Hace dos días atrás los diputados votaron en mayoría contra la desclasificación de los testimonios Valech, buscando preservar el pacto de silencio e impunidad a favor de los militares.
Viernes 2 de septiembre de 2016
Como informamos en este medio, en la votación de los diputados contra la posibilidad de que los testimonios del informe Valech se hagan público, lograron la mayoría con los votos de la derecha y con una cantidad de votos de la propia Nueva Mayoría.
Esto permite que se garantice que estos testimonios sigan sin conocerse, al menos hasta un año más cuando recién puede reabrirse el debate.
Recordemos que fue el ex presidente Lagos, quién quiere candidatearse nuevamente, quién impuso esta ley de silencio. Como tantas otras políticas que en su momento tuvo la Concertación de privilegiar los acuerdos y consenso para preservar el modelo económico y social y no cuestionar a los militares.
La noticia despertó el rechazo de las organizaciones de derechos humanos. Entre ellas el colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, quienes señalan que “el estado chileno ha sido perseverante en poner todos los obstáculos y dificultades posibles para no dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales de verdad, investigación, sanción a los culpables, reparación y garantías de no repetición”.
Critican también a “los y las “honorables” han compartido hemiciclo con asesinos como Rosauro Martínez, diputado inculpado y actualmente desaforado (con goce de sueldo), con ex –ministros de la dictadura, con colaboradores activos del régimen cívico- militar y con el propio genocida”.
Reproducimos a continuación la declaración completa del el colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes.
DECLARACIÓN PÚBLICA en relación al voto negativo de la Cámara de Diputados para modificar un artículo de la ley 19.992 que consagra el secreto por 50 años del contenido de las carpetas de quienes declaramos ante la Comisión Nacional de Tortura y Prisión Política, denominada Valech I (2004), y que posibilita la impunidad de los victimarios de lesa humanidad:
1. Constatamos una vez más y particularmente a través de las exposiciones de algunos de los llamados “honorables” que previo a la recogida de los testimonios, el estado chileno, ya había decidido guardar en reserva el nombre de los victimarios, lo que nos confirma la existencia de un PACTO DE SILENCIO Y DE AMPARO E IMPUNIDAD DE LOS CRIMINALES.
2. Así como el estado amparó a los victimarios, quienes testimoniamos en dicha Comisión fuimos obligados/as a firmar un documento en el que accedíamos a que nuestros nombres y cédula de identidad, fueran de conocimiento público. En caso contrario, no seríamos objeto de “reparación”. NUNCA SE NOS INFORMÓ SOBRE EL CARÁCTER SECRETO DE LOS ANTECEDENTES APORTADOS.
3. El estado chileno ha sido perseverante en poner todos los obstáculos y dificultades posibles para no dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales de verdad, investigación, sanción a los culpables, reparación y garantías de no repetición. Ha hecho oídos sordos a las recomendaciones de distintas instancias internacionales de derechos humanos sobre el derecho a la verdad para la obtención de justicia. Peor aún, ha desarrollado una ACTIVA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE IMPUNIDAD, promoviendo y avalando el ejercicio en cargos públicos a individuos involucrados en violación a los derechos humanos, nominando, por sólo citar a uno, a Cheyre como Comandante en Jefe de las FF.AA chilenas.
4. Los y las “honorables” han compartido hemiciclo con asesinos como Rosauro Martínez, diputado inculpado y actualmente desaforado (con goce de sueldo), con ex –ministros de la dictadura, con colaboradores activos del régimen cívico- militar y con el propio genocida. Más aún la mayoría de ellos/as, ha recibido financiamiento de SQM, del yerno preferido de Pinochet y de otros grandes grupos económicos, que obtuvieron su riqueza a costa del terrorismo de estado, de la conculcación de todos nuestros derechos políticos, civiles y sociales y de la expropiación y apropiación ilícita del patrimonio de todos los chilenos y chilenas. Dinero impregnado de sangre, muerte, desaparición forzada, ejecución, explosión, tortura y violencia política sexual.
5. Con un descaro que raya en lo obsceno, dicen que votan en contra de la derogación del secreto para protegernos, por respeto a las víctimas, cuando todas las organizaciones de ex -presos y presas políticas, las agrupaciones de familiares de detenidos/as desaparecidos/as y las de ejecutados/as políticos/as, los sitios de memoria, todas sin exclusión, tenemos como punto primero de todas nuestras demandas la derogación de esta Ley Maldita que obstruye la ya remota posibilidad de alguna justicia.
6. Los miembros de la Cámara hablan con un desparpajo insultante de nosotras las mujeres que fuimos objeto de violación por perros y violencia política sexual, de su nunca bien valorada capacidad empática con nuestro dolor y sufrimiento y de su supuesta obligación de protegernos (sic). Ninguna de nosotras se los ha pedido.
7. ¿De qué nos quieren proteger?, cuando hemos sido nosotras mismas las que develamos el horror vivido, incluso estando en los campos de concentración, mucho antes de las mentadas comisiones, que claramente no fueron de verdad y menos de justicia
8. ¿Nos quieren proteger de la re-victimización?, cuando llevamos más de 40 años declarando por nuestros y nuestras compañeras detenidas desaparecidas y por nuestros casos, donde la violencia política sexual, no ha sido más que un dato de la causa y no ha recibido sanción alguna. Lo hacemos por convicción, son éstas las que nos dan coherencia y dignidad y asumimos los costos con entereza.
9. Cuando no han hecho nada, absolutamente nada, por cambiar la situación de indefensión legal en la que nos encontramos los ex -presos y presas políticas para acceder a la justicia, cuando ni siquiera han derogado la ley de amnistía del dictador y ahora, cuando se pronuncian por seguir amparando a los criminales, tendríamos que entender que así se demuestra su deseo de protección.
10. Escúchenlo bien: Nosotras nos protegemos entre y con nosotras, no necesitamos de su representación ni “protección”, porque somos parte activa de nuestra propia reparación social y política. Las Mujeres Sobrevivientes abonaremos el camino de la justicia por nuestros propios medios.
11. La Desclasificación popular es imparable: con los nombre de todos y cada uno de los victimarios construiremos el relato de las violaciones de los derechos humanos en Chile. Lo impune y secreto, se volverá público y accesible.
12. Las mujeres sobrevivientes, acompañadas de otras organizaciones de mujeres y feministas les decimos:
¡A 43 AÑOS, LAS MUJERES NO OLVIDAMOS NI PERDONAMOS NI UN GOLPE!
¡SI NO HAY VERDAD, HAY DESCLASIFICACIÓN POPULAR!
¡JUSTICIA, VERDAD, NO A LA IMPUNIDAD!
COLECTIVO DE MUJERES SOBREVIVIENTES SIEMPRE RESISTENTES