Se espera que el 2 de mayo la Junta de Gobierno designe al nuevo director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, en un proceso donde la comunidad universitaria no participa, completamente antidemocrático, una nueva imposición en la UNAM.
Jueves 28 de abril de 2016
El pasado 21 de abril fue anunciada la terna en una sesión de consejo técnico de la facultad donde se dieron cita alumnos, académicos y trabajadores; la terna está integrada por Angélica Cuéllar Vázquez, Rafael Reséndiz y Roberto Peña.
Estos tres son finalistas en un juego del cual solo la junta de gobierno y el rector conocen las reglas, pues según lo establecido en el capítulo V del estatuto general de la UNAM, “Los directores de facultades y escuelas serán designados por la Junta de Gobierno de ternas que formará el Rector, quien previamente las someterá a la aprobación de los consejos técnicos; éstos sólo podrán impugnar la terna, total o parcialmente, en el caso de que los candidatos no llenen los requisitos que señala el artículo 39, a fin de que el Rector proceda a hacer las sustituciones a que haya lugar.”
Del proceso de designación, entonces, quedamos excluidos todos aquellos que formamos parte de la comunidad universitaria; estudiantes, trabajadores y académicos. El proceso en la FCPyS es el reflejo de una designación propia del medievo, donde el “jefe nato” y la “junta de los notables” deciden a quién designar a través del mecanismo del dedazo, conforme a sus intereses y si que nosotros podamos participar.
¿Quiénes son los candidatos?
En una presentación de su proyecto de trabajo frente a la comunidad de la facultad, realizada el pasado lunes 25 de abril, confluyeron los tres miembros de la terna en el auditorio Ricardo Flores Magón. Ahí cada uno de los elegidos planteó su proyecto de trabajo, que en caso de ser designados, llevarán a cabo durante el periodo 2017 – 2021.
Entre sus proyectos dominó un doble discurso. Los tres miembros de la terna destacaron que la resolución de los problemas dentro de la FCPyS sería tomada por la comunidad en su conjunto –trabajadores, académicos y estudiantes-, mientras por otro lado todos respaldaron el proceso como se designa el cargo al que aspiran donde ninguno de ellos es tomado en cuenta, negándose a poner su imposición a ser refrendada por la votación de la comunidad. Rechazaron la idea de que sea la comunidad universitaria la que pueda elegir a quien va a ocupar este puesto durante los próximos cuatro años.
Aunque abiertamente ninguno de los candidatos se pronunció por la implementación de cámaras o la colocación de torniquetes para acceder a la facultad -pues reconocen que son medidas que causan descontento en amplios sectores, en tanto que en diferentes ocasiones se han puesto al servicio de la represión y la criminalización-, todos dijeron apoyar la política de Graue que implican estas medidas, declarando que se tiene que actuar conforme los planes de rectoría.
Los problemas de seguridad que se viven dentro de la facultad y que también se viven a nivel nacional, como la inseguridad, la violencia hacia las mujeres, así como las problemáticas que se vinculan con espacios más académicos, han tenido salida en muchas ocasiones gracias a la comunidad universitaria que se organizan ante la negativa de las autoridades para resolverlas.
En la misma línea que la política impulsada por Graue frente al Auditorio Che Guevara, los 3 miembros agregaron que están por la “recuperación” de los espacios ocupados por estudiantes que realizan trabajo político ahí, nuevamente sin hacer ninguna referencia a la decisión y organización independiente de los estudiantes frente a esos espacios buscando adecuarlos a sus necesidades.
Dentro de los elementos más preocupantes destaca también la unánime posición de los miembros de la terna frente a que la educación sea financiada por capitales de empresas trasnacionales; pues argumentaron que eso implica la subordinación de la producción de conocimiento, ignorando el funcionamiento de facultades como Química e Ingeniería, entre muchas otras, donde las empresas nacionales y trasnacionales marcan la línea de la producción intelectual de los estudiantes y académicos sacando de ello enormes ganancias, pero incluso también de la propia facultad donde decenas de estudiantes de Ciencias de la Comunicación realizan su servicio social en empresas como Televisa, que se ahorra cantidades millonarias de sueldos con la explotación del trabajo de estudiantes.
Democratizar la UNAM
En diversos procesos elección o designación de autoridades universitarias, la antidemocracia y autoritarismo que imperan en la UNAM son denunciadas por diversos sectores de trabajadores, académicos y estudiantes, porque no sólo no se conocen los lineamientos bajo los que se designa la terna y eventualmente a un nuevo director, sino que se invisibiliza que hay necesidades imperantes que resolver para garantizar que la universidad sea pública, gratuita y democrática.
Los procesos de designación son una muestra de cómo opera la UNAM que mantiene un sistema de gobierno con figuras medievales como la del Rector, la Junta de Gobierno y el Tribunal Universitario que deberían desaparecer.
Desde la Juventud del Movimiento de Trabajadores Socialistas proponemos que ante la próxima imposición de director en la FCPyS es necesario que la comunidad universitaria genere un movimiento que luche por democratizar la universidad, sus mecanismos de elecciones de directores o Rector, exigiendo el voto universal y secreto. Todo esto, en perspectiva de luchar por un gobierno tripartito de trabajadores, académicos y con mayoría estudiantil que decida democráticamente el rumbo de la Universidad y discuta sobre las problemáticas y necesidades de la comunidad.
El actual proceso del IPN nos demuestra que los estudiantes organizados necesitan de espacios de discusión permanente, para no solamente democratizar la toma de decisiones al interior de la escuela, sino también para poner la educación en las manos de quienes con su trabajo la mantienen.
