El modelo extractivista que, hasta la fecha, no ha sufrido grandes cambios ni transformaciones, y que se caracteriza por las condiciones pro empresariado que abre al país a inversiones extranjeras y sus capitales transnacionales, asegurando las grandes operaciones que se instalarán por todo el territorio en base al control total ejercido durante la dictadura y las condiciones legales que aseguran el modelo liberal de los Chicago Boys.
Martes 14 de septiembre de 2021
La intervención militar en Chile da paso a la articulación del ideario de Friedman (y los yankees) en cuanto a un modelo de sociedad neoliberal en el que los privados gozarán de la gestión absoluta de los recursos naturales, explotando las distintas áreas económicas que antes estaban administradas y organizadas por los trabajadores de las grandes empresas vinculadas entre sí mediante los cordones industriales. La apertura a nuevos capitales dio paso a una década nefasta (entre 1980 y 1990), donde se construyó la imagen del país modelo en cuanto a atracción de recursos para la explotación extractivista a nivel mundial.
Dentro de las medidas que impulsaron las condiciones para establecer el modelo extractivista bajo control privado, está la creación de la Comisión Chilena del Cobre (1976) que promovía la inversión extranjera y la privatización de los bienes naturales, bajo la premisa de liberalizar la actividad económica nacional, abriendo paso a los grandes capitales sin compromiso alguno con el bienestar del pueblo y los territorios.
Para entregar seguridad jurídica a esta nueva entrada de inversionistas, se elaboran los principios privatizadores establecidos en la Constitución política de 1980, el Código de Agua de 1981 (para asegurar este recurso a los empresarios de la agricultura, minería, forestales y otros), la Ley de Transmisión Eléctrica en 1982 (pasando el control a privados) y el Código Minero en 1983.
Se abre así el espacio para la entrega de concesiones a particulares con el fin de explotar a fondo los recursos y bienes naturales, sin contar en la práctica con una regulación formal que siguiera el proceso desde la instalación hasta la salida de estos capitales, dando importancia sólo al gravamen de lo que lograban sacar fuera del país.
En este sentido, la invariabilidad tributaria fue un factor decisivo para atraer a las transnacionales, ya que entregaba una tasa fija de impuesto por largos períodos de tiempo a la producción en la minería la cual, a pesar de contar con un porcentaje bajo a pagar por ley, se ha caracterizado por la continua evasión mediante el engaño y la manipulación de las cifras tributarias de cada empresa, promoviendo la exención de pagos y beneficios que afectan la recaudación fiscal y el gasto público nacional.
La regulación en término de los impactos ambientales de los megaproyectos mineros se caracterizaron (y caracterizan aún) por la laxitud y el nulo control sobre los pasivos contaminantes que estos producen. Los relaves mineros tienen toda una historia que contar en nuestro país. En el relave Las Tórtolas, emplazado en ex-terrenos militares dentro de la comuna de Colina, se encontraron restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura, lo cual abre un cuestionamiento sobre cuantos otros relaves cumplen la función de encubrimiento de cuerpos que perpetúan el sentido de injusticia e incertidumbre de familiares y seres queridos.
Por otro lado, estos relaves han empeorado la calidad de vida de las localidades aledañas por medio de la contaminación del aire y la filtración hacia napas subterráneas de agua, lo cual genera zonas de sacrificio debido a la imposibilidad de sostener una vida libre de enfermedades por la toxicidad de estos pozos con desechos mineros.
Todas estas condiciones y antecedentes expuestos llevan a que en nuestro país no exista una relación equilibrada entre la explotación de recursos y desarrollo ambiental sostenible en términos ecológicos. Más bien, se favorece el acaparamiento de las ganancias por explotación en manos de los grandes capitales, siendo Luksic la principal figura implicada en inversiones de mineras que le entregan un monopolio y poder sobre otros sectores de la economía que le permiten el control de precios y productividad dentro del marco de lo legal.
Al contrario, las experiencias de cordones industriales ponían sobre la mesa el interés mayor por el desarrollo país y las ganancias para los trabajadores y las familias chilenas, que a través de la organización y la autogestión buscaban generar una producción acorde a las necesidades que tenía el país en aquel momento histórico previo al golpe militar (que no se logró, debido a que no pudo tomarse el poder total de la producción nacional).
Relevar las lecciones que se desprenden de dicho proceso social, es una tarea fundamental en miras del cambio de modelo económico y de sociedad que esperamos lograr, a través del control de los medios de producción en manos de los trabajadores, para impulsar una transición ecológica que permita un uso sustentable de los recursos, que forjen la ruptura del poder capitalista y su acaparamiento de recursos que nos llevará a nuevas crisis y sufrimiento en nuestro país.
