Newsletter. ¿Cómo llegó Gerardo Morales a manejar ese Estado criminal?

Antón pirulero

Todo lo anterior está chequeado, comprobado y mostrado. Alcanza con poner “represión en Jujuy” en el buscador de cualquier red social para que se pose frente a nuestros ojos una catarata de imágenes y videos de los más conmocionantes. Pero son muy pocos los medios de comunicación masiva que difunden con seriedad la verdad de lo que está pasando en la provincia del norte.

Es que cada empresa periodística atiende su juego según de qué lado de la grieta política se encuentra. Si quien está en el ojo de la tormenta es el peronismo, sus medios aliados miran para el costado mientras defienden a sus amigos atacando a la oposición de derecha. Lo mismo pasa con los medios de la derecha, que ponen el foco en los escándalos de las gestiones peronistas pero silencian y/o tergiversan lo que hacen sus mandantes macristas o radicales.

Por eso, sacando honrosas excepciones como (humildemente) La Izquierda Diario, es difícil que alguien te cuente cómo llegó Gerardo Morales a tener semejante aparato represivo a su merced. Sería más que necio pensar que el Estado criminal que actúa hoy en Jujuy, a la medida de la defensa de los intereses del empresariado, lo construyó la UCR en estos últimos ocho años. Y ahí aparece en escena, una vez más, el peronismo.

El Jujeñazo

Hace 26 años Jujuy no era gobernada por Morales ni por el radicalismo. Los intereses de los grandes capitalistas eran defendidos a sangre y fuego por la otra fuerza política tradicional. En 1997 el gobernador era el peronista Carlos Ferraro, correa de transmisión de las políticas neoliberales que se habían desplegado nacionalmente con Carlos Menem y Domingo Cavallo.

Como lo relata en esta nota Facundo Aguirre, en mayo de aquel año un puñado de desocupados despedidos del Ingenio Ledesma dieron inicio al Jujeñazo. Al calor de los cortes de ruta y el reclamo de “trabajo digno”, lo que arrancó en Libertador General San Martín se terminó extendiendo a San Salvador, San Pedro, Perico, Humahuaca, Palpalá, Abra Pampa y otras localidades que hoy vuelven a estar en nuestras bocas.

Al inicio de las protestas en territorio de Ledesma, el peronismo acudió raudo a satisfacer el pedido del empresario genocida Carlos Blaquier. Menem mandó a Gendarmería a despejar la ruta. Pero tras una primera y brutal avanzada represiva y pese a las traiciones de las conducciones sindicales del momento, miles de jujeños y jujeñas salieron a cortar casi todas las rutas de la provincia. Fue una pueblada que aún se recuerda por su combatividad. Y también por el nivel de violencia descargado por el Estado.

Velázquez, Farfán, Reyes

En 2011, catorce años después de aquellos acontecimientos, Menem y Ferraro eran historia. En la Casa Rosada Cristina Fernández de Kirchner llegaba al final de su primer mandato y en Jujuy el Ejecutivo estaba en manos del kirchnerista Walter Barrionuevo. Era un peronismo que buscaba despegarse de la herencia noventista a base de progresismo gestual y un limitado reparto de las migajas que se les caían a los exportadores de commodities a precios récord.

El 28 de julio de 2011 los diarios volvieron a hablar de Libertador General San Martín y de violencia estatal. Una crónica del semanario La Verdad Obrera relataba que “toda la maquinaria represiva (...) entró en acción para defender la propiedad terrateniente del monopolio capitalista de Carlos Pedro Blaquier (...) dictando la orden de desalojo y abriendo fuego con balas de goma, gases y balas de plomo contra las 700 familias trabajadoras asentadas en hectáreas de Ledesma SAAI que luchan por el derecho inalienable a una vivienda digna. Represión que se cobró la vida de tres compañeros, Juan Velázquez, obrero municipal, el joven Ariel Farfán y Félix Reyes, obrero rural, más de 50 heridos y 22 detenidos” (las negritas son nuestras).

Velázquez murió de un disparo de bala de plomo en la cabeza. Farfán y Reyes recibieron impactos mortales en sus tórax. Eran parte de las miles de personas (muchas empleadas del propio ingenio) que pedían que Ledesma les cediera 15 de las 157.000 hectáreas que poseía en la provincia. Junto a otras cuatro empresas-familias se apropiaron del 40 % de las tierras con algún tipo de valor fiscal. Pero lo único que aportó Blaquier ante el reclamo fueron bandas de pistoleros de su empresa que colaboraron con la Policía en la represión.

Ante las muertes y las (pocas) imágenes que salieron a la luz, Barrionuevo dijo que tamaña represión era “inexplicable” y que él siempre había ordenado a la Policía tratar bien a quienes reclamaban un techo. Palabras que se llevó el viento. Esos crímenes quedaron impunes. No sólo no se juzgaron las responsabilidades políticas sino que ni siquiera se procesó y condenó a quienes apretaron los gatillos.

A su vez en la Legislatura, con acuerdo del kirchnerismo, la UCR quedó a cargo de una “Comisión Investigadora” de los asesinatos. Nunca investigaron nada. En contrapartida, año a año cada gobierno siguió aumentando el multimillonario presupuesto en “seguridad”. Menos viviendas, menos salud, menos educación. Más patrulleros, balas, uniformados rabiosos y muerte. Ya habían pasado 35 años de la Noche del Apagón, pero para el Estado había cosas que no debían cambiar.

Pese a lo sangrienta, la represión no había logrado sacar a la gente de esas tierras. Incluso más familias llegaron a reclamar una parcela. Como el PJ estaba en plena campaña electoral, decidió descomprimir con demagogia y falsas promesas. Tras la represión, Barrionuevo decidió “expropiar” parte de esas tierras (que los fundadores del ingenio habían arrebatado a los pueblos originarios) para darles un “destino social”. Conocedores de la región afirmaban que se trataba de terrenos fiscales. Sin embargo, el Gobierno de Jujuy indemnizó a Ledesma.

Un día antes de la sangrienta represión, Barrionuevo había viajado a Salta para compartir con su par, Juan Urtubey, y con la presidenta la inauguración del Centro Federal Penitenciario del Noroeste en la localidad de General Güemes. Para Cristina Kirchner la sobrepoblación carcelaria (donde una enorme mayoría es pobre y está presa sin condena) se resolvía con más cárceles “modelo” (así las llamó). En su discurso llegó a ironizar: “Algunas personas quizás tengan acá más comodidades que en su casa”.

Barrionuevo asintió con su cabeza cada palabra de Cristina, mientras su Policía no dejaba de reprimir a quienes salían a luchar por mejores condiciones de vida. Además de la represión a pedido de Ledesma, ese año encarceló a trabajadoras municipales de El Talar y a porteras de escuela de Libertador que ejercían su derecho a huelga y movilización en reclamo de pase a planta permanente y un salario que se acercara a la canasta básica.

Durante esos años los sectores “progresistas” del peronismo y sus aliados centroizquierdistas pasaron de la negación de los hechos al “asombro” y a una posterior justificación de la represión, acusando a quienes luchaban de hacerle “el juego a la derecha” y otras sandeces. Ni siquiera hubo presencia en el lugar de la Secretaría de Derechos Humanos, que se limitó a repartir un comunicado de prensa en el que hablaba de un “enfrentamiento” con “luctuoso saldo”, de “honda preocupación” y “condolencias” a los deudos de las víctimas.

Herencias pesadas

Antes de que llegaran al poder Gerardo Morales y la UCR, entre 1983 y 2015 Jujuy tuvo diez gobernadores. Todos peronistas. A la salida de la dictadura cívico-militar-eclesiástica asumió Carlos Snopek. En 1987 lo sucedió Ricardo de Aparici, quien renunció en 1990 en medio de la crisis económica-social y le entregó el cargo a su vice Eduardo Alderete. Éste completó el mandato y en 1991 lo sucedió Roberto Domínguez, que a los dos años también debió renunciar. Su vice Carlos Ficoseco apenas pudo sostenerse algunos meses. En abril de 1994 la Legislatura puso en la Gobernación al diputado Oscar Perassi, quien un año después le entregó la banda al electo Guillermo Snopek.

Snopek, sobrino del primer gobernador de la “democracia”, también duró un año. Su renuncia puso al frente del Ejecutivo a Carlos Ferraro, el represor del Jujeñazo quien aguantó dos años y también se despidió del cargo. Con Menem a la cabeza, el peronismo necesitaba encauzar los vaivenes institucionales. Y así llegó a la gobernación Eduardo Fellner, a quien en 1993 la Casa Rosada había mandado a colaborar con el cordobés Juan Schiaretti en la intervención federal a Santiago del Estero.

Cómodo y apoyado por todo el peronismo, en 1999 Fellner fue a las elecciones provinciales a revalidar su puesto. No sólo ganó, sino que cuatro años después, en 2003, logró ser reelecto. En ambas ocasiones dejó en segundo lugar al radical Gerardo Morales. En 2007 Cristina Fernández lo ungió presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Estuvo allí hasta 2011, cuando el desgastado Barrionuevo desistió de ir por su reelección. Ungido también presidente del Partido Justicialista nacional, Fellner se animó a una tercera gobernación. No sólo ganó, sino que cuatro años después, en 2015, quiso ser reelecto. Pero con un peronismo-kirchnerismo desgastado, esta vez perdió con Morales.

Durante su tercer mandato, Fellner no se privó de reprimir. En octubre de 2012 ordenó el desalojo brutal de los vecinos del Barrio Malvinas que luchaban contra la instalación de una planta transformadora. El saldo fue de más de 80 heridos y 70 detenidos. Y en agosto de 2013 mandó a reprimir a trabajadores estatales que reclamaban aumento salarial en la Dirección Provincial de Rentas. Allí se detuvo a 40, incluyendo referentes sindicales, y hubo más de 50 heridos. El entonces vicegobernador, Guillermo Jenefes, había anticipado que se reprimiría a quienes tomaran medidas de acción directa contra las políticas oficiales. ¿Te suena?

El doctor Jenefes es miembro de una familia empresaria poseedora, entre otros “quioscos”, del Grupo Visión Jujuy (el multimedios más importante de la provincia), de extensos campos tabacaleros y hasta de casinos como el de San Salvador y el del Hotel Howard Johnson. Tal vez por eso en 2017 (y a propuesta del Frente para la Victoria) Mauricio Macri lo designó director del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), un cargo incompatible con su condición de empresario del sector. Y en 2020 el mismo Morales lo llamó para ofrecerle el puesto de síndico de la energética y minera estatal jujeña Jemse . Como se solía decir entonces, el Estado atendido por sus propios dueños.

Con semejantes prontuarios, es tragicómico que sectores del kirchnerismo se hayan “molestado” por que el Partido Justicialista provincial acompañó y votó la Reforma Constitucional de Morales. Si les dio asquito el fraterno abrazo de Morales y Jenefes en el recinto la noche del jueves 15, a horas de lanzar la prolongada represión, es porque no leen los diarios. ¿Sabrán que, además, Jenefes actualmente es vicepresidente del PJ jujeño? Después no nos hablen de “memoria”.

No fue magia

Sin el rol de Fellner, Jenefes, Barrionuevo y sus predecesores no se podría comprender cómo se fue conformado el aparato represivo heredado en 2015 por Gerardo Morales. En todo caso, el radical y su vicegobernador peronista Carlos Haquim (del Frente Renovador de Sergio Massa) sólo se dedicaron a sofisticarlo y perfeccionarlo.

Tan jodido es Morales que no respetó ni los códigos de la mafia. Apenas asumió convirtió al Poder Judicial en una escribanía a su servicio y le ordenó a fiscales y jueces adictos que procesaran a Fellner y otros exfuncionarios por “fraude al Estado” y otros delitos relacionados con desvíos de fondos públicos. El tres veces gobernador aún espera una sentencia en esa causa.

Cuando Morales asumió su segundo mandato junto a Haquim, volvió a demostrar al servicio de quién gobierna. En la primera sesión de 2020 de la Legislatura hizo votar una ley para volver a “recompensar” a la familia Blaquier por la expropiación de 2011 de algunas hectáreas de sus terrenos de Libertador General San Martín. Así le cedió jugosas tierras lindantes con “La Sala”, una inmensa casona que los dueños de Ledesma tienen en Calilegua. Poco después, Morales y Haquim denunciaban y perseguían a 400 familias que reclamaban un techo en los terrenos donde, nueve años atrás, habían caído Velázquez, Farfán y Reyes.

Desde que la UCR gobierna la provincia, la criminalización y persecución política alcanzaron niveles pocas veces vistos. Pero nada de eso podrían hacer Morales y sus funcionarios si no hubieran recibido un Estado que fue armado hasta los dientes durante décadas con personal permanentemente adiestrado para atacar al pueblo. Tiene razón el kirchnerismo cuando grita que Milagro Sala fue detenida ilegalmente producto de esa persecución. Pero su cinismo es proporcional al silencio mantenido durante años frente a muchísimas otras persecuciones, represiones y detenciones más brutales incluso que la sufrida por la líder de la Tupac Amaru.

Cuando en abril de 2022 la Gobernación impulsó una mamarrachesca megacausa judicial contra dirigentes de organizaciones políticas y sociales jujeñas, basándose en “pruebas” obtenidas mediante espionaje ilegal, desde el Frente de Todos las voces que se alzaron fueron minoritarias. Del actual precandidato presidencial Sergio Massa, padrino político del vicegobernador Haquim, no se podía esperar más que silencio. Pero esa misma actitud tomaron muchas y muchos que, cada tanto, reclaman la libertad de Sala y polarizan con Morales en temas menos escabrosos. Esos mismos sectores ahora lloran por la sangre derramada en Jujuy producto de esas mismas políticas represivas. Es altamente probable que un cocodrilo lagrimee con más sensibilidad.

Hasta dentro de quince días. Cuidate de la gorra. Y avisá si te enterás de algún nuevo capítulo del rati horror show. No seas botone.

Postdata 1- En Río Gallegos el gremio docente Adosac denuncia la persecución a cuatro referentes sindicales que protagonizaron una movilización el 21 de abril de 2017 frente a la Gobernación santacruceña. Hace seis años los acusaron de “violación de domicilio” por ingresar a los jardines de la Casa de Gobierno. Ahora los acusan de “tentativa de femicidio y homicidio” en perjuicio de la gobernadora Alicia Kirchner y de CFK (quien acompañaba a su cuñada en ese momento). Un avance político-judicial para criminalizar la protesta. Acá te lo cuenta en detalle Ernesto Zippo.

Postdata 2- El 10 de julio se cumplen tres años del crimen de Lucas Verón en González Catán, La Matanza. Fue en pandemia y como parte del empoderamiento del Frente de Todos a las fuerzas represivas. Dos policías bonaerenses asesinaron a Lucas e intentaron asesinar a su amigo Gonzalo. Las familias repudian que el ministro Sergio Berni ahora encabece una boleta legislativa de Unión por la Patria y llaman a organizarse contra la impunidad y para continuar la lucha. Mirá la cobertura de José Muralla.

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