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Red Internacional
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Presupuesto 2019. Con el apoyo del peronismo, la Legislatura de Jujuy aprobó el presupuesto a Gerardo Morales

En la última sesión legislativa del año, Cambia Jujuy con el apoyo del peronismo aprobó el presupuesto 2019. El Frente de Izquierda lo calificó como “un presupuesto de ajuste” y cuestionó la ausencia de los sindicatos al momento de la votación.

Jueves 13 de diciembre de 2018 23:39

Tras un largo debate, la Legislatura jujeña cerró sus sesiones con la aprobación de dos leyes claves para la gestión de Gerardo Morales: el presupuesto 2019 y la nueva ley impositiva de la provincia, ambas acompañadas por el bloque justicialista. Antes del tratamiento del orden del día, la diputada Débora Juarez Orieta, quien fuera electa como parte del frente Cambia Jujuy y luego se abriera y formara un bloque unipersonal, presentó una cuestión de privilegio contra el fiscal del Ministerio Público de la Acusación Lello Sánchez. El motivo fue un allanamiento realizado esta mañana en su domicilio particular, sin una orden judicial y violando sus fueros como legisladora.

El conjunto de la oposición cuestionó en duros términos la utilización del Poder Judicial para la persecución de la oposición, más allá de la existencia o no de causa alguna contra la diputada. Alejandro Vilca del PTS-Frente de Izquierda aseguró que “si el Poder Judicial de Gerardo Morales actúa así contra una diputada provincial con fueros, qué queda para un trabajador o un desocupado que sale a reclamar por sus derechos. Esto es parte de la persecución del Gobierno a los opositores, por eso en este año detuvieron a dirigentes sindicales y sociales, en estos momentos están siendo enjuiciados estudiantes por oponerse al cierre de su colegio, metieron presa violando los fueros a la concejala del PTS-Frente de Izquierda Andrea Gutiérrez.”
Finalmente por unanimidad la Legislatura aprobó tratar en Comisión de Asuntos Institucionales la cuestión de privilegio presentado por la legisladora.

“Oposición responsable” (del ajuste)

A la hora del tratamiento del presupuesto 2019 se escucharon distintas voces críticas. Las más duras vinieron de los diputados del Frente de Izquierda quienes, junto al FUyO y la diputada Juárez Orieta, se opusieron a lo que calificaron como un “presupuesto de ajuste”.

Eduardo Hernández del PTS-Frente de Izquierda denunció que “este gobierno vino a presentar un presupuesto de ajuste general, son varias las áreas que van a verse afectadas. Unos de los puntos que más va a sufrir recortes es el salario de los estatales, docentes, municipales, etc. Sin ponerse siquiera colorado, el ministro Sadir estableció una pauta de recomposición salarial del 22% cuando en el presupuesto nacional aprobado recientemente se estableció que la inflación rondaría el 35% el año que viene. A las claras, la política salarial del oficialismo va a ser de recorte, haciendo que los trabajadores seamos los que otra vez más paguemos la crisis”. El diputado contó que en el plenario de comisiones donde se expuso sobre el presupuesto “Sadir volvió a esgrimir la recursiva frase ‘quisiéramos pagarles más pero es lo único que podemos’, cuando a las claras sabemos que esto es una cuestión de prioridades y políticas que llevan adelante. Recortan el salario de los trabajadores pero al mismo tiempo votan una ley fiscal que entre otras cosas reduce los ingresos brutos a los grandes empresarios”.

Por su parte, Natalia Morales denunció que “las mujeres no tenemos nada que festejar con un presupuesto nacional de ajuste votado por Cambiemos y el PJ a favor del FMI y en contra nuestra. Sólo 5.528 millones de pesos se destina a programas vinculados a los derechos de las mujeres y la diversidad sexual, equivalente al 0.13 % del presupuesto nacional, 108 veces menos que el pago de la deuda. En Jujuy son un poco más de 19 millones de pesos lo que se destina, o sea un 0.03 % del presupuesto mientras se designan 54 millones de pesos para ampliar cárceles. En la provincia que tiene la tasa más alta de femicidios del 2017, se destinan $1.60 por mes por mujer adulta para programas contra la violencia hacia las mujeres y destinan más presupuesto para el Seminario Mayor de la Iglesia Católica”.

Morales aseguró que “aquí muchos hablan de nuestros derechos, y seguro se sacaron la foto con el #MiráComoNosPonemos o el #NiUnaMenos, pero los partidos políticos presentes, como el oficialismo y el PJ, avalan las políticas que refuerzan la violencia hacia las mujeres. No sólo porque nos explotan más como suceden con los recortes en salud o educación donde un alto porcentaje son mujeres trabajadoras sino que también nos oprimen, condenando a la pobreza, sin derecho al trabajo ni a la educación, como también permitiendo que las mujeres mueran por abortos clandestinos."

Finalmente Alejandro Vilca aseguró que “así como el Gobierno de Macri endeuda al país con el FMI para seguir manteniendo el negocio de los especuladores, Gerardo Morales endeuda a la provincia para financiar los negocios de los grandes empresarios. En una provincia con más del 30% de pobres, 9,2% de desocupados y el un país donde el 50% de los niños son pobres, la deuda provincial se cuadriplicó. El presupuesto de ajuste es para los trabajadores, achican el presupuesto de salud, educación y obra pública, para mantener salarios de pobreza y la precarización laboral, mientras a los empresarios se le reducen impuestos, mientras se sigue manteniendo el crecimiento de la planta de funcionarios, que aumento el 60%, muchos de ellos familiares del gobernador y los principales funcionarios.

El diputado del PTS-Frente de Izquierda denunció que “contrariamente a lo que dijeron algunos diputados del PJ o algún dirigente sindical, las cosas no se resuelven en la rosca, ni esperamos sentado en el escritorio de los funcionarios, sino con la movilización y el paro. Hoy era necesario que todos los sindicatos convocaran al paro y la movilización para rechazar el presupuesto de ajuste de Gerardo Morales.”

A la hora de la votación, el bloque justicialista acompañó al bloque Cambia Jujuy en la aprobación del presupuesto, y lo mismo hizo al aprobar la nueva ley impositiva que reduce alícuotas de ingresos brutos a los empresarios, como los del sector minero o el financiero.