RIGI. La Argentina de remate: Milei y Kicillof se pelean por atraer el saqueo extractivista

Este martes se conoció la decisión de YPF y su socia la malaya Petronas, de construir su planta de Gas Natural Licuado (GNL) en Punta Colorada, en Río Negro. De este modo quedó de lado la opción de instalarla en Bahía Blanca, en la provincia gobernada por Axel Kicillof, un proyecto que originalmente había sido oficializado el 1 de septiembre de 2022 para construirlo en la ciudad bonaerense.

“Es un hecho de enorme gravedad, una irresponsabilidad del Presidente de la Nación, un capricho por cuestiones ideológicas que pone en riesgo un proyecto muy importante para el país”, afirmó Axel Kicillof este miércoles, en una conferencia de prensa desde La Plata. El enojo del gobernador peronista no se debe a que el gas será vendido al exterior sin pagar ningún impuesto o porque el país no esté avanzando en una transición energética que le permita bajar la contaminación ambiental. Por el contrario, su preocupación se debe a no quedarse con los ingresos transitorios fruto del mega proyecto empresario.

Kicillof criticó la política del gobierno nacional, al manifestar que “Milei no soporta haber perdido las tres elecciones en la provincia de Buenos Aires”. Y agregó: “Por eso no es una novedad que nos haya quitado esta inversión. Este es el camino que eligió: vengarse con todo aquel que no lo acompaña”. El deseo de Kicillof es poder entablar un diálogo con el Presidente y negociar el ingreso de fondos a la provincia. En la campaña electoral, desde el peronismo denunciaban que podía ganar "el fascismo" y ahora, en lugar de enfrentarlo, se enojan porque Milei privilegia a los gobernadores que alinearon a su gestión.

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Incluso la Legislatura bonaerense estaba tratando un proyecto de Ley de incentivo para la promoción de grandes inversiones con el que buscaba garantizar algunas de las condiciones que reclamaban YPF y Petronas, para no perder la pulseada y conseguir que la planta de GNL sea radicada en el puerto de Bahía Blanca. Este acuerdo internacional es reclamado como propio por el gobernador Kicillof, que se encargó de recordar que fue a partir de la semi estatización de YPF y la explotación de Vaca Muerta -a través del acuerdo con la multinacional Chevron- que se habilitó la explotación del gas. Vale recordar lo oneroso de ese acuerdo, que incluía cláusulas secretas, habilitó la constitución de empresas off shore para facilitar la fuga de dólares por parte de la firma norteamericana, y requirió un decreto a medida, de la propia CFK, para reducir retenciones y garantizar cierta disponibilidad de divisas.

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El nuevo emprendimiento es un gran negocio para el capital extranjero que el peronismo venía trabajando desde el 2012. El mismo implicaría una inversión de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares, una de las más importantes de la historia. Sin embargo, estos entrarían al país como mínimo después del 2025 y, gracias a los beneficios otorgados, podrán ser recuperados por Petronas en poco tiempo, al no tener límite para transferirlos al exterior.

Un negocio redondo para las multinacionales y no para las necesidades sociales

Hace más de una década que existe este proyecto, del que Petronas es parte. En los últimos años de la gestión de Fernández es que se avanzó en acuerdos y lo que incluyó la media sanción en diputados de la Ley de promoción de GNL, que también centraba los beneficios en la baja o eliminación de retenciones y la disponibilidad de divisas.

Mientras casi la mitad de los hogares del país no tiene acceso a la red de gas, con la instalación de la planta de GNL no se piensa en resolver las necesidades de abastecimiento interno. Por el contrario y gracias al extractivismo contaminante -orientación general de todas las fuerzas políticas capitalistas- lo que se busca es obtener ganancias (divisas) para pagar la deuda. La planta de GNL no busca resolver las necesidades energéticas de la población, sino cumplir con el mandato que reza que para pagar la deuda externa hay que juntar dólares exportando más. Pero con la contradicción de que las empresas que construyen la planta no deberán dejar un sólo dólar en el país.

Las primeras exportaciones de GNL ocurrirían a partir de 2027. 3 años. ¿Qué pasa a los tres años de entrar al RIGI? Las empresas dejan de pagar retenciones a las exportaciones (0%), y quedan exceptuadas de la obligación de liquidar o ingresar al país el 100% de las divisas. pic.twitter.com/8ToymfUBLX

— Esteban Martine (@EstebanBMartine) July 31, 2024

Según indican las empresas, la exportación de GNL ocurriría recién a partir de 2027, en 3 años. La ley les garantiza a partir del segundo año de la adhesión al RIGI, la exención total de derechos de exportación, es decir retenciones 0%, y libre disponibilidad del 100% de las divisas obtenidas. Algo similar sucede con Ganancias e IVA.

Incluso en caso de la posibilidad de que el Estado requiera que un 10% del GNL producido se destine al mercado interno en los meses de invierno, es decir, aquellos en los que hay déficit de gas, el RIGI quita la obligación de cumplir con el abastecimiento local.

Con proyectos como la planta de GNL, pensados para durar medio siglo o más, la matriz energética fósil de nuestro país -que se basa en un 80% en la explotación de hidrocarburos- está lejos de empezar una transición energética. Se sigue profundizando el modelo del fracking en Vaca Muerta, que contamina millones de litros de agua por pozo, acumula miles de toneladas de residuos tóxicos, provoca sismos y contamina el aire. Se profundiza el modelo extractivista y el saqueo de bienes comunes naturales.

Con esta extractivismo contaminante lo que se busca es obtener dólares para pagar la deuda fraudulenta. Mientras las empresas van a obtener sumas multimillonarias, estimadas en alrededor de 30.000 millones de dólares de exportaciones por año. El RIGI es una ley que garantiza por 30 años "el derecho a exportar todos los volúmenes autorizados en forma continuada y sin interrupciones ni restricciones, reducciones o redireccionamientos por causa alguna". Casi una promoción del desabastecimiento. Esto, puede llevar al ridículo de que una empresa exporte GNL y desabastezca al mercado interno al mismo tiempo que se importe GNL, que se cobra hasta 10 veces más que el gas natural producido en el país.

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Lejos de expandir la frontera hidrocarburífera, es necesario estatizar la industria energética con el control de sus trabajadores y comunidades, conjuntamente con profesionales y expertos de universidades públicas, para iniciar una transición verdaderamente justa, desde abajo. La planificación centralizada en una empresa estatal única, y la obtención de financiamiento por medio del no pago de la deuda externa, el quite de subsidios a las petroleras privadas, deberá combinarse con la deliberación descentralizada en cada región. Así podría evaluarse la conveniencia, en cada caso, de utilizar distintas fuentes de generación, aprovechando las condiciones climáticas de cada zona, y planificando racionalmente el uso de bienes comunes naturales necesarios para el aprovechamiento de fuentes renovables intermitentes en su generación.

Esta medida podría permitir diversificar la matriz energética, y al mismo tiempo garantizar el acceso a la energía para toda la población. Medidas de este tipo deben ser parte de una nueva estructura social y económico, donde el conjunto de las palancas de la economía dejen de estar en manos del gran capital y pasen a ser dirigidas por la clase trabajadora y el pueblo pobre. Un Gobierno de los trabajadores y el pueblo conquistado con la movilización revolucionaria más amplia de las mayorías trabajadoras.