Un par de comunidades indígenas de Oaxaca, Puebla y la familia de un activista asesinado en Chiapas hace ocho años se han dirigido a instancias internacionales para reclamar justicia por diversas violaciones a los derechos humanos.
Martes 20 de febrero de 2018
Apoyados por organizaciones defensoras de los derechos humanos demandan justicia por los agravios sufridos y la investigación a fondo de las atrocidades de las trasnacionales ante el silencio cómplice de las autoridades mexicanas y de la embajada de Canadá en México, que hicieron caso omiso a sus demandas.
En diciembre pasado pobladores de la comunidad de Ixcamaxtitlán, en Puebla, viajaron a Canadá para instar al gobierno e inversionistas de dicho país, a prevenir las violaciones a los derechos humanos y daños ambientales ocurridos en la comunidad, cuestiones derivadas de un proyecto llevado a cabo en la región poblana por la empresa Almaden Minerals.
Los representantes de la comunidad junto a la organización PODER estuvieron en Ottawa, Vancouver y Kamloops y se reunieron con funcionarios gubernamentales, pueblos indígenas e inversionistas canadienses, a los que expusieron su caso y pidieron apoyo para detener el proyecto minero de Almadens Minerals.
Así mismo, propusieron exigir una mayor rendición de cuentas a las empresas mineras canadienses que lleven sus actividades fuera de su país para evitar que, como ha venido ocurriendo, dichas empresas dejan a su paso devastación de ecosistemas completos, graves problemas de salud en las comunidades cercanas a las minas y desabasto y contaminación del agua, entre otras problemáticas.
El día 5 de febrero los familiares del activista Mariano Abarca Robledo, asesinado en noviembre de 2009, junto a organizaciones de México y Canadá entregaron una denuncia administrativa al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá (PSIC, por sus siglas en inglés), para exigirle que abra una investigación a partir de las acciones y omisiones de la embajada canadiense en México en lo relacionado al asesinato del activista.
Don Mariano Abarca Robledo era un activista opositor a la empresa minera Blackfire Exploration en Chicomuselo, Chiapas. Sostuvo una campaña para impedir la contaminación del agua y la devastación del suelo que originaba la extracción en la mina de ese lugar.
En palabras del hijo de Mariano Abarca y también ambientalista, José Luis, su padre se oponía a las actividades de la minera debido a que:
"se estaban suscitando muchos problemas sociales, medioambientales, de corrupción por el presidente municipal, donde la empresa minera pagaba al presidente municipal para que mantuviera la ’paz’".
José Luis, sintetiza bastante bien una parte de la realidad mexicana: “la República Mexicana es tumba de defensores de derechos humanos. En el país, se castiga con la muerte a quienes levantan la voz para que se respeten sus territorios, usos y costumbres, salud y medio ambiente”.
Por otra parte, la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, apoyada por el Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC), presentó el pasado 8 de febrero una queja ante el Punto Nacional de Contacto (PNC) en Francia, instancia intermediaria de la OCDE, para alertar que las actividades de la transnacional Electricité De France (EDF Group) podrián estar violentando los derechos humanos en dicha comunidad.
A inicios del año pasado la comunidad recabó pruebas de la instalación de un parque eólico por parte de la empresa Eólica de Oaxaca, filial de EDF Group, que ocasionaría grandes afectaciones para la zona
El abogado y coordinador del Área de Justicia Transnacional de ProDESC, Julio Antonio López, relató que en febrero de 2017 la Secretaria de Energía otorgó la concesión sin que existiera la debida consulta a las comunidades que se verían involucradas y estarían directamente afectadas.
Esta situación refleja el despojo, el saqueo y la violencia que generan la voracidad de las grandes empresas transnacionales, mismas que son avaladas y auspiciadas por las concesiones de un gobierno sumiso ante ellas y sus planes de expansión.
Precisamente las regiones poco desarrolladas de Puebla, Oaxaca y Chiapas son el próximo botín de los grandes capitales extranjeros, para quienes Peña Nieto y su gobierno están desarrollando los proyectos de Zonas Económicas Especiales.
