CCOO y UGT han visto incrementadas las subvenciones recibidas por parte del Estado en un 56% respecto a años anteriores. Este incremento se ha realizado en un contexto en el que el Ministerio de Trabajo ha estado reforzando la negociación con la patronal para sacar adelante la nueva reforma laboral. Los ataques de la reforma laboral del PP en 2012 que dieron lugar a una huelga general ya son aceptados por todos los partidos del régimen y sus sindicatos.
Elías Lavín Madrid
Viernes 4 de febrero de 2022
Las partidas del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz duplican el presupuesto total destinado a los sindicatos de 8,8 en 2019 a 17 millones de euros en 2022. CCOO y UGT son los principales beneficiados, embolsándose 13 millones. Este incremento ha tenido lugar por la vía de la financiación que destina el Gobierno para la “realización de actividades de tipo sindical” y se distribuye en proporción a su “representatividad”, esto es, según los resultados globales obtenidos en las elecciones sindicales.
El incremento sustancial en 2022 es un 22% superior respecto a 2021, cuando la suma ya ascendió hasta casi 13,9 millones de euros. En 2021 el presupuesto destinado a los sindicatos respecto a años anteriores subió un 56,3%. De estos 13,8, aproximadamente 11,3 millones fueron destinados a CCOO y UGT. En total, desde que Yolanda Díaz ocupara la cartera del Ministerio de Trabajo, la partida destinada a las organizaciones sindicales se ha incrementado en un 93,2%. A esta cantidad se le suman más de 600.000 euros que, tanto CCOO como UGT, reciben respectivamente debido a su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social.
Pero esto no es todo. Hay que añadir los 100 millones de euros que tanto CCOO, como UGT y la CEOE recibirán de los fondos europeos para reformar 42 de sus sedes. Esto es así porque las direcciones de los sindicatos mayoritarios han sido los apoyos clave para aprobar dos de las condiciones que imponía la UE para el desembolso de los fondos “Next Generation”: la Ley Iceta y la reforma laboral.
Este jueves se aprobaba, tras un año de negociaciones entre CCOO y UGT con la CEOE la nueva reforma laboral. Unas negociaciones de las que toda la izquierda neorreformista del PCE y Podemos, así como los social-liberales del PSOE, han hecho bandera: la reforma de Yolanda Díaz se ha logrado elaborar, de este modo, sin que los trabajadores de las principales centrales sindicales del Estado salgan a luchar para, verdaderamente, arrancar mejoras a la patronal. La negociación sin lucha ha tenido por objetivo dejar intacta la reforma laboral de Rajoy, ahora aceptada por todos los partidos del régimen, y vendida por las burocracias sindicales como “la única opción” para la clase trabajadora.
Una reforma laboral que deja intacto el legado de las anteriores, en especial la del PP en 2012, y que satisface a la UE. Incorpora, asimismo, importantes ataques como la incorporación del Mecanismo RED, una institucionalización de la socialización de las pérdidas empresariales de sectores en crisis. La precariedad laboral seguirá siendo una lacra para una buena parte de la clase trabajadora en el Estado Español ya que la nueva reforma conserva el abaratamiento del coste del despido; la prevalencia general del convenio de empresa (salvo en tablas salariales); la posibilidad de descuelgue del convenio sectorial; la modificación unilateral de las condiciones contractuales en casos de crisis; y los ERE sin autorización administrativa, entre otros.
Las fuerzas de la izquierda sindical, que vienen avanzando en acuerdos de unidad de acción en todo el Estado, tienen por delante la responsabilidad de explicar y combatir el relato de Yolanda Díaz y la burocracia sindical de que estamos ante “una reforma histórica”. Llamar a asambleas en los centros de trabajo, reuniones de activistas, que empiecen esta importante tarea, que consulten a todos los trabajadores, también a los afiliados a CCOO y UGT, si están o no a favor de que se deroguen las contrarreformas laborales que el gobierno ha querido dejar intactas, y sobre todo, que empiece a organizar desde abajo un movimiento por su derogación real y para enfrentar la aplicación de las mismas en forma de EREs, convenios a la baja y despidos low cost.
