En aquella ocasión Anibal Fernández había acusado a la izquierda y al movimiento piquetero de “violentos”. Poco después se conocía el asesinato de Kosteki y Santillán a manos de la policía. Hoy el Gobierno habla de una “izquierda violenta” a pocos días del desalojo.
Lunes 28 de septiembre de 2020 18:53
Desde el pasado fin de semana el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires conducido por Axel Kicillof retomó con fuerza el discurso de criminalización contra las familias sin techo que se encuentran peleando por tierra para vivir en la localidad de Guernica.
Sin ningún tipo de pruebas, el ministerio de Desarrollo de la Comunidad afirmó en un comunicado que “un grupo de organizaciones políticas que forman parte de la ocupación decidió impedir de manera violenta la asistencia a las familias que se encuentran en el predio”.
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Andrés Larroque, quién dirige dicho ministerio, también aseguró en entrevistas periodísticas que “algunas organizaciones” buscan “llevar la situación a la violencia” y amenazó: “La actitud que tuvieron fue peligrosa, teniendo en cuenta que están a contrarreloj para el desalojo”.
A pocos días de que llegue la fecha pautada por el juez Rizzo para el desalojo del predio, las definiciones del ministro hacen acordar a otras intervenciones previas de los responsables políticos de turno a la hora de preparar situaciones represivas. Recordamos aquí algunas de ellas.
Sin ir más lejos, recordemos las declaraciones de Anibal Fernández al momento de la brutal represión del Puente Pueyrredon, siendo en aquel entonces Secretario General de la Presidencia en el Gobierno de Eduardo Duhalde. Allí, el funcionario afirmaba: “sabíamos que se organizaba para el 22 y 23 una asamblea de piqueteros en la que se iban a discutir los cursos a seguir. En esa asamblea se habló de lucha armada. En esa asamblea se definió un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades”.
Poco después se conocía el fusilamiento de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki a manos de la policía Bonaerense. Probablememente fue este el caso más emblemático de la mano dura del Gobierno de Duhalde.
Años más tarde, en el caso de la toma del predio del Parque Indoamericano, el Gobierno de la Ciudad dirigido por Macri acusaba a las familias que allí se encontraban de estar vinculadas al narcotrafico. No faltaron tampoco los comentarios xenófobos, buscando estigmatizarlas. Cristina Kirchner, por su parte, había afirmado que la toma “no se desmadró, se apadrinó”.
Finalmente, un operativo conjunto de la policía Federal y la que en ese entonces era la policía Metropolitana, desalojó violentamente el predio, utilizando inclusive balas de plomo. El saldo fue que Bernardo Salgueiro y Rosemarie Chura Puña, Emiliano Canaviri Alvarez, perdieron la vida.
Ante el constante hostigamiento de las fuerzas represivas a las que el Gobierno de Kicillof viene de ceder en todos sus reclamos; el discurso mediático que busca preparar a la opinión pública a favor de un desalojo, tildando de violentos a sus ocupantes; y el ataque constante de distintos funcionarios políticos, se vuelve urgente alertar que el Gobierno busca justificar la represión y rodear de solidaridad la toma de Guernica y a todos sus habitantes.