La magnitud de las catástrofes que ha dejado el incendio forestal de las últimas semanas en la región de Valparaíso, ha sido tan grande que poblaciones completas fueron consumidas por el fuego.
Martes 13 de febrero de 2024
Miles de familias han perdido sus hogares y a sus seres queridos. El dolor y la tragedia se extiende por donde ha pasado el incendio.
Este escenario vuelve a repetirse año tras año, lo que lleva a la población a preguntarse, ¿qué es lo que se hace o no se hace para prevenir estos incendios? Es de conocimiento público que esto se lleva repitiendo verano tras verano.
Muchas son las aristas que se pueden levantar para encontrar qué es lo que propicia este tipo de catástrofes.
Se ha estado hablando en los medios de comunicación de una organización criminal llamada “El cartel del fuego”, quien podría estar involucrada en la ineficiente forma de prevenir y combatir estos siniestros.
Se le denomina cartel del fuego a distintas empresas transnacionales, dedicadas al rubro del combate y extinción de incendios forestales. Quienes se coludieron a la hora de presentar sus licitaciones, acordando precios y se repartieron las zonas de operación.
Entre las organizaciones estatales que entregaron licitaciones al cartel del fuego, se encuentra, la Conaf y la Onemi, quienes vienen otorgando contratos a estas empresas desde el año 2006.
El actuar ilícito de estas empresas viene desde el año 1999 en España, donde con el mismo accionar se adjudican licitaciones infladas, a través de acuerdos previos, coimas políticas y falsificación de documentos.
El cartel ha operado en distintos países, encontrando a Chile entre ellos. En el año 2017, La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), un requerimiento contra las empresas Faasa (actualmente llamada Pegasus South America) y Martínez Ridao Chile Limitada, por haber celebrado y ejecutado un acuerdo anticompetitivo para impedir, restringir o entorpecer la competencia en el mercado de combate de incendios forestales.
La sentencia del TDLC fue ratificada por la Corte Suprema en julio de 2023, condenando a Pegasus South America y Martinez Ridao a una multa de 1.900 UTA (unos $1.440 millones).
Lo insólito de esta situación es que, a pesar de que la Conaf se vio afectada en esta estafa, aun sigue otorgando contratos a Pegasus, bajo miles de millones, es más, se emplearon sus helicópteros y aviones para combatir los incendios de las últimas semanas.
Esto no genera más que desconfianza hacia la Conaf, pues bien, a esta empresa se les condenó por su actual ilícito, pero al parecer, para esta entidad, no es de mayor problema el adjudicarles los dineros fiscales.
Esto demuestra ineptitud e inoperancia por parte de la Conaf, quienes propician el lucro en el mercado del combate del fuego.
Si se administra de manera correcta los fondos para combatir estas problemáticas, podría ser mayor el alcance y la efectividad del combate en los incendios, traduciéndose en menores costes para las vidas de las familias afectadas y menores daños a la biodiversidad.
A tal punto ha llegado la lógica mercantilista del modelo económico actual, que incluso se puede lucrar con siniestros ambientales, como lo son los incendios forestales.
La vida de las personas y el ecosistema, se ven subsumido a los intereses económicos empresariales, donde lo que prima, es la maximización de las ganancias bajo la minimización de los costos, descentrado el foco en el bienestar colectivo y dirigido al beneficio económico individual.
Es fundamental para la eficaz prevención y combate de los incendios forestales que se planifique y organice de manera democrática un plan nacional de emergencia contra incendios, financiado a través de impuestos a las grandes empresas, donde se trabaje con profesionales especialistas en la materia.
A su vez se debe avanzar en los proyectos de ley que impiden la compra de terrenos incendiados y también que se derogue el decreto de ley 701, que financia forestales para la reforestación con pinos y eucaliptos.
Por último, la creación de una institución pública forestal, dirigida por los sindicatos de brigadistas forestales y que se les asegure un sueldo de 650 mil pesos y sin precariedad laboral.
