Neuquén. “Con causas penales, represión y miedo no van a poder parar la bronca”

El derecho a la protesta es el primero de todos los derechos ya que sin ese derecho los gobiernos pueden violentar los demás sin que el pueblo trabajador pueda impedirlo. Así defendieron las organizaciones sociales su derecho a la protesta y la anulación de todas las causas contra sus referentes en la audiencia con el Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, José Gerez.

La fiscal Paula González inició la semana pasada causas a las y los referentes de las organizaciones sociales que protagonizaron un acampe frente a Casa de Gobierno reclamando por los puestos de trabajo, por comida para los comedores y el pago de los programas adeudados.

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“Los y las referentes de las organizaciones sociales están notificados de una causa por supuesto corte de calles producto del acampe que realizaron unas semanas atrás. Apuntar con esta figura penal y a los y las referentes de las organizaciones entronca con la política represiva del gobierno nacional. Se suma al protocolo de la ministra de Seguridad Patricia Bulrich y a la intentona fracasada de la Ley Ómnibus de agravar estas figuras penales y perseguir a los dirigentes como método para sembrar el miedo”, aseguró el abogado Mariano Pedrero.

Y contó que este fue el planteo que le hicieron al fiscal Gerez. “Porque con causas penales, con represión y con miedo no van a poder parar la bronca y la lucha de quienes salen a defender sus derechos más elementales: la comida, el salario, el trabajo. El plan de ajuste ya se está padeciendo y los trabajadores y el pueblo han demostrado con el paro del 24, con las asambleas barriales, con los cacerolazos, con los acampes y con la resistencia durante los días que sesionó el Congreso qué hay voluntad de dar pelea".

"El Estado tiene que atender las cuestiones de fondo y no responder con represión. En este sentido, dejamos planteado que la causa iniciada tiene que ser inmediatamente archivada”, afirmó Pedrero.

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Por su parte Diego Mauro, referente del Frente de Organizaciones en Lucha de Neuquén explicó que exigieron al fiscal José Geréz la nulidad de las causas que les iniciaron y denunció que viene siendo una política sistemática por parte del gobierno provincial criminalizar a quienes se manifiestan en la capital neuquina.

También reclamaron que se convoque desde el Ministerio Público Fiscal a una mesa de diálogo con el gobierno provincial para encontrar una solución a los reclamos de las organizaciones sociales. “Son más de 740 los compañeros y compañeras que están sin trabajar desde enero por la falta de continuidad en las obras. No hay alimentos en los comedores. Hace más de un mes y medio que no se cobran los programas provinciales”, denunció Mauro.

El ministro de Trabajo Lucas Castelli lanzó una campaña de estigmatización contra las organizaciones sociales nucleadas dentro de la Cooperativa Viento Sur Limitada. Las acusó de recibir una cifra millonaria de la administración provincial anterior y no rendir cuenta por esos fondos. Con esa excusa los programas provinciales, las partidas alimentarias para los comedores y toda la asistencia social está frenada.

Una familia necesitó en el mes de enero 710.675 pesos para no ser pobre

Una política criminal en medio de una crisis social que se profundiza en el país y en la provincia de Vaca Muerta donde una familia necesitó en el mes de enero 710.675 pesos para no ser pobre.

La situación en los barrios es compleja, lamenta Liliana Larroza referente del FOL. “Tanto el gobierno nacional como provincial no están dando los recursos que veníamos teniendo. Entonces los comedores no están funcionando porque no están bajando los alimentos”, denunció la referencia, a pesar del compromiso asumido por el gobierno el miércoles último en la reunión con las organizaciones sociales.

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La situación es angustiante para nuestros compañeros y compañeras que realmente no tienen que comer

“La situación es angustiante para nuestros compañeros y nuestras compañeras que realmente no tienen que comer. Uno entiende que puede haber una transición de gobierno, pero ya el hambre y la falta de laburo es muy fuerte”, dijo en el mismo sentido, Soledad Urrutia de la CTEP.

Avanza la política represiva en el Alto Valle

El abogado Mariano Pedrero contó que en Neuquén y el Alto Valle se siente la ofensiva de la política represiva y de criminalización de la protesta social. “En estas semanas el Poder Judicial Federal reactivó causas muy viejas como la de 2017 contra el Frente de Organizaciones en Lucha de General Roca, donde hay un procesamiento increíble por coacción y extorsión y otra del Juzgado Federal de Zapala del 2021 en la que se procesó a enfermeros y enfermeras, docentes y vecinos que se manifestaban en apoyo a la lucha por condiciones laborales de los trabajadores autoconvocados del sistema público de salud al final de la pandemia de coronavirus”, alertó el abogado de las trabajadoras y trabajadores autoconvocados de Salud.

Y denunció: “ A los que estuvieron en los hospitales en las horas más difíciles, los procesan por corte de ruta y los embargan en medio millón de pesos. Estos, junto con la causa a las organizaciones sociales de la provincia, son el ejemplo de por dónde quieren ir”.

Es necesaria la unidad para enfrentar el ajuste y tirar abajo la ofensiva judicial reaccionaria

Pedrero reflexionó sobre la necesidad de buscar la unidad "para enfrentar el ajuste y para tirar abajo esta ofensiva judicial reaccionaria. Se puede. La derrota estrepitosa de la Ley Ómnibus es un ejemplo”, concluyó.