Deuda. Con un nuevo beneficio a los bancos, el Gobierno logró canjear el 64 % de la deuda en pesos

El Gobierno no obtuvo el éxito que esperaba, pero alcanzó para despejar gran parte de los vencimientos. Si bien logró este jueves una adhesión del 64 % al canje de deuda en pesos por $ 4,34 billones sobre un total de $ 7 billones, postergando los vencimientos para 2024 y 2025, no alcanzó el nivel anhelado de adhesión (se especulaba que sería arriba de un 80 %) para lograr una menor tensión en los mercados en el año electoral.

“Para los vencimientos de abril, mayo y junio el nivel de aceptación alcanzó el 61,5%, mientras que para los vencimientos de marzo (incluyendo la operación realizada en enero) la participación superó el 72%. En suma, el porcentaje de adhesión alcanzó el 64% de los títulos elegibles”, explicaron en el ministerio de Economía. Los nuevos bonos vencen entre abril 2024 y febrero de 2025.

Según trascendió, las entidades financieras con mayor participación fueron Banco Nación, Banco Provincia, Galicia, Santander, Credicoop, Banco Ciudad e ICBC. Una parte de la renovación, aproximadamente el 37 %, ya estaba asegurada porque estaba en poder del propio BCRA, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y bancos estatales. Los Fondos Comunes (FCI) de Inversión fueron los más reticentes.

Este "logro" no es casual. El mismo jueves de la licitación, el directorio del Banco Central (BCRA) emitió una comunicación en la otorgó nuevos beneficios económicos a los bancos, para que adhieran a la operación.

Los bancos fueron la clave porque tenían gran parte de los bonos. Según cálculos de la consultora 1816, el 44 % lo tenían bancos privados, Fondos Comunes de Inversión, aseguradoras y fondos extranjeros. El 19 % restante estaría en poder de empresas, individuos y otros entes públicos.

La licitación duró más de lo esperado. Cerca de las 16.30 hs el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, informó a través de Twitter que “por pedido de tres entidades financieras y un Fondo Común de Inversión, el cierre se extendió hasta las 17 hs”, en lugar de las 15 habituales.

En los despachos oficiales buscan argumentar el fracaso con los Fondos Comunes de Inversión. Así, no sería por una falta de confianza, sino por una lógica de negocios: sus necesidades de liquidez son más inmediatas y no es tan atractivo sumarse a un canje con bonos de mediano y largo plazo. Lo cierto, es que no lograron cerrar con este sector.

Ahora el Ministerio de Economía irá en busca de una reapertura de las opciones de canje para los más de $ 800.000 millones que vencen en marzo. Estas obligaciones de pago en realidad ya habían sido parte de la primera conversión realizada en enero y que incluyó al primer trimestre completo.

Los $ 3,66 billones que no ingresaron al canje de este jueves vencerán entre abril, mayo y junio, y si el Gobierno no logra captarlos mediante otros mecanismos, podrían volcarse a la circulación lo que genera un riego de mayores tensiones sobre el tipo de cambio y sobre la inflación.

Adhesión, pero a qué costo

La normativa del BCRA publicada este jueves establecía que los bancos podrán computar estos bonos públicos como parte de los requerimientos de efectivo mínimos , los llamados "encajes". Se trata de una extensión de los plazos de los bonos permitidos, de 630 a 730 días.

Los encajes bancarios son aquel porcentaje de dinero que los bancos no pueden prestar ni colocar en ningún tipo de inversión, sino que deben mantenerlo para garantizar la liquidez y responder frente a una mayor demanda de dinero.

El ministro de Economía venía manteniendo reuniones con los bancos y los Fondos Privados para negociar este canje, en donde unos mostraban su "poder de fuego" que es la posibilidad de no renovar los vencimientos y exponer al Gobierno a continuos escenarios de inestabilidad financiera que afecten el mercado cambiario y potencien aún más la inflación, y otros buscaron darle todo tipo de garantías y beneficios a los bancos para buscar su adhesión hablándoles con el único idioma que entienden, la billetera.

Así, además de elevados rendimientos también el Gobierno les había otorgado como beneficio a quienes entrasen al canje una garantía conocida como "put", que implica la opción de venderle esos títulos al Central en caso que los precios desciendan y el BCRA deberá comprarlos. "Nada nuevo", replicaban desde las autoridades monetarias, estos beneficios ya estaban contemplados en los bonos a vencer, pero la validación de su continuidad fue parte de la prenda de cambio.

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El canje de deuda en pesos tuvo el aval del FMI y consistió en la recompra de dos canastas de bonos. Una incluye títulos ajustados por inflación (CER) y otra mantiene una combinación del 70 % ajustados por inflación (CER) y 30 % de bonos duales, que se llaman así porque ajustan por inflación o tipo de cambio de acuerdo a cuál de un mayor rendimiento.

Esta negociación orquestada le dio cierto aire al Gobierno postergando vencimientos, al tiempo que "patea" el problema hacia adelante, es decir, mayor volumen de deuda e intereses a devolver, a costa de garantizar mayores ganancias para los bancos. Un sector que está entre los más ganaron entre los últimos años.

Mientras, el pueblo trabajador no goza de esos "privilegios" de los que gozan los bancos: "cláusulas gatillo" automáticas por inflación (e incluso aumentos superiores a los precios) y cobertura frente a la baja del precio de los bonos o de ocurrencia de devaluaciones. Por el contrario, se encuentra ante la necesidad de luchar por romper el techo salarial en torno al 60 % que buscan imponer el ministro Massa y la propia cúpula de los sindicatos.

La crisis de deuda es real. Detrás de la "bomba" de la deuda, tanto en pesos como en dólares, hay un problema estructural de escasez de dólares y atraso productivo, que limita el crecimiento y que además permite la apropiación de sus frutos por parte de un puñado de bancos, empresas extranjeras y grandes capitales nacionales ligados a servicios y construcción, el agro, la minería y el petróleo, y el saqueo permanente de los acreedores externos que siguen lucrando con la deuda.

Este resultado es una responsabilidad compartida de Juntos y del Frente de Todos. Pero la salida a esta crisis no tiene que implicar una catástrofe mayor que recaiga sobre el pueblo trabajador. La izquierda propone una salida en favor del pueblo trabajador para romper con el círculo vicioso de la deuda, que es radicalmente distinta este camino de saqueo consistente en el endeudamiento y pago: rechazar el acuerdo con el FMI y plantear el desconocimiento soberano de la deuda fraudulenta e ilegítima, apoyado en la movilización popular, junto a un conjunto integral de medidas.

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