En 2012, el Gobierno de Cristina Kirchner avanzó en la nacionalización parcial de Repsol-YPF. Esto ocurrió ante el grave déficit energético creado tras década y media de saqueo por parte de la empresa imperialista española. Conoce cuál fue el acuerdo y cómo lo presentó el oficialismo.
Viernes 8 de septiembre de 2023 16:00
Este viernes, la jueza de Nueva York Loretta Preska falló en contra del Estado Argentino. Lo hizo a favor de fondos buitres que litigan contra el país. La decisión es escandalosa: intenta obligar al Estado argentino a pagar la suma de USD 16.000 millones en favor del fondo Burford Capital.
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Este fondo -junto a otros- estaba en juicio por la compra estatal de parte del paquete accionario de YPF, ocurrida en 2012. En aquel entonces, el Gobierno nacional compró la mayor parte del paquete accionario a la multinacional española Repsol. Sin embargo, por estatuto, el Poder Ejecutivo estaba obligado a ofrecer la misma opción de compra a los demás accionistas. Y no lo hizo. De ahí nació el reclamo judicial. Entre quienes litigaron se encontraban el Grupo Eskenazi, que luego vendió los derechos a los fondos especulativos.
En 2012, el acuerdo con Repsol por la “expropiación” de YPF fue presentado como una medida de “soberanía hidrocarburífera”. Sin embargo, fue una medida que sólo declaró de “interés público” el autoabastecimiento de petróleo y gas, y “expropió” el 51% del paquete accionario a la imperialista Repsol. La mentada expropiación fue en realidad una “recompra” de parte del paquete accionario de la empresa, para asociarse con otras petroleras imperialistas y explotar petróleo y gas no convencional. Esto es lo que habitualmente se extrae mediante mediante el método de fractura hidráulica, más conocido como fracking, que en varias regiones del planeta ha sido denunciado por sus efectos altamente contaminantes.
En 2012, no hubo expropiación integral de los recursos y de la infraestructura: de hecho, el 83% de la producción de petróleo y el 88% del gas siguió en manos privadas -incluyendo la parte privada de YPF-, en su gran mayoría empresas imperialistas.
Durante los años en que Repsol estuvo al frente de la empresa, giró -desde Argentina a su casa matriz- casi USD 14 mil millones en concepto de utilidades. Esas cifras millonarias se utilizaron para ampliar los negocios de la empresa en otros países, mientras dejaba de lado las tareas de exploración de nuevos pozos, algo indispensable para mantener el nivel de las reservas, en territorio argentino. Su ganancia neta -es decir descontando lo que puso por la compra de la empresa- fue, nada más y nada menos, que de USD 8 mil millones de dólares.
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A mediados de los años 90, desde el Gobierno de la provincia de Santa Cruz, el kirchnerismo avaló activamente la privatización de YPF. Al mismo tiempo, ya desde 2003 en adelante, en el poder político nacional, fue cómplice del saqueo practicado por Repsol y otras empresas imperialistas. Al mismo tiempo, en 2008, avaló a los empresarios del grupo Eskenazi para que se hicieran con el 25% de las acciones de la empresa, sin poner prácticamente un solo peso. El acuerdo implicaba que pagarían con las mismas utilidades de la empresa.
El acuerdo
En 2012, el Estado argentino se comprometió a pagar a la petrolera española -que vació a YPF durante casi quince años-, un valor nominal de USD 5.000 millones compuestos por: Bonar X -US$ 500 millones), Discount 33 (US$ 1.250 millones- y Bonar 2024 -US$ 3.250-. Y el paquete complementario de USD 1.000 millones compuesto por: Boden 2015 -US$ 400 millones-, Bonar X -US$ 300 millones- Bonar 2024 -US$ 300 millones-.
En total, el capital y los intereses representarán en el plazo de 20 años casi USD 11 mil millones. Hay que sumar además USD 500 millones ya capitalizados de unos bonos emitidos previamente, que se entregaron a Repsol. Para los capitales españoles fue un negocio redondo por donde se lo mirase.
En 2012, el Gobierno esperaba encontrar en la caja de Repsol YPF reservas de utilidades acumuladas para bancar la importación de combustible. Pero cuando se hizo cargo de la petrolera no había más que una caja vacía, por lo que el Tesoro debió seguir aumentando los recursos fiscales para tapar el bache energético.
El acuerdo con Chevron fue firmado en 2013 mostró el verdadero papel de la nacionalización de YPF. El Gobierno de Cristina Kirchner buscaba una negociación con el gran capital imperialista para habilitar un aumento en la exploración y la producción. Lejos de cualquier soberanía energética, se trataba de lograr la llegada de otros capitales imperialistas. Eso implicó la creación de condiciones excepcionales, que permitieran el ingreso de capitales extranjeros. Establecidas mediante un acuerdo secreto, se confirmó que el interés del gran capital estaba por encima de los discursos sobre la soberanía nacional.
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