Integrantes de la comunidad originaria Chuschugasta manifestaron contra el voto del vocal Antonio Estofan a favor de los asesinos del líder comunero Javier Chocobar. La definición de la sentencia queda a cargo ahora del Juez Morales Lezica, quien debe desempatar la votación de los jueces de la Corte Suprema.
Juan Lobo @CanisLupus1917
Viernes 28 de agosto de 2020 18:01
Luego de que trascendiera que el vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Antonio Estofan, votó a favor de liberar a los condenados por el crimen del comunero Javier Chocobar, una delegación de integrantes de la comunidad Chuschugasta se manifestaron frente al palacio de Tribunales.
Familiares de Chocobar y la comunidad Chuschagasta vienen reclamando que la CSJT deje firme la sentencia por la cual se condenó a Darío Amín, Humberto “el Niño” Gómez y José Eduardo Valdiviezo por el crimen cometido en 2009. El máximo tribunal deberá decidir entre dejar firme una sentencia de 2018 o que Amín, Gómez y Valdiviezo gocen de una baja de las condenas o directamente la libertad.
La definición corre ahora a cargo de Luis Fernando Morales Lezica, vocal de la Cámara Penal, Sala II, del Centro Judicial capital, sorteado para desempatar la votación de la Corte Suprema, que debe decidir sobre la situación de los asesinos del líder comunero, un hecho que incluso está filmado, a pesar de lo cual los asesinos quedaron liberados ya que su condena nunca quedó firme.
Los Chuschugasta esperan que la justicia no siga dilatando la decisión que mantiene a los asesinos en libertad y denuncian que el relator de Estofán –quien voto en contra de la comunidad- es López Zavalía, un terrateniente que tiene conflictos con la comunidad vecina de Los Tolombón y denuncian también que la familia de este juez amenazó a los comuneros durante el juicio.
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No es la primera vez que la Justicia beneficia con la libertad condicional y juicios eternos que finalmente terminan en absoluciones a miembros policiales y vinculados al Estado que cometen graves crímenes. Los Chuschugasta tuvieron que esperar 9 años para llegar a la etapa del juicio ya que la justicia daba lugar a todas los recursos interpuestos por la defensa de los acusados. Finalmente el juicio condenó en octubre de 2018 al empresario Darío Amín a 22 años de prisión por homicidio agravado, entre otras imputaciones. También se condenó a los expolicías Luis Gómez y José Valdivieso a 18 y 10 años de presión respectivamente, como partícipes secundarios y responsable del delito de portación de arma de fuego sin debida autorización legal.
La comunidad denuncia una justicia racista “que no hace más que acentuar las desigualdades y violencia que desde hace más de 500 años venimos sufriendo y resistiendo los pueblos originarios”.
Y es que existe una clara alianza entre empresarios terratenientes con la casta judicial y el poder político para garantizar la impunidad de los empresarios y de la policía que los defiende.
Los comuneros Chuschugastas recibieron el apoyo de organizaciones de izquierda como el PTS en el Frente de Izquierda Unidad, Partido Obrero Tendencia, Frente Darío Santillán, entre otras; organizaciones de derechos humanos y las secretarías de DDHH y Medioambiente de las agrupaciones Medicina a la Izquierda y Lillo a la Izquierda.
