Este miércoles, miles de trabajadores y trabajadoras de la educación, junto a otros gremios estatales, se movilizarán por la reapertura de paritarias en la provincia. El gobernador Suarez adelantó que eliminará la cláusula gatillo, una herramienta elemental para que no sean los trabajadores quienes paguen el ajuste.
Lunes 24 de febrero de 2020 00:00
Foto: Diario San Rafael
Antes de que comenzaran las reuniones paritarias entre el gobierno de Mendoza y los distintos gremios estatales, el gobernador Suárez adelantó que eliminará la “cláusula gatillo” que habían conquistado los trabajadores y trabajadoras de la provincia. “Nosotros no podemos sostener la cláusula gatillo porque nuestra realidad es que contra más inflación, tenemos menos recaudación y eso repercute en las finanzas del Estado”, había declarado el gobernador, dejando en claro su receta: que sean los trabajadores y trabajadoras del Estado quienes, a través de la pérdida del salario real, quienes paguen la crisis.
En esta cruzada contra los trabajadores, Suárez no está solo. En el mismo sentido ya se había pronunciado el presidente Alberto Fernández, acompañado también por el ex gobernador Cornejo, quien calificó a la cláusula como un error de su gestión.
Suárez, junto a Alberto Fernández, quiere avanzar contra una conquista elemental de los trabajadores y trabajadoras de la provincia. A través de la cláusula gatillo, los salarios de actualizan mensualmente de acuerdo a la inflación medida por la provincia a través de la DEIE.
En Mendoza, la inflación acumulada entre enero de 2019 y enero de 2020 fue del 53.5 %, mientras que la inflación proyectada en el Presupuesto 2019 era del 23 %. Es decir que, de no haber estado la cláusula gatillo, los trabajadores y trabajadoras de la educación habrían perdido el 30 % de aumento el año pasado
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En Mendoza, la inflación acumulada entre enero de 2019 y enero de 2020 fue del 53.5 %, mientras que la inflación proyectada en el Presupuesto 2019 era del 23 %. Es decir que, de no haber estado la cláusula gatillo, los trabajadores y trabajadoras de la educación habrían perdido el 30 % de aumento el año pasado. Una maestra con 20 años de antigüedad y 50 % de zona, que en enero de 2020 cobró $ 34.806 (contando ítems no remunerativos como el incentivo docente), de no haber existido la indexación mensual, hubiera cobrado $ 5.617 menos en su salario (contemplando un aumento supuesto del 23 %).
En una provincia donde la inflación no cede, el gobierno provincial pretende ajustar a los trabajadores y trabajadoras estatales a través de pérdida del poder de compra del salario real. Hoy el salario de una maestra con 10 años de antigüedad es de $ 25401, según informó el Sute. En el caso de los celadores y celadoras, es aún peor, el salario es de $ 19.694. Mientras que la Canasta Básica, según la propia Deie, se encuentra en $ 34.063 a enero de este año. “Hoy, el salario de un cargo de maestra con 10 años de antigüedad cubre un poco más de la mitad de una Canasta Básica Total más un alquiler. El de una celadora, con 10 años, un 42% de la misma Canasta. El de una profesora con 18hs., 10 años de antigüedad, cubre un 46% de esa Canasta”, denunció el Sute a través de un informe publicado a principios de mes.
De esta manera, el gobierno provincial impone a miles de trabajadores y trabajadoras de la educación tener que trabajar dos o tres turnos, e incluso ir a trabajar enfermos, para poder percibir un sueldo con el que llegar a fin de mes.
Si bien en 2019, gracias a la cláusula gatillo, los salarios docentes empataron con la inflación, la distancia entre el salario de las y los trabajadores de la educación y la llamada canasta familiar están muy lejos, ubicando al salario docente por debajo de la línea de la pobreza.
Según un informe de Ciec, la inflación acumulada entre 2016 y 2018 fue del 156 %, mientras que el salario aumentó en Mendoza el 123 %. Este estudio ubica a los trabajadores y trabajadoras de la educación de la provincia incluso por debajo del aumento promedio del sector a nivel nacional, que fue del 126 %. Vale recordar que en los tres años medidos por el informe, las paritarias fueron cerradas por decreto por el gobernador Cornejo, imponiendo aumentos muy por debajo de la inflación.
Esta brecha podría profundizarse aun más si se eliminara la cláusula gatillo. Por eso, las y los trabajadores de la educación, junto a los otros gremios estatales, se movilizarán este miércoles 26 y realizarán un acampe en la Legislatura junto a organizaciones políticas y sociales exigiendo aumento del 25% como recomposición salarial y defensa de la indexación mensual acorde a la inflación y el aumento del presupuesto educativo.
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#LaDeudaEsConLaEducación
Con este lema, desde el Sute también denuncian que por la "Ley Provincial de Educación N° 6.970, el presupuesto educativo debería ser un 35% del presupuesto provincial. Sin embargo, hemos descendido todos los años (salvo 2019, por la cláusula gatillo), hasta llegar a ser casi un 20% del presupuesto provincial". Según el cálculo que hacen desde el gremio, "son más de 11 mil millones de pesos que deben a las escuelas, a la educación. La inversión nacional también estuvo por debajo del 6% del PBI que establece la ley".
En el mismo informe, las y los trabajadores de la educación denunciaron que lo que necesita una escuela mensualmente para sostenerse, el Estado provincial aporta solo el 15% (a través de fondos y fijos y otros fondos como fondo inicio, fondo “gas”, etc.). "EL 85% restante es cooperadora, rifas, bingos, donaciones, aportes, etc. Hoy, las escuelas prácticamente se autogestionan", denunciaron.