Las afirmaciones del fiscal son contrarias a los hechos, testimonios y sin ninguna prueba, busca demonizar a las organizaciones que participaron, en vez de investigar a los responsables de los ataques.
Jueves 10 de febrero de 2022 22:06
Luego de los hechos de violencia sufridos por las organizaciones que participaron de la movilización en Córdoba contra el acuerdo con el FMI, donde grupos encapuchados amenazaron y atacaron con armas a los manifestantes y dejaron múltiples heridos, el fiscal Raúl Garzón salió a responder.
Las organizaciones denuncian que estos grupos actuaron de forma coordinada, con la misma modalidad, teniendo la zona liberada por la policía. Llamativamente, luego de meses donde en cada movilización el gobierno venía desplegando operativos de saturación policial para tratar de impedir la protesta, justamente en la movilización donde suceden éstos hechos de violencia los efectivos brillaron por su ausencia.
Frente a la denuncia de las organizaciones, el fiscal Raúl Garzón tomó la iniciativa de salir a responder, pero para dar vuelta y acusar a las propias organizaciones que sufrieron los hechos de violencia de lo ocurrido. En declaraciones a Mitre Córdoba dijo que: “Los registros fílmicos muestran corridas en distintos lugares como la Catedral, la Lotería y las inmediaciones del Arzobispado. En las cámaras se establece que estos grupos, por algún motivo que se intenta precisar, se lanzan a correr”.
Y agregó: “No se logra observar ningún tipo de elemento utilizado, ni disparos efectuados” y que hasta el momento “no se pudieron constatar heridas ni utilización de ningún elemento agresivo”, mientras las organizaciones denunciaron personas heridas que tuvieron que ser asistidas. “También se observa que el personal policial no interviene” declaró, confirmando que la zona fue liberada mientras ocurrían los hechos.
Según el fiscal se trató de un “enfrentamiento entre los manifestantes”. De todo lo que sostiene el fiscal, los únicos hechos objetivos a los que se refiere confirman que existieron corridas en los lugares que denunciaron las organizaciones. La conjetura sobre lo sucedido sólo está basada en su mera opinión. Es dudoso que mientras afirma que en los videos no se logra observar el uso de armas de fuego o cortantes, esté tan seguro de que fue un “enfrentamiento entre los manifestantes”, aunque no presente ninguna prueba pericial, documental ni testimonial que indique esa hipótesis.
Asimismo, sería un hecho extrañísimo que de manera coordinada, en distintos puntos de la movilización, columnas que estaban a mucha distancia entre sí se hayan enfrentado en forma simultánea. Algo que no registra antecedente en las movilizaciones de la izquierda y que es tan inverosímil como imposible de probar. Es claro que la acusación es política, y apunta a armar una operación para deslindar de responsabilidad a los atacantes y poner en duda, e incluso en el banquillo de los acusados, a quienes sufrieron estos ataques.
Incluso el Fiscal se apresuró a afirmar en los medios que se había comunicado con el joven de 15 años que se encuentra hospitalizado por apuñalamiento, afirmando que el hecho “no tenía relación con la movilización”, cuando el joven está en terapia intensiva y no pudo haber tomado contacto con la justicia aún.
El Fiscal de Instrucción Raúl Garzón es el encargado de “supervisar el cumplimiento de las normas en las protestas sociales” según el Ministerio Público Fiscal de Córdoba. Es decir, ejerce el control de la calle por la justicia, junto a la policía de Schiaretti. Ya en los meses anteriores se dedicó a manejar operativos que intentaron impedir el derecho a la protesta, incluso ordenando detenciones a manifestantes. Con su acusación actual, busca sembrar la desconfianza sobre las propias organizaciones atacadas, convirtiendo a las víctimas en victimarios.
Una tradición que tiene larga data cuando los gobiernos buscan embarrar la cancha para demonizar a quienes protestan. Uno de los hechos que mejor ilustró esta demonización fue la respuesta estatal frente al asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, donde el discurso oficial fue que se “habían matado entre ellos” en un “enfrentamiento entre piqueteros” cuando en realidad fue la Policía Bonaerense bajo la responsabilidad política de Aníbal Fernández, actual Ministro de Seguridad de la Nación, durante el gobierno de Eduardo Duhalde.
Estos discursos cumplen con un doble objetivo: tapar la propia responsabilidad del gobierno, en este caso de Schiaretti, en liberar la zona e investigar los grupos atacantes, y al mismo tiempo demonizar a las organizaciones de izquierda que luchan contra el ajuste del gobierno y el pago al FMI, en las calles.
Este jueves en Buenos Aires se realizó la primera manifestación en rechazo a los ataques, y convocaron a todo el arco de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas y sindicales a repudiar este ataque que intenta amedrentar el derecho a la protesta en el marco del ajuste en curso y la respuesta que puede traer en las calles.
