En su carta reconoció que hay presiones devaluacionistas y que la fuga realizada por empresarios es parte del problema. Pero propuso un pacto social también con ellos para resolver la crisis del dólar que “es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales.” La única salida a favor de los trabajadores no es con todos, implica desconocer la deuda con el FMI, y afectar las ganancias empresarias.

Guadalupe Bravo Economista | @GuadaaBravo
Lunes 26 de octubre de 2020 22:54
El día previo a cumplirse 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner y del triunfo electoral del actual Gobierno, la vicepresidenta publicó una carta en su sitio web. Allí opinó sobre la situación económica -reivindicando los pagos de la deuda- y se refirió a la crisis del dólar en lo que definió como una “economía bimonetaria”. También remarcó que los empresarios ganaron mucho más bajo gobiernos peronistas.
También llamó a la conformación de un acuerdo social con todos los sectores como salida a la crisis. A continuación repasamos tres puntos clave de la carta en materia de economía:
*Sobre los empresarios: les reprochó el maltrato al presidente en el reciente coloquio de IDEA. Señaló que con la asunción de Mauricio Macri como Presidente “se inauguró una gestión de gobierno conducida por empresarios que receptó en sus políticas públicas todas y cada una de las demandas de los distintos factores de poder económico”.
Sin embargo, se encargó de enrostrarles que “es notable, sobre todo en el empresariado argentino, el prejuicio antiperonista. Notable y además inentendible si uno mira los resultados de los balances de esas empresas durante la gestión de los gobiernos peronistas o kirchneristas". Es decir, volvió a remarcar que en los 12 años de kirchnerismo los grandes empresarios se la llevaron en pala.
Aún en pandemia, y en el marco de una crisis social creciente, Alberto Fernández continúo una política destinada a salvar las ganancias del gran empresariado. Lo hizo con medidas como la ley del Conocimiento Económico, el programa ATP para pagar sueldos (incluyendo al comienzo a grandes empresas que no tenían pérdidas), o los subsidios a empresas que se endeudaron bajo el macrismo y logren reestructurar sus deudas en dólares, entre otros. Incluso, el modesto impuesto a las fortunas, que no afecta ni a ganancias de empresas ni a la banca, sigue sin fecha de discusión en el recinto del Congreso.
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*Pagadores seriales: otro de los puntos que resaltan, en un ida y vuelta entre los gobiernos kirchneristas y la pesada herencia macrista, está relacionado al tratamiento de la deuda pública.
Bajo el kirchnerismo, la misma Cristina Kirchner reivindicó sus gobiernos como “pagadores seriales” de la deuda pública. Y no faltaba a la verdad. Se hizo luego de la última gran crisis de deuda en 2001, cuando la economía comenzó a crecer acompañada por los pujantes precios internacionales de las materias primas y los beneficios para el ala exportadora del 300% de la devaluación de 2002.
En aquellos años de crecimiento a tasas chinas y de abundancia de dólares, el pago de la deuda implicó una sangría formidable de recursos. En total se desembolsaron más de u$s 200.000 millones pero la deuda no dejo de crecer. Eso incluyó el pago al FMI por u$s 10.000 millones, algo que fue presentado como la "compra de soberanía". Los megacanjes de 2005 y 2010 -que entre otras cosas otorgaron la posibilidad de litigios a los holdout en territorio extranjero- implicaron un enorme negociado para los especuladores que habían comprado bonos de la deuda por montos irrisorios.
Aquella permanente salida de recursos se hizo en detrimento de mejorar la salud pública, que sufre un desfinanciamiento crónico hace décadas como quedó expuesto durante la pandemia. También en detrimento de reducir el déficit habitacional o incrementar el presupuesto de la educación pública. Los pagos de la deuda que reivindica Cristina prepararon las condiciones para el nuevo ciclo de endeudamiento macrista.
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La vicepresidente critica lo actuado por el gobierno de Cambiemos. Señala que “apenas asumió liberó la cuenta capital, levantó el cepo y decidió la apertura indiscriminada de importaciones dando inicio al período de endeudamiento más vertiginoso del que se tenga memoria y que culminó con un inédito préstamo para los argentinos y para el mismísimo FMI de 44 mil millones de dólares, destinado a financiar la campaña electoral para la reelección de Mauricio Macri como presidente.”
Sin embargo, apenas asumió, Alberto Fernández se encargó de confirmar que su gobierno pagaría cada dólar de esa deuda ilegítima y fraudulenta, sin siquiera investigarla. Volvieron los pagadores seriales.
Continuar atados a los pagos de una deuda contraída contra los intereses del pueblo trabajador, perpetuando las condiciones de atraso y dependencia no es la solución, sino parte del problema. Se trata de un círculo que se repite. Desde la dictadura a esta parte se pagaron más de u$s 600 mil millones, pero la deuda pública siguió creciendo: actualmente alcanza los u$s 323 mil millones.
*La “economía bimonetaria” y la crisis del dólar: finalmente la vicepresidenta decidió aprovechar la carta para proponer una salida a la actual crisis. Utilizó el término de “economía bimonetaria” para referirse al alto nivel de dolarización existente. En palabras de Cristina se trata del uso “del peso argentino que el país emite para las transacciones cotidianas y el dólar estadounidense que el país -obviamente- no emite, como moneda de ahorro y para determinadas transacciones como las que tienen lugar en el mercado inmobiliario.”
Además, en la carta se reconoce que la restricción externa es un problema de base estructural de la economía del país, no “ideológico”. Por eso explica “todos los gobiernos nos hemos topado con él", en referencia puntual a su mandato y a la experiencia del macrismo.
Luego señala que no es una “cuestión de clase”, ya que “los dólares los compran tanto trabajadores para ahorrar o para hacer una diferencia que mejore el salario, como empresarios para pagar las importaciones necesarias para hacer funcionar su empresa, para ahorrar y también, bueno es decirlo, para fugar formando activos financieros en el exterior, siendo esta última actitud una de las que más han contribuido a las crisis cíclicas de la Argentina".
Una definición forzada, ya que no es comparable el impacto de la demanda del pequeño ahorrista, que busca en el dólar un refugio frente a una creciente inflación, con el rol de los empresarios que en sólo 4 años de macrismo fugaron más de u$s 86.000 millones.
Dentro del relato cristinista de una “economía bimonetaria”, lo cierto es que subyace un problema de fondo en el faltante de dólares. La restricción externa es estructural, en tanto responde a un modo de funcionamiento de la economía en un país atrasado y dependiente. Esto implica un constante saqueo de recursos que se van en forma de fuga de capitales, de remesas de utilidades de multinacionales, y en pagos de la deuda como vimos más arriba.
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La salida a la crisis ¿es con todos?
Para la ex presidenta sí. En su carta llama a poner en pie un pacto social: “El problema de la economía bimonetaria que es, sin dudas, el más grave que tiene nuestro país, es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina.”
Esto incluye a aquellos que según sus palabras vienen de endeudar al país en los últimos 4 años. O a quienes se beneficiaron con enormes tarifazos en los servicios públicos, que el Gobierno actual mantuvo. También con los sectores del empresariado local, del campo y la industria, que especulan con una devaluación. A pesar de la baja a las retenciones de la soja, y de los beneficios empresariales, la distancia entre la brecha cambiaria y la cotización oficial, expresa dudas respecto al rumbo de la economía y una pugna de intereses. Ellos son parte del problema, ya que buscan avanzar en una devaluación que destruya los salarios.
La experiencia del pacto social de 2002 entre empresarios, la cúpula sindical y el Gobierno de Duhalde probó que nada bueno puede salir de ese acuerdo para los trabajadores y sectores vulnerables. El Gobierno pretende votar esta semana un Presupuesto para 2021 con recorte del gasto -incluyendo el área social y salud- y confirma que el IFE no continuará. Según estimaciones de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) las exenciones fiscales contenidas en el proyecto de Presupuesto para funcionarios judiciales o mineras, reducirían en un 10 % la recaudación impositiva y alcanzarán el 2,64% del PBI.” Representan el 11,86% del presupuesto total financiado con gasto público, 4 veces más de lo que proyecta destinar el Estado en 2021 a las AUH y Asignación Universal por Embarazo.”
Frente al contexto de crisis económica global sin precedente, otra salida es posible. Para poner punto final al saqueo de recursos de la deuda, es preciso plantear un desconocimiento soberano de la deuda con el FMI. Acompañado de un plan integral que incluya la nacionalización de la banca y del monopolio del comercio exterior, para frenar la salida de divisas. Invirtiendo las prioridades y poniendo los resortes de la economía verdaderamente en función de las necesidades sociales.
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Guadalupe Bravo
Nacida en Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires en 1985. Es economista, recibida en la UBA. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 2004. Coedita la sección de Economía de La Izquierda Diario.