinar y corregir y en este caso Enap ha ajustado su modelo y, por lo tanto, ha optado por una modalidad de distribución como mayorista solamente”.
De inmediato se instaló un debate entre quienes defienden un fortalecimiento del Estado versus los que defiende el mercado, incluso empresarios como el presidente de la SOFOFA, Richard Von Appen, mencionaron que “Las empresas del Estado tienen que competir en igualdad de condiciones con las empresas privadas, que finalmente son los ahorros de los inversionistas”. Camila Vallejos frente al cuestionamiento de este debate, hizo un llamado a que “no sobreideologicemos, porque experiencia hemos tenido en distintos ámbitos positivas como fracasadas”, refiriéndose tanto al sector público como privado. Pero de fondo, ¿Cuál es el debate real?
La colusión del gas y la impunidad empresarial
Hace un año atrás se hacía pública la denuncia que en 12 meses el precio del gas licuado aumentó un 32%. La mayor parte de las utilidades se la llevan tres empresas distribuidoras de gas: Gasco $39.159 millones, Lipigas $34.997 millones y Abastible $67.698 millones. Entre los dueños multimillonarios encontramos a Roberto Angelini, Juan Manuel Santa Cruz, Mario Perez Cruz y Antonio Gallart, quienes controlan todo el mercado y que en menos de un año superaron los 120 mil millones de pesos con el negocio del gas.
Quienes son defensores del mercado, poco tienen de argumento para explicar, como la monopolización del mercado es algo intrínseco al sistema de producción actual, lo que abre todo un espacio para la colusión y corrupción empresarial. En Chile estos casos son pan de cada dia, el caso “Pollos”, la colusión en el caso de las “Farmacias”, el caso “Confort”, son algunos registros dentro de cómo actúa el gran empresariado en Chile.
De fondo, la impunidad se aplica desde el estado, tanto a sectores de la fuerzas represivas, como a grandes empresarios, quienes solo tienen que pagar frente a la justicia, con clases de ética o costos insignificantes. El debate entre estado versus mercado, no es del todo cierto, porque en la sociedad en la que nos encontramos, el estado es un organismo utilizado para la dominación de una clase por otra, en este caso, de la clase empresarial. Por eso los defensores del mercado se callan, cuando los estados los salvan de los procesos de crisis económica, sin los cuales la economía capitalista no podría existir.
De fondo, las medidas del gobierno no buscan a acabar con el negocio del gas en Chile, no busca enfrentar la usura y la corrupción que mantienen los grandes empresarios, por eso proyectos como estos son solo parches que no resuelven el problema de fondo y que incluso, mantiene todo dentro de las reglas del mercado. Como si dentro del mercado, las prioridades fuesen satisfacer las necesidades básicas de la gente y no enriquecer a una clase social que goza de todo tipo de privilegios, incluso judiciales.
¿Qué solución podría darse ante esta situación?
Toda empresa que participe de actos de colusión y corrupción, debe ser pasada al área social, como una empresa del estado, pero no para ser administrada por funcionarios, elegidos a dedo por el gobierno, que mantienen toda una lógica de licitaciones a empresas subcontratistas, como lo vemos hoy en casi cualquier sector de trabajo, sino que deben ser administradas por sus propios trabajadores y usuarios, quienes conocen mejor que cualquiera las necesidades, falencias y optimizaciones que se requieren para responder a las necesidades sociales que existen.
Si los trabajadores y trabajadoras junto a los usuarios, se pusieran a la cabeza de la gestión de estos sectores de la economía, se podría dar un verdadero control de los precios, llevado adelante por comités de trabajadores y sectores populares sobre todas las cadenas de productos esenciales, desde la producción, hasta la distribución en supermercados.
Por esto mismo, la importancia de conquistar la nacionalización de los recursos naturales, tiene que ser pensada bajo gestión de las y los trabajadores y las comunidades, con esto podríamos buscar resolver la gran crisis que vive la salud, la educación, responder ante el problema de vivienda, de las pensiones, entre tantos otros.
