Los seis grandes bancos del Ibex35 acaparan 15.286,5 millones de euros en ganancias sólo en el primer semestre de 2024 (un 28% más que el pasado año). Si continúa la tendencia, se harán con más de 30.000 millones de euros que bien podrían dedicarse al gasto social y no al lucro capitalista.
Jaime Castán @JaimeCastanCRT
Domingo 4 de agosto
¿A dónde va la riqueza que generan millones de trabajadores y trabajadoras día a día en el Estado español? Una parte importante, la está acaparando la banca. Los seis bancos más importantes del Ibex 35 (Banco Santander, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja) han presentado unos beneficios de 15.286,5 millones de euros en el primer semestre de 2024, un 28% más que en el mismo periodo de 2023. Números de récord que baten año tras año.
Desde julio de 2022, estos monstruos bancarios acumulan en beneficios 52.193 millones de euros: 21.846 el Santander, 16.432 el BBVA, 9.063 Caixabank, 2.589 Sabadell, 1.608 Bankinter y 656 Unicaja. La banca está haciendo caja gracias a la subida de tipos de interés que, entre otras cosas, está asfixiando a las personas que acceden a una vivienda con hipotecas variables.
Más de 25.000 millones al año vienen ganando estos seis grandes bancos, lo que representa más del 27% de los 92.072 millones de euros del gasto público en sanidad (según los datos del 2022, último año disponible) o el 40% de los 63.380 millones de gasto educativo. Estos datos dan cuenta de cómo la apropiación capitalista tiene sus consecuencias sociales, como aquí mostramos con un ejemplo comparativo con los servicios públicos básicos. Dan cuenta también del insustancial “impuesto a la banca” del Gobierno “progresista”, que grava un porcentaje ridículo de las ganancias bancarias, concretamente el pasado 2023 fue del 4,2% de las mismas (1.109,8 millones de euros), mientras se enriquecieron con 26.355 millones.
El crecimiento de la economía, festejado por el Gobierno “progresista”, se está dirigiendo a las ganancias empresariales, y no a los salarios de la clase trabajadora, que pierden capacidad adquisitiva, ni a los servicios públicos, cada vez más precarizados. Con la recuperación del PIB desde su caída brusca en 2020 en el contexto de la pandemia, los beneficios empresariales han pasado de acaparar el 40,8% del PIB aquel año, al 42,3% de este último año 2023. Mientras que la participación de los salarios en el PIB continúan en su caída del 38,4% en 2020 al 37% en 2023 (datos Eurostat).
Tampoco la política de los gobiernos del PSOE, con Unidas Podemos primero y ahora con Sumar, está priorizando la inversión en servicios públicos, siguiendo con el gasto público en sanidad y educación, el crecimiento económico se refleja en una pérdida de su peso respecto al total del PIB. En educación baja del 4,94% en 2021 al 4,71% en 2022; y en sanidad pública, del 7,2% en 2021 al 6,8% en 2022 (a falta de conocer datos del 2023).
Mientras tanto,lo que sí que se ha dado es un incremento del gasto militar, como parte de la carrera armamentística de la OTAN tras el inicio de la Guerra en Ucrania, que en 2023 se ascendió al menos un 9’8% con 22.223 millones de euros, el 1,5% del PIB (o hasta más del 2% y a los 27.617 millones según el Centro Delàs). El gasto militar es, sin duda, la partida que más han incrementado (desde a los sucesivos gobiernos liderados por Pedro Sánchez, junto a Unidas Podemos, Sumar y el resto de socios.
Las previsiones económicas apuntan a que el crecimiento va a sostenerse en el Estado español los próximos años, sin embargo, estamos viendo cómo ese incremento está beneficiando a los capitalistas, no a los sectores populares. Si continúa la tendencia, los seis grandes bancos del Ibex35 acapararán este 2024 más de 30.000 millones de euros en beneficios, por no hablar de los más de 10.000 millones que se apropiarán las grandes energéticas y otros miles de millones por parte de otros sectores de la burguesía.
Millones de euros que podrían ser destinados a reforzar los medios y el personal de una sanidad pública desbordada, a crear planes de asistencia psicológica y salud mental dignos, a proyectos educativos para el estudiantado más vulnerable, a reducir los elevados ratios de alumnos y horas lectivas del profesorado, a hacer gratuita la universidad pública o a planes de vivienda social.
