Grave. Comunidades indígenas denuncian que el INAI haría relevamientos territoriales a sus espaldas

Entre el lunes y el jueves de la semana pasada el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) convocó al primer encuentro presencial de la Mesa de Integración Indígena tras dos años de pandemia. Dicho espacio está estipulado por la Ley 23.302 (de 1985), que determina que cada pueblo originario reconocido legalmente en Argentina tendrá un representante en la Mesa para debatir y resolver sobre las diversas problemáticas que les afectan. El INAI depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Desde todo el país viajaron a la Ciudad de Buenos Aires unos 25 representantes elegidos por las comunidades de base de todos los pueblos reconocidos a nivel nacional. Junto a la presidenta del INAI, Magdalena Odarda, el vicepresidente Luis Pilquiman y el titular de la Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas, Alejandro Marmoni, entre otros, dedicaron largas horas a reuniones de debate y trabajo. Allí los funcionarios del Frente de Todos escucharon los diversos planteos de las comunidades y dieron sus explicaciones de las políticas oficiales. Además se comprometieron a impulsar en el Congreso distintos proyectos para mejorar y avanzar en diversas áreas.

“Estuvimos reunidos de lunes a jueves, tratando con representantes del Gobierno muchas de nuestras problemáticas, desde cuestiones territoriales hasta educativas, pasando por hechos de violencia contra nuestros niños, etcétera. La idea era que nos dieran pautas de cómo van a solucionar todas esas problemáticas”, dijeron fuentes de las comunidades a La Izquierda Diario tras esos días de intensa actividad. En ese marco, destacaron que “la ley de relevamiento territorial es la soga al cuello que tienen muchas comunidades y pueblos que ya están siendo desalojados de sus territorios, por una demora causada por la falta de trabajo del INAI”. De allí que el tema territorial es uno de los que requieren urgente solución.

Pero lejos de recibir una respuesta satisfactoria del Gobierno, esas mismas fuentes denuncian un hecho que interpretan de extrema gravedad. “Durante esos cuatro días de reuniones, tanto formales como informales, ninguno de esos funcionarios hizo siquiera mención a algo así como un ‘convenio’ con otras áreas del Gobierno para concretar el postergado relevamiento territorial. El mismo Marmoni dio un informe de situación, detallando qué pasa en las comunidades, pero nada dijo de que sería la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social la que vaya a tomar en sus manos esa tarea. De eso nos enteramos el viernes a la tarde por un video donde Juan Grabois dice que ellos se van a hacer cargo. Fue como una bomba para nosotros”, confiaron a este medio.

El video al que se refieren las comunidades es un fragmento de la intervención del referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y del Frente Patria Grande durante un encuentro con el magnate Gustavo Grobocopatel realizado el viernes pasado en el marco de “Segundo Encuentro Nacional de Intercambio Técnico con la Economía Popular” en la Universidad Nacional de Córdoba.

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En su alocución, Grabois dice: “logramos que el INAI le delegue a la Secretaría de Integración Urbana, que no tiene mucho que ver pero por lo menos labura, la facultad de hacer una parte de ese relevamiento”. Se refiere a la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) que funciona bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Juan Zabaleta. Al frente de la SISU se encuentra Fernanda Miño, una catequista de 47 años que llegó a ese cargo con Daniel Arroyo en diciembre de 2019 y es una de las colaboradoras más estrechas de Grabois en el MTE.

Cuando el video circuló en grupos de Whatsapp de las comunidades originarias primero causó sorpresa, luego indignación y bronca. Diversas fuentes de esas comunidades aseguran que es muy poco lo que Miño, Grabois y demás referentes de la SISU pueden saber de la realidad que viven las cientos de comunidades indígenas a lo largo y ancho del país. “Nos parece una irresponsabilidad y una falta de respeto total a quienes venimos trabajando intensamente en este tema desde hace muchísimo tiempo, incluso siendo desalojados y reprimidos sistemáticamente por el propio Estado”, dicen a este medio.

Recién el sábado a la tarde, cuando los representantes ya habían vuelto a sus territorios, el INAI publicó en su página web un texto en el que, afirma, “resulta importante dejar en claro” los alcances del “convenio de cooperación” acordado entre el Instituto y la Secretaría de Integración Socio Urbana. Sin dudas las protestas ya habían llegado a los oídos de Odarda y compañía. Pero el dato relevante es que el INAI reconoce formalmente lo que un día antes Grabois había anunciado informalmente sentado junto a Grobocopatel.

“Nadie discute que la colaboración entre diferentes áreas del gobierno ayude a acelerar procesos que vienen siendo postergados hace años. Pero acá no se trata de eso, sino de que se anuncian alegremente convenios o cooperaciones pasando por encima a los propios sujetos de derecho a quienes, supuestamente, se busca atender. Tenemos todo el derecho a preguntarnos, entonces, por qué si es tan bueno el ‘convenio’ lo manejan en secreto y a nuestras espaldas”, explican las fuentes a La Izquierda Diario.

Durante todo el fin de semana en las comunidades resonó la misma pregunta: “¿cuál es la razón por la que el INAI hace un convenio con otro organismo del Estado sin informarnos siquiera, cuando en verdad deberíamos ser parte de la toma de decisiones como ésta?”. Por eso el domingo a la noche, tras escuchar y leer las “explicaciones” del INAI, la Organización del Parlamento Mapuche Tehuelche de la Provincia de Buenos Aires, con adhesión de otros pueblos y comunidades que integran la Mesa de Participación Indígena, difundió un comunicado en el que fija su posición.

En el texto afirman que, “habiendo mantenido una reunión nacional entre la Presidencia y funcionarios del INAI con los Representantes Indígenas de la Mesa de Participación Indígena, convocada por el INAI desde el día 19 al 22 de abril (...) en ningún momento se los informó que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se encuentran trabajando de manera coordinada para llevar adelante los relevamientos territoriales”.

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“Este accionar omisivo, configura una absoluta violencia institucional para con los pueblos y comunidades indígenas del país que, por medio de un video, y a través de las expresiones del Sr. Juan Grabois, nos enteramos que el INAI le delega al SISU (Secretaria de Integración Socio Urbana), la facultad de hacer el relevamiento territorial de comunidades indígenas”, dicen desde el Parlamento Mapuche Tehuelche. Y agregan que esas expresiones de Grabois trajeron “una enorme preocupación al interior de las comunidades y pueblos indígenas, a merced de desalojos y violencias explícitas”.

Sobre la publicación “aclaratoria” que difundió el INAI el sábado, donde se afirma que “el objetivo de este acuerdo de trabajo interministerial es la igualdad y el cumplimiento de derechos”, el Parlamento Mapuche Tehuelche bonaerense y otras comunidades se preguntan “¿por qué no se consultó sobre esta modalidad y por qué no se les dijo a los representantes CPI reunidos por primera vez luego de la pandemia con las autoridades del INAI entre 19 y 22 de abril en CABA que se había realizado este acuerdo?”

Una de las razones del INAI para justificar que en dos años y medio aún no se avanza con el relevamiento territorial es el paso de la pandemia de coronavirus. Desde las comunidades responden que “la pandemia no puede ser la excusa perfecta para no responder las demandas y urgentes necesidades de los pueblos indígenas desde un organismo que ha sido creado para tal fin. Quienes vivimos en territorio sabemos claramente que la falta de respuesta significa la muerte, lisa y llanamente, de nuestra gente, que viene muriendo desde hace años y antes de la pandemia por falta de compromiso y de respuestas”.

Para las comunidades, la “omisión de nuestros derechos”, la “falta de consulta” y la “negación de información” resultan ser de “una violencia extrema por parte del Estado. Nosotros, que habitamos grandes extensiones en sectores urbanos, periurbanos y rurales, donde permanentemente se confunde el estado territorial originario con gente que quiere enmascarar la toma de tierras para otros fines, vemos con absoluta preocupación y alerta la irresponsabilidad del INAI y los organismos que supuestamente están trabajando sobre convenios, al que ninguno de nosotros tuvo acceso y/o conocimientos”.

En ese sentido, desde el Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia de Buenos Aires y otras comunidades exigen “al Gobierno nacional, al INAI y los organismos correspondientes convoquen de urgencia a los representantes de la Mesa de Participación Indígena a fin de informar, tranquilizar a las bases de los territorios que se encuentran en extrema vulnerabilidad y los hacemos responsables por cualquier situación de violencia que acarree este acuerdo inconsulto al interior de los pueblos y comunidades”.

Según pudo saber este diario, en los últimos días hay fuertes rumores de renuncias dentro del INAI, producto entre otras cosas de este tipo de maniobras y acciones a espaldas de las comunidades que vienen siendo denunciadas por los representantes originarios. De hecho, aseguran las fuentes, la mayoría de quienes trabajan en el INAI sin cargo político desconocían el convenio de cooperación con la Secretaría de Integración Socio Urbana. Las internas del Frente de Todos proliferan aún en áreas donde, supuestamente, no habría “grietas”, dejando un tendal de víctimas que siguen siendo vulneradas por quienes gerencian el Estado capitalista. Nada nuevo bajo el sol.