Uno de los focos en la Comunidad de Madrid donde el Gobierno regional continúa sus políticas de recortes que estrangulan la asistencia sanitaria, sobre todo en atención primaria.
Martes 21 de diciembre de 2021 20:12
Los contagios diarios por coronavirus en el Estado español alcanzaron este martes la cifra más alta en lo que va de pandemia, con 49.823 nuevos casos en el último día y un aumento de 86% en la incidencia, con los 695 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.
La sexta ola ya es un hecho. En apenas dos semanas, el impacto de la variante Ómicron en el Estado español alcanza el 47% del total de infecciones, disparando la incidencia con cerca de 80 mil nuevos positivos en el fin de semana. Estos datos, no obstante, podrían estar por detrás de la realidad. La saturación de la atención primaria y la incapacidad del sistema público para testear a personas con síntomas y contactos puede estar ocultando la gravedad de la situación y facilitando una enorme transmisión comunitaria.
Aparentemente el efecto alta de la cobertura de vacunas, que roza el 80% con las dos dosis, reduciría el porcentaje de positivos que desarrollan enfermedad grave. Sin embargo, el exponencial aumento de casos amenaza con colapsar de nuevo el sistema público de salud, en meses que aparecen otras enfermedades respiratorias. Algunas comunidades autónomas, como Catalunya, ya están en el 30% de camas de terapia intensiva ocupadas por covid19 y otras, como el País Vasco, han anulado todas las intervenciones quirúrgicas no urgentes u oncológicas.
En la región de Madrid el espectáculo comienza a ser dantesco. Las urgencias de diversos hospitales públicos en la Comunidad de Madrid se vieron desbordados por las peticiones de atención de los pacientes durante el pasado fin de semana. Con las urgencias de los centros de salud cerradas, lo están así desde marzo de 2020 por decisión de la presidente a de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la incidencia en plena expansión los recursos hospitalarios durante el pasado fin de semana se tensaron al máximo.
Solo en el hospital de Fuenlabrada se hicieron más de 1.700 testeos entre el sábado y el domingo. Dando un índice de positividad bastante alto de 22%, lo que vaticina un auténtico tsunami de personas contagiadas que están pululando por ahí, la mayoría ya seguramente con la variante super contagiosa ómicron. Pacientes posiblemente contagiados por coronavirus que como no están recibiendo la debida respuesta de atención sanitaria ante el colapso de los centros de salud, las citas tardan más de 14 días de media tanto presenciales como por teléfono, siguen yendo al trabajo o viajando en el transporte público puesto que están a la espera de una confirmación por PCR. Por eso se han comenzado a ver los últimos días grandes colas en los centros de salud, con todo tipo de enfermos mezclados en las mismas rutas de atención, lo que es un auténtico peligro para aumentar los contagios.
Frente a ese aumento la presidenta del gobierno local, Ayuso, reaccionó reafirmando sus políticas de desatención y desmantelamiento estructural sanitario, se centró en defender los intereses económicos empresariales, señalando que: “No estoy en disposición de acordar más restricciones ahora mismo a los ciudadanos porque no estoy en condiciones de cambiar la estrategia sanitaria y económica que hemos mantenido en la Comunidad de Madrid a lo largo de estos dos años”.
O lo que es lo mismo, nada de nuevas inversiones o contrataciones masivas de profesionales sanitarios para reforzar los centros de salud, nada de reabrir las urgencias y combatir el estrés y el cansancio acumulado de los y las trabajadoras sanitarias. Aunque eso sí, todo abierto libremente a disposición del consumo y del gasto navideño. O como destacaba el presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez-Bayle: “todo abierto menos los centros de salud”. Añadiendo que, con sus políticas, Ayuso, “pone por delante la libertad del negocio de los comercios y bares, por encima del derecho a la salud y la protección de la salud de la población”.
La situación se agrava por los despidos de trabajadores de la salud. En cada una de las olas que se han producido desde entonces la situación ha sido la misma. Tras la bajada del pico los refuerzos quedaban en la calle, la carga de trabajo de quienes permanecían seguía siendo insostenible – teniendo que atender todas las afecciones no urgentes pospuestas que han engrosado estratosféricamente las listas de espera – y cuando los contagios volvían a aumentar... nuevas contrataciones temporales y precarias que volvían a quedar en la calle dos o tres meses después.
La precariedad e insuficiencia de recursos estructural de un sistema ya de por sí golpeado por una década de recortes no ha sido en absoluto revertida. Los aumentos presupuestarios han sido absorbidos por el aumento del gasto para la atención de la sobrecarga de pacientes. Pero la capacidad instalada de hospitales, centros de salud o laboratorios permanece prácticamente igual a lo que teníamos en marzo de 2020.
Solo en el último otoño 60 mil trabajadores de la salud han sido despedidos en todo el Estado español, y los que han renovado contrato, como los catalanes, lo han hecho en condiciones precarias de escándalo. En Comunidades como la de Madrid, la gestión neoliberal de Ayuso ha cerrado y desmantelado la atención primaria, que está ya colapsada. O en Catalunya se ha mantenido el modelo semi-privatizado del CatSalud, con concesiones a dedo escandalosas como la del servicio de rastreo a Ferrovial.
Ante este panorama se hace vital organizarse y luchar para levantar un programa de defensa de la sanidad pública digna y de calidad para detener los ataques por desinversión y privatizaciones y pasar a la ofensiva para mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores del sector sanitario acabando con la precariedad y las malos salarios y pésimas condiciones de trabajo. En vías a la creación de comités de defensa de la sanidad pública en cada centro sanitario, hospitales, centros de salud, etc. que vigile y unifique las luchas ante cualquier agresión o intento de desmantelamiento o privatización.
