Por unanimidad se votó la adhesión al régimen que da beneficios a empresas por 30 años. El oficialismo tuvo que dar marcha atrás con su intento de derogar la ley que prohíbe la minería a cielo abierto pero logró que se apruebe la exploración.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Jueves 26 de septiembre 14:40
La Legislatura aprobó por unanimidad la adhesión al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), incluído en la Ley Bases. El pedido de adhesión fue enviado por el gobernador Osvaldo Jaldo y por el ministro de Economía Daniel Abad, solicitando también la derogación de la ley 7879, que prohíbe la minería a cielo abierto en la provincia. Por esta razón, comunidades originarias, organizaciones ambientalistas y políticas se concentraron afuera del palacio legislativo para reclamar contra la intención de avanzar en proyectos extractivistas.
Hecha la ley, hecha la trampa
Ante la negativa popular que se fue expresando, el oficialismo finalmente decidió retirar el artículo que derogaba la ley 7879. Legisladores del radicalismo también habían expresado su negativa a este artículo, mencionando la necesidad de proteger al ambiente, cuando en provincias donde son gobierno, como Jujuy o Mendoza, dan rienda suelta a proyectos extractivistas que son rechazados por las poblaciones.
Descartada la derogación de la ley 7879, el oficialismo insistió en habilitar la exploración minera. Para ello propuso un nuevo artículo que estableció que “con la presente ley se habilita la exploración minera, quedando la posterior exploración de la actividad sujeta a las disposiciones de las leyes ambientales vigentes, que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio correspondiente, evaluará la viabilidad de los proyectos”. Este artículo se aprobó por una amplía mayoría y tres abstenciones.
Previamente, el ministro Abad había señalado que en Tucumán había pedidos de exploración minera a la espera. En la protesta de afuera, diferentes oradores señalaron que si bien era un triunfo que no se haya derogado la ley que prohíbe la megaminería a cielo abierto, la maniobra del oficialismo enciende las alertas porque reafirman que la intención del Gobierno en dar rienda suelta para la explotación minera en los cerros tucumanos.
RIGI a la tucumana
En su versión incluida en la Ley Bases, el RIGI establece beneficios impositivos, aduaneros, cambiarios y de jurisdicción legal, en un plazo de 30 años, para grandes empresas que inviertan más de 200 millones de dólares. Como parte de la adhesión, el Gobierno de Jaldo había agregado un artículo para la exención tributaria por 30 años de todos impuestos provinciales. Carlos Gallia, presidente de la comisión de Hacienda y presupuesto, afirmó en su informe que de esta manera se buscaba que Tucumán sea “competitiva” respecto a otras provincias.
Este artículo extra motivó la crítica de legisladores del radicalismo como Silvia Elías de Pérez o del aliado de la Libertad Avanza Ricardo Bussi, quién no se privó de felicitar a Jaldo y al oficialismo “de dar un paso más a las fuerzas del cielo”. El radicalismo asumió la voz del empresariado local que no se ve contemplado en el esquema de beneficios, planteando que se trataba de una competencia desleal que se agravaba con esta exención impositiva provincial que también los excluía.
Tras un cuarto intermedio, se negociaron modificaciones de este artículo, acordándose que la exención de todo impuesto provincial tenga un plazo de 8 años a partir de la fecha de adhesión, prorrogable por otros 8 años si se constata la inversión y generación de empleo local. Así se logró la votación positiva de la oposición.
Con el RIGI se suma otra adhesión de Jaldo a la agenda de Milei que tiene como único fin beneficiar a los grandes empresarios, nacionales y multinacionales. El RIGI es una punta de lanza para profundizar los proyectos extractivistas en las provincias, saqueando los territorios y bienes naturales comunes. Si bien el gobierno no pudo avanzar sobre la prohibición de la minería a cielo abierto y el uso de cianuro, dio un primer paso en habilitar la exploración minera. La organización y movilización de comunidades originarias, organizaciones ambientalistas y políticas, es clave para seguir demostrando que el saqueo no cuenta con licencia social.
