Problema estructural. ¿Cómo dar una verdadera "batalla a la inflación" en defensa del salario y las jubilaciones?

Ir al supermercado, comprar ropa o pagar el alquiler es cada vez más difícil de enfrentar debido a una inflación que es presentada como incontrolable. En particular, la suba del precio de los alimentos lleva dos meses consecutivos ubicándose por encima del 7 %. Este dato preocupa porque se trata de un rubro muy sensible, que actúa encareciendo el costo de vida en general, pero golpea con mayor dureza sobre las más de 17 millones de personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza y destinan cada vez una mayor parte de sus ingresos a comprar comida. O directamente pasan hambre.

Alberto Fernández declaró que iba a comenzar una “guerra contra la inflación”, sin tomar ninguna medida contundente para frenar la escalada de los precios, el resultado fue la suba mensual más alta en los últimos 20 años. El Gobierno, habiendo pactado un plan de ajuste con el FMI, en los hechos utiliza la inflación para recortar los gastos del Estado y permite a los grandes empresarios aumentar sus ganancias a costa de los trabajadores.

En un contexto internacional que presiona los precios al alza en todo el mundo, se vuelven aún más necesarias medidas de fondo que cuestionen las ganancias de las productoras de alimentos y los monopolios que especulan con los precios. De lo contrario seguirán utilizando su poder para imponer peores condiciones de vida a las grandes mayorías.

Ningún salario debajo de $ 85.000: aumento de emergencia para salarios, jubilaciones y programas sociales

El 2021 fue el cuarto año consecutivo de caída del promedio del salario real del conjunto de las trabajadoras y los trabajadores. El sector privado registrado, acumuló una pérdida de 21 % durante el Gobierno de Mauricio Macri y Fernández, es decir, comparando diciembre de 2021 con noviembre de 2015. En el caso de los trabajadores públicos, el promedio del salario real se derrumbó un 26 % en relación a noviembre de 2015. Los trabajadores no registrados fueron los más afectados, perdieron un 27 % en relación a octubre de 2016 (desde esa fecha el Indec publica los datos).

El Gobierno además de ser responsable directo por las paritarias estatales, desde su asunción viene profundizando la caída de las jubilaciones; el haber mínimo cobrado por la mayoría de los jubilados se encuentra en poco más de $ 32.600, una miseria. Además mantiene al salario mínimo, vital y móvil, del cuál depende los montos de muchos de los programas de asistencia social, en la misma línea al ser sólo de $ 33.000.

Presentamos un proyecto de ley de emergencia para aumentar salarios y haberes jubilatorios. Al mismo tiempo planteamos que ningún trabajador puede cobrar menos de lo que cuesta la canasta básica total que mide el INDEC y que deberán actualizarse en forma automática. #Inflación pic.twitter.com/mXZ2Shw509

— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) April 13, 2022

Es urgente imponer un aumento salarial de emergencia para el conjunto de la clase trabajadora y los jubilados. Empezando por equipararlos al valor de la canasta familiar, hoy calculada en $ 85.000 por el Indec. En el camino de lograr un piso equivalente a la canasta estimada por los trabajadores de la Junta Interna Ate Indec que la elaboran teniendo en cuenta consumos mínimos que el índice oficial no contempla, como el acceso a una vivienda digna o a una alimentación realmente saludable. Para el mes de marzo la cifra obtenida con estos criterios fue de $ 136.100.

Actualización automática y cláusula gatillo de salarios y jubilaciones

Para que el salario, los ingresos y las jubilaciones no pierdan en la carrera mensual contra la inflación, es fundamental la actualización automática cada vez que haya un aumento general de precios y en especial de los productos de primera necesidad que conforman la Canasta Básica.

El proyecto del Frente de Izquierda por ello indica que “el salario de todos los trabajadores y trabajadoras de la actividad tanto estatal como privada o empresas autárquicas, sean efectivos o por cualquier modalidad de contratación registrada, no registrada o defectuosamente registrada, los haberes jubilatorios, la Asignación Universal por Hijo, las pensiones para ex combatientes de Malvinas se ajustarán automáticamente en forma mensual, según la variación que registre el INDEC en su medición del costo de la Canasta Básica Total (CBT). El ajuste no tendrá lugar cuando la variación del costo de vida sea negativa".

Nacionalización de las empresas de servicios públicos

Durante el macrismo las tarifas de servicios coma la luz o el gas se multiplicaron por 10 o por 20. Aún así a corporaciones como Edenor o Metrogas no les alcanza y reciben del Estado subsidios por miles de millones de pesos. Como parte del nuevo programa acordado con el Fondo Monetario Internacional, el ministro de economía Martín Guzmán está implementando subas de las tarifas que impactan de lleno en la inflación. Por lo menos realizarán una “actualización” más durante este año y no se descarta que haya más aumentos.

Con la nacionalización de los servicios públicos, bajo control, administración y gestión de trabajadores y control de los usuarios populares, se podría acceder a tarifas bajas o gratuitas para quienes no pueden pagarlas. Haciendo que los servicios esenciales dejen de ser un negocio.

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Basta de trampas de las grandes empresas y supermercados: apertura de registros contables y control de precios

Arcor, una de las principales empresas alimenticias del país, ganó $ 19.900 millones en 2021, superando los $ 8.213 millones que obtuvo en 2020. Su dueño, Luis Pagani, es uno de los empresarios preferidos de Cristina Kirchner y el Gobierno. La marca líder en rubros como galletitas, golosinas y aceites más que duplicó sus ganancias, mientras la indigencia alcanzaba a más del 8 % de la población.

Ante las maniobras empresarias para remarcar precios, los trabajadores y consumidores pueden llevar adelante medidas inmediatas para detenerlas. Como conformar comités para el control de precios desde los lugares de producción, pasando por todos los canales de distribución hasta la venta, y la exigencia de apertura de los registros de contabilidad de todas las empresas que aducen que “necesitan” ajustar sus precios. También control de los stocks dado que las empresas recurren muchas veces al desabastecimiento para presionar y aumentar precios.

No más “Vicentines”: que el comercio exterior esté en manos del Estado

El incremento del precio internacional de la soja y otras materias primas también presionó sobre los precios locales por la importancia de las exportaciones agrarias. Las patronales del campo priorizan sus ganancias a que la población pueda comprar alimentos baratos. Son sólo diez multinacionales que concentran el 90% de las exportaciones agrícolas y que se apropian de lo producido en el país, con las ventajas de las tierras de Argentina.

En la actualidad constituyen un monopolio privado del comercio exterior, que se profundizó desde los `90, permitiendo que unas pocas empresas mayormente extranjeras, como Cargill, Cofco, AGD, Bunge, entre otras, pueden hacer lo que quieran. Muchas firmas controlan sus propios puertos, Cargill tiene incluso una flota propia.

La estatización del comercio exterior bajo gestión de sus trabajadores, permitiría disponer y controlar de los dólares que entran y salen del país. De esta manera, se evitarían las devaluaciones violentas porque sería más sencillo el control del tipo de cambio, junto con otra medida fundamental como la nacionalización de los bancos para evitar la fuga masiva de divisas que empuja a la permanente crisis del país. Con ello también se protege a los pequeños y medianos ahorristas y se podría canalizar el ahorro nacional hacia el crédito que permita desarrollar las actividades necesarias para responder a las más urgentes necesidades sociales.

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Terminar con la estafa de la deuda externa: destinar los recursos en función de resolver la crisis social

Si lo recaudado por el Estado y los dólares que entran al país tienen como destino privilegiado el pago de la deuda externa, se vuelve imposible destinar los recursos del presupuesto a mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías y las devaluaciones de la moneda (que presionan a la inflación) es muy difícil no sean una constante. Además las exigencias del FMI no pueden cumplirse sin mantener un nivel alto de inflación.

Por esto la pelea por un desconocimiento soberano de la deuda externa es parte fundamental de la lucha por terminar con las graves consecuencias de la inflación sobre los sectores de menores ingresos. Esta medida, junto a las otras, son en defensa de los intereses de los trabajadores y sus familias y para conquistarlas requieren de la organización y movilización mediante los sindicatos y las organizaciones en confrontación con las burocracias que buscan mantenerlos en la pasividad. No es una lucha fácil, pero ante el agravamiento de la crisis social es la única salida real y todo esfuerzo en ese camino podrá lograr importantes triunfos.