Sin alcanzar las reivindicaciones mínimas, la semana pasada los sindicatos mayoritarios desconvocaron la huelga general educativa anunciada para el próximo 9 de febrero en Catalunya. ¿Quién pone palos a la rueda?
Marta Clar Barcelona | @MartaClar1
Lunes 30 de enero de 2017
En los pasillos de los colegios y los institutos las voces menos optimistas ya preveían un final como este. La convocatoria fue tomada con poco entusiasmo por los sindicatos mayoritarios y finalmente, como era previsible, la burocracia sindical de USTEC-CCOO-UGT-ASPEC desconvocó la huelga anunciada para el 9 de Febrero con la oposición de la CGT.
El acuerdo alcanzado, resultado de las negociaciones a puerta cerrada con Ensenyament y presentado como una victoria sindical, y parcialmente como un triunfo de la CUP frente al Gobierno de JxSí, anuncia medidas que ya formaban parte de las propuestas de acuerdo para los presupuestos. Es decir, medidas tomadas previamente a la negociación con los sindicatos, que están muy por debajo de las reivindicaciones mínimas acordadas para desarrollar la huelga educativa del próximo 9 de Febrero.
¿Qué reivindicaciones se incluyen y qué reivindicaciones quedan fuera del acuerdo?
La huelga del 9 de Febrero exigía una batería de medidas de vital importancia para frenar la precariedad que los últimos años de constantes recortes habían impuesto en el sistema educativo público, como el retorno al horario lectivo de 18 horas en secundaria y 23 horas en primaria. La sustitución de todo el personal desde el primer día y desde el 1 de Septiembre. La reducción de dos horas lectivas a los mayores de 55 años y el cobro de julio del personal sustituto. Ningún cierre de aulas en colegios públicos y reducción de rátios. Oferta pública suficiente para garantizar la estabilidad del personal interino y reducir la inaceptable tasa de interinidad actual.
Sin embargo, el acuerdo alcanzado con Ensenyament se aleja mucho de estas medidas y como denuncia la izquierda sindical no abordan ningún cambio estructural. El acuerdo consiste en incorporar 3500 plazas docentes más durante el curso 2017-2018 para reducir una hora lectiva al profesorado, aumentar el desdoblamiento y cubrir las bajas de más de siete días desde el primer momento, dejando a un lado el compromiso de reducir una segunda hora lectiva, y 2859 hasta el curso 2019-2020.
Pero no es oro todo lo que reluce y de estas nuevas plazas, ta sólo 2000 serán definitivas. Esto significa, por una parte que no serán suficientes ni siquiera para cubrir las las jubilaciones; por otra, que las plazas al no salir por oposición están destinadas a ser de interinaje o sustituciones, aumentado la contratación precaria entre docentes. El acuerdo tampoco prevee cerrar líneas con los centros privados, por lo que es muy probable que siga vigente el financiamiento de estos centros con dinero público. De hecho, hasta la fecha la Generalitat subvenciona con 30 millones de euros anuales 16 centros del del Opus Dei, una cifra que se ha mantenido prácticamente inamovible pese a los recortes contínuos. Las medidas pactadas están muy por debajo de las exigencias que a día de hoy pone sobre la mesa el conjunto de la comunidad educativa.
Del acuerdo tan sólo puede decirse que, lejos de significar un triunfo para el profesorado o un primer paso para avanzar en la pelea por la educación pública, expresa la lógica inmovilista que la burocracia sindical viene imponiendo desde hace años. Si la discusión de los presupuestos ha dejado algo de manifiesto es que los trabajadores no tienen ningún motivo para seguir dándoles su confianza a las direcciones que continuamente les traicionan.
La necesidad de avanzar hacia un plan de lucha en defensa de la educación pública, verdaderamente democráctico, basado en las asambleas por centro y no en las reuniones a espalda de los trabajadores se hace cada día más urgente, pero tan solo podrá lograrse construyendo la más amplia alianza entre todos los sectores que forman parte de la comunidad educativa, desde el profesorado precario y la juventud universitaria asfixiada por las tasas hasta los jóvenes de secundaria que salen a las calles en contra de las reformas educativas y los recortes en educación.
