"Los que tenemos responsabilidad en la seguridad no nos podemos hacer los boludos" dijo el ministro Pullaro. Su par de Justicia planteó que "falta sentido común en los jueces".
Sábado 20 de agosto de 2016 14:05
En el transcurso de los últimos días, el gobierno santafesino ha batido su propio récord al dispararse la estadística de homicidios. Fiel a la agenda que buscan crear el gobierno nacional y la Justicia por derecha, referentes del gabinete de Lifschitz salieron a pedir mano dura de los jueces y fortalecimiento del poder de fuego de la policía.
El ministro de Seguridad de la provincia Maximiliano Pullaro en conferencia de prensa destacó su trabajo y las reuniones que mantiene con su par de Justicia, Ricardo Silberstein, con quien coordina "acciones permanentes": “Ninguno de los que tenemos responsabilidad en la Seguridad nos podemos hacer los boludos. Acá, el Poder Ejecutivo trabaja mucho, le ponemos mucha voluntad para que la situación mejore” y luego, apuntó contra los jueces: “Pero hay otras patas que se tienen que hacer responsables”. Por su parte, para el ministro de Justicia Ricardo Silberstein "falta sentido común en los jueces" al momento de dictar sentencias y resaltó: "Este es un tema que venimos planteando desde hace un tiempo. En la Argentina hay una corriente hegemónica que considera que las penas no cumplen ninguna función, que no son reparadoras, que no sirven para nada aunque se haya cometido un crimen aberrante". En consonancia con Pullaro también agregó: “Pero si se parte de esa base, suceden cosas como las de ahora, que la sociedad comienza a ver que quienes cometen delitos no reciben sanciones y por lo tanto hasta se ven alentados a seguirlos cometiendo. Además, eso lleva a que la sociedad tenga la percepción de que el Estado no puede garantizar la seguridad".
En un intento de dar mensaje un mensaje claro Pullaro afirmó: "Los 120 o 130 patrulleros que hay en la calle no alcanzan. Apuntamos a tener 200 vehículos" y agregó que se reunieron “con el gobernador, la intendenta y la plana mayor policial para coordinar políticas de seguridad y presencia en los barrios”.
No aclares que oscurece
Lo cierto es que desde que asumió la gestión de Miguel Lifschitz y nombró a Pullaro como ministro de Seguridad, en ocho meses hubo tres jefes policiales: Rafael Grau, Luis Bruschi y su reemplazante José Luis Amaya.
Cualquier santafesino podría plantearse la duda de si las recientes declaraciones no forman parte de una puesta en escena del gobierno para tapar, entre otras cosas, que la salida de Bruschi tiene que ver con la investigación por desvío de fondos públicos en el Departamento de Logística D4 (fondos que eran para reparar patrulleros y que se iban, aparentemente, a los bolsillos de policías y personal civil) y fraudes con las horas extras del personal policial. Quien provisoriamente lo reemplaza, Luis Amaya, tiene en su haber 16 casos de gatillo fácil en el Nodo Rosario bajo su comando. También puede pensarse que intentan desviar la atención ante las recientes acusaciones de familiares contra policías por el secuestro y violación de una niña.
La operación ideológica del gobierno de la que se hacen eco los medios de comunicación locales no es innovadora. Intentan hacer creer por un lado que el problema pasa porque los jueces permiten que las cárceles no estén superpobladas al “interpretar mal la ley”, no dictando penas más largas. Y por el otro, que es posible alcanzar el ideal de la policía como “protectora” de la “sociedad civil” y que de lo que se trata es solo ejercer su control para que no sea corrupta. Como contracara, y es del manual “Blumberg”, instalan campañas con la idea de que los culpables de la situación son los jóvenes pobres, que “entran y salen” de las comisarías y penales, mientras que los verdaderos “delincuentes” se mantienen impunes en las cúpulas policiales o en los estrados judiciales.
La crítica de los ministros al Poder Judicial no es por el retardo de justicia y la consecuente impunidad para los asesinatos de jóvenes en manos de la policía y patovicas. Tampoco es para denunciar la complicidad con las redes de trata, secuestros, negocios de narcotráfico y armas.
El llamado “discurso de la inseguridad”, que manipulando la opinión pública contribuye a identificar la delincuencia con los sectores pobres y la teoría de que para garantizar la seguridad se requiere “mano dura”, se afianzaron a fines de los ’90.
Lo cierto es que la Policía y la Justicia actúan cada vez más en abierta complicidad con las necesidades políticas del sistema. Seguirán manteniendo el carácter antipopular porque en el marco de una profunda inequidad social y económica; las detenciones policiales arbitrarias, las torturas y maltratos en dependencias policiales o los homicidios del “gatillo fácil” y las desapariciones forzadas de personas, son prácticas que se descargan en forma indiscriminada en los barrios pobres, sobre los sectores juveniles buscando infundir el temor a la “autoridad”, terror y disciplinamiento social.
El discurso de “mano dura” puede calar en un sector social pero es inocultable su carácter de clase.
