La crisis en que se encuentra la Salud Pública es fruto de un desmantelamiento progresivo que fue planeado e iniciado en Dictadura.
Martes 12 de septiembre de 2017
Por Hemisferio Izquierdo
El origen de la Salud Pública en Chile está muy ligado a la iglesia católica y la Oligarquía, no garantizada como un derecho sino que en forma de beneficencia, con una visión asistencialista y paternalista. La existencia de esta única forma de abordar la salud evidenció su insuficiencia con un tremendo déficit ante las necesidades de la época, mucho más acentuado para los trabajadores, quienes conformaban la mayor parte del pueblo chileno. Las pésimas condiciones de alimentación, salubridad y habitación atraía el surgimiento de enfermedades infecciosas, acompañadas de una altísima tasa de mortalidad infantil, lo que contrastaba con la fastuosa y acomodada condición de la elite dirigente.
Ya en el siglo XIX había luces de legislar sobre salud, debido a la presión asistencial y la alta mortalidad. Pese a esto el camino para lograr una normativa se dilató, entre otras cosas, por la obstaculización de sectores reaccionarios de las patronales quienes argumentaban que era una intromisión del Estado tomar parte en la relación del trabajador-patrón, hasta que en 1917 se apruebó el Código sanitario en la Cámara de Diputados, pero que fue rechazado en la cámara alta, quienes aseguraban no ver la necesidad de dicha norma.
En el intertanto del siglo XX surgían grandes movimientos sociales liderados por los trabajadores, eco de la Revolución Rusa, quienes comienzan a organizarse en torno a sus demandas y hacer exigencia de lo que eran sus derechos.
Avanzada ya la segunda década del siglo XX, la así llamada “cuestión social”, puesta en el tapete originalmente por la élite médica en Chile, era ya una realidad indudable y constituía una preocupación transversal de los diversos sectores políticos. Los problemas sanitarios, a su vez, eran los indiciarios más crudos de que la sociedad urbana aquejaba, a los marginados de los beneficios del crecimiento, los trabajadores. Febrero de 1921, marzo de 1922 y junio de 1925 fueron meses en que acontecieron masacres vinculadas al entorno de las salitreras, y ya en 1925 se encontraban constituidos 214 sindicados con cerca de 204.000 trabajadores.
Fue así como la salud en Chile se fue estableciendo como un derecho garantizado por el Estado, siempre gracias a la presión de los trabajadores quienes exigían mejorar sus condiciones laborales, de vivienda y salud para una vida más digna, a pesar de los intentos de las fuerzas políticas y económicas para evitarlo.
Durante la década del sesenta, Chile no era ajeno al contexto de progresiva politización y articulación de movimientos sociales propios de la situación internacional y de América Latina en este período. La incorporación de amplios sectores a la actividad política y electoral trajo un fuerte activismo político-partidario, gremial y sindical, lo que terminaría en la gestación de proyectos que prometían una transformación económica y social.
Pese a esto, y como está llena la historia chilena, los regímenes autoritarios venían a destruir los avances logrados por las fuerzas obreras imponiendo sus intereses económicos y de poder, por sobre los derechos sociales. Esto se siguió repitiendo a lo largo de la historia, con un gran capítulo que marca hasta el día de hoy nuestra historia política, en la Dictadura cívico-militar de 1973 - 1989.
Aunque las transformaciones más importantes llevadas a cabo por la Junta Militar en salud surtieron sus efectos después de 1979, un primer período estuvo destinado a preparar el camino para el cambio definitivo.
Una de las principales características del período desde la asunción de la Junta de Gobierno, destacada por la mayoría de los autores, es la constante disminución del gasto en salud. En 1975 el gasto público en salud es un 4 y en 1976 un 14% inferior a aquel de 1969. El gasto en salud por habitante, por su parte, es en los mismos años un 14 y un 24% inferior. A pesar de haber una recuperación, en 1979 el gasto en salud por habitante sigue estando por debajo del nivel de 1969-1970.
Ya entonces se gestaba el desmantelamiento de la salud pública fugando recursos económicos y profesionales al incipiente sector privado de salud. Todo esto al alero de las nuevas normativas y que culminarían con la Constitución de 1980.
Uno de los principales cambios fue la creación de las ISAPRES, personas jurídicas que sustituyeron el rol del FONASA en la administración de fondos y el de los Servicios de Salud en el otorgamiento de prestaciones médicas y que fueron consecuencia de la disolución de las formas previsionales antiguas (Seguro Obrero, Cajas de Previsión, Servicio de Seguro Social) y su separación de la salud.
Vemos así como a lo largo de la historia de Chile a la clase trabajadora se le ha arrebatado su derecho a la Salud una y otra vez por parte de la clase opresora. Pese a lo anterior las demandas sociales por los derechos básicos se han levantado fuertes y firmes en forma de movimientos organizados que han logrado la conquista de sus derechos.
Es por esto que desde Hemisferio Izquierdo, como la juventud organizada en conjunto con trabajadores y mujeres, creemos necesario la creación de un sistema único de Salud y Previsión administrada en manos de los trabajadores, para terminar con el negocio de la Salud que viene a acabar con la vida de la mayoría, para llena los bolsillos de quienes nos gobiernan.
