En medio de la catástrofe económica y en pleno período de fiestas de fin de año empresarios y gobierno siguen golpeando duro a los trabajadores con los despidos masivos, siendo arrojados de esta manera al abismo de la pauperización.
La Izquierda Diario Venezuela @LaIzqDiario_VE
Jueves 20 de diciembre de 2018
Ahora es en la empresa Coca Cola, en su planta de Valencia, estado Carabobo, donde al menos 433 trabajadores fueron suspendidos de sus puestos el pasado viernes 14 de diciembre. El alegato de la empresa: que están en “peligro de quiebra”.
Los empresarios declaran que les pagará 60 % del salario mínimo durante seis meses a cada trabajador, un monto que la empresa lo obtiene vendiendo 2 refrescos de su propia marca al precio actual. Y por si se quedan con sed, les ofrece un “bono solidario” de 10 cajas de refresco con un valor de 41.369 bolívares soberanos.
De acuerdo a los propios trabajadores se trata de más de dos mil personas de la compañía en todo el país, donde los 433 corresponde a Valencia. La planta Coca-Cola Valencia tiene una capacidad instalada de 5000 unidades de refrescos mensuales y de distribuir 300.000 cajas al mes, siendo que la compañía, incrementa los precios de sus productos semanalmente, tal como denuncian los trabajadores. ¡Miserables capitalistas!
Se trata de una medida avalada por el Ministerio del Trabajo. La empresa se “ampara” en la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) en su artículo 178 para mandar a sus casas a los más de 400 trabajadores y otorgándole la miseria de 2700 bolívares soberanos y las 10 cajas de refrescos.
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Es de recordar que la actual Ley del Trabajo, que fue vendida en su momento por el gobierno de Chávez como una de las leyes más favorables a los trabajadores, dice en la primera parte de su artículo 178 que: “Cuando por razones técnicas o económicas exista peligro de extinción de la fuente de trabajo, de reducción de personal o sean necesarias modificaciones en las condiciones de trabajo, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Trabajo podrá, por razones de interés público y social, intervenir de oficio o a petición de parte, a objeto de proteger el proceso social de trabajo, garantizando la actividad productiva de bienes o servicios, y el derecho al trabajo”.
Un “interés público” que no es otro que el interés empresarial tal como lo denunciamos en el momento en que fue promulgada esta Ley, y como lo hemos visto también recientemente en los despidos masivos en la empresa Manpa en Aragua y en la Cancillería de la República en Caracas.
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Es la ganancia capitalista lo que garantiza esta Ley que ampara al empresario para cesantear trabajadores alegando “peligro de extinción de la fuente de trabajo”. Pura farsa. Como bien denuncia, María Barreto, vocera del Consejo de Trabajadores de Coca-Cola:
“Yo les pregunto y saquen cuentas, si nosotros ganamos 178 bolívares diarios y un refresco cuesta 1125 bolívares soberanos, ¿cómo van a decir que están en peligro de extinción por nosotros, si nosotros no podemos comprar una unidad de Coca-Cola en la calle?”
Desde el anuncio, los trabajadores se movilizaron para defender sus plenos derechos y su fuente de trabajo y se hicieron presentes a las afueras del Palacio de Justicia de Valencia para introducir un amparo, rechazando que el Ministerio del Trabajo respalde a la empresa, “cuando esta cuenta con materia prima para dar continuidad a la producción” como denuncian los trabajadores de la empresa. Y este miércoles volvieron a protestar frente al mismo Palacio de Justicia en rechazo al auto emitido a favor de los empresarios.
Y también encaran al ministro de Trabajo, Eduardo Piñate, que desde Caracas avala la suspensión masiva de los trabajadores. Y así lo asevera la vocera de los trabajadores, María Barreto, al alegar que: “El ministro antes de amparar y apoyar tuvo que haber venido a evaluar los puestos de trabajo y la realidad de la producción (…) tenemos materia prima, el viernes, antes de suspendernos, se recibieron tres gandolas de azúcar, que estaban apelmazadas porque tenían seis meses almacenadas en Maracaibo”.
No es posible seguir tolerando esta creciente degradación donde una multitud de trabajadores son transformados en desocupados crónicos, en indigentes que viven de las migajas de los capitalistas y de este gobierno en descomposición.
Ni con los salarios de hambre que no llegan ni a los 5 dólares mensuales y que les garantizan sus ganancias estos capitalistas quieren sostener el derecho al trabajo en esta situación catastrófica que vive el país.
Los despidos asolan por todas partes, como si de burla se tratara, en plena época de fiestas navideñas y de fin de año. Como declara Ángel Arias, vocero de base de los trabajadores del Ministerio del Trabajo y dirigente de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS): “Hay que salir a luchar férreamente contra los despidos, imponiendo un verdadero control obrero de toda empresa que cierre o despida. Los empresarios, como siempre, amenazan con despedir para defender sus ganancias, dejando en la calle a miles de familias trabajadoras. No es ‘normal’ ni ‘lógico’ que su interés de rentabilidad esté por encima del derecho al trabajo”.
A lo que también acrecienta Arias: “Que los trabajadores controlen las empresas que quieran despedir o cerrar, con acceso a toda la información financiera de las empresas, que las pongan en funcionamiento bajo su control para garantizar los puestos de trabajo y la producción. Verdadero control obrero, no la farsa del gobierno, no la intromisión del Estado con sus burócratas”.
Al mismo tiempo que llama a la naciente Intersectorial de Trabajadores a unir las luchas de los trabajadores del sector público y privado, que de la mano de los empresarios y del gobierno están sufriendo las calamidades por igual, para dar un basta a esta situación de calamidades que sufre la clase trabajadora.