Las últimas semanas hemos sido testigos de una serie de hechos represivos que atentan contra derechos democráticos básicos, como son la libertad de prensa y de expresión.
Jueves 9 de febrero de 2017
El viernes 3 de febrero el periodista italiano, becado por la Unión Europea, Lorenzo Spairini, recibió una orden de expulsión del país. ¿La acusación? Haber “sido detectado en diversas actividades antisistémicas, alterando el orden social del país y constituyendo de esa manera un peligro para el Estado”. La orden de expulsión estaba firmada por Claudio Orrego, militante demócrata cristiano e Intendente de Santiago. Hasta el propio Colegio de Periodistas señaló que “esta expulsión resulta inexplicable y verdaderamente cavernaria. No se entiende que a un profesional de las comunicaciones se le expulse por dedicarse a realizar coberturas de organizaciones sindicales, no es propio de una democracia”.
Pocos días después, la PDI allanó la casa del documentalista Vicente Montecinos en Collipulli y, posteriormente, la de sus padres en la comuna de Macul en Santiago, en el marco de la llamada “Operación Tauro” que lleva adelante el fiscal Luis Arroyo, donde se estarían investigando hechos de violencia en la zona de la Araucanía.
A Montecinos se le incautó material que estaba utilizando para un documental sobre la lucha del pueblo mapuche y la represión que se vive en las comunidades. Según denunció el documentalista, el fiscal a cargo le habría dicho que no querían cámaras en la zona del conflicto. A raíz de eso, presentó un recurso de amparo para recuperar sus equipos. Pocos días antes de este hecho, Montecinos había grabado un violento allanamiento contra la comunidad mapuche Rodrigo Melinao.
No se trata de hechos aislados. Diversas radios comunitarias han sido allanadas y sus equipos incautados, como fue el caso de la radio comunitaria Aukan de San Fernando, allanada por la PDI que decomisó sus equipos y detuvo a algunos de sus integrantes. También en 2015 sucedió lo mismo con radio Manque de Rancagua o la emisora mapuche Nueva Voz de Braunau, en Puerto Varas, entre otros casos.
Otros tantos periodistas o documentalistas han sido detenidos y mantenidos en prisión, como el fotógrafo Felipe Durán, quién se ha dedicado a mostrar la violencia policial y de carabineros contra el pueblo mapuche.
En los distintos casos, se utiliza la normativa que viene de la dictadura. En la expulsión del periodista italiano, el Decreto Ley 1095 de 1975, en el caso de las radios comunitarias, la Ley General de Telecomunicaciones de 1982.
Lo que hay de fondo es un ataque contra la libertad de prensa y de expresión, sobre todo de aquellas que buscan visibilizar las luchas de los movimientos sociales, las demanda del pueblo mapuche, de los trabajadores o estudiantes.
Esto es aún más grave en un escenario marcado por el monopolio de la información y comunicación, que genera el control de grandes grupos económicos nacionales e internacionales, que controlan e intervienen los contenidos, generan noticias y forman opinión pública.
De esta manera, se manipula la información o las imágenes para mostrar por ejemplo al movimiento estudiantil como violentistas, a los mapuche como terrorista o a los trabajadores interrumpiendo el funcionamiento del país. Inclusive, huelgas importantes como las de Líder o Sodimac no salen en los medios porque los avisajes los pagan esas empresas.
No es el único ataque a las libertades democráticas. El régimen chileno se caracteriza por su autoritarismo, marcado por mantener las leyes que impuso la dictadura, como la Ley Antiterrorista. Eso se ve también en cada manifestación social, donde decenas de personas suelen ser detenidas, donde existen cientos de denuncia por tortura a estudiantes, trabajadores o pobladores.
En nuestro país tampoco existen derechos básicos como a la salud, educación o pensiones, ya que la dictadura se encargó de privatizar y lucrar con todos los derechos, lo que se ha mantenido por todos los gobiernos postdictadura.
No se puede descartar que el ataque a la libertad de prensa y expresión continúe, en la medida en que el régimen está cada vez más cuestionado y en crisis.
