Este lunes en la tarde se llevó adelante una nueva sesión en el Concejo Deliberante de Maipú. Un verdadero muestrario de insensibilidad ante la situación de decenas de familias sin techo, violentadas con desalojos y sin respuesta a su reclamo.
Martes 13 de agosto de 2019 15:50
Mientras la agenda oficial marcaba los temas administrativos de costumbre y las exigencias del Poder Ejecutivo, el debate se encendió cuando sumaron la discusión por el desalojo del asentamiento “La Unión” ocurrido el pasado jueves en los límites del Departamento con Luján y Godoy Cruz, la zona conocida como la triple frontera.
En el espacio destinado a pedidos de informes desde la banca del Frente de Izquierda solicitaron se den explicaciones desde el Ejecutivo sobre lo actuado por los funcionarios del municipio en el desalojo. Haciendo principal hincapié en quién era el responsable de la orden para que se utilicen recursos y de ordenar a los empleados municipales derribar las casas del asentamiento y desalojar a las familias que se encontraban él. También se ha solicitado que se informe cuáles fueron las soluciones, de existir alguna, que se ofrecieron a las familias.
Esta interpelación provocó gran ofuscación en los ediles oficialistas que no tardaron en arremeter acusando a la concejala del FIT, que era la única que ese día se acercó al lugar al momento de los hechos, de fomentar “conductas delictivas” por estar en el lugar acompañando a las personas que eran desalojadas. El otro argumento para desentenderse del tema es que las familias que se encontraban en el asentamiento muy pocas son “originarias” de Maipú. Un argumento realmente discriminatorio y una excusa con la que, apoyándose en este supuesto lógico trato desigual se desligan de cualquier tipo de responsabilidad del estado municipal para darle una respuesta a las necesidades de esa población.
Mientras que ellos buscan cuidar los intereses de las empresas privadas propietarias nosotros acompañamos los reclamos por el derecho a una vivienda digna, al trabajo, y sobre todo por la vulnerabilidad a la que estaban expuestos decenas de niños y niñas
Consultada al salir de la sesión la concejala del Frente de izquierda, Jesica Bustos, declaró: “las acusaciones infundadas que realizan no nos preocupan, para nosotros demuestran la impotencia de no poder dar respuestas cuando se los cuestiona por el accionar aberrante que tuvieron tanto del gobierno provincial como el municipal derribando hogares con topadoras que son patrimonio del municipio y dejando en la calle a más de sesenta familias con niños”. Con respecto al tema agregó: “nosotros nos hicimos presentes en el lugar cuando nos informaron los propios vecinos de la situación para acompañar a las familias que estaba siendo víctimas de la represión y la violencia por parte de la policía. Mientras que ellos buscan cuidar los intereses de las empresas privadas propietarias nosotros acompañamos los reclamos por el derecho a una vivienda digna, al trabajo, y sobre todo por la vulnerabilidad a la que estaban expuestos decenas de niños y niñas”.
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En el departamento hay otros asentamientos de similares características sobre los que, según funcionarios municipales, pesa ya la orden de desalojo judicial, como el asentamiento “Zonda” que se encuentra en Gral. Gutiérrez. Esta situación preocupa de sobremanera ya que como pudimos ver con lo ocurrido en el asentamiento “La Unión” la única respuesta real por parte del Estado para estas familias son las topadoras y la violencia.
Desde el Frente de Izquierda y nuestras bancas venimos proponiendo una salida: ante el déficit habitacional y el aumento de la pobreza, planteamos con urgencia la necesidad de pelear en contra de la carestía de la vida y por el aumento de salarios, por un plan de obras públicas controlado por los trabajadores y organizaciones de desocupados, con urbanización y construcción de casas, basado en impuestos progresivos a las grandes fortunas.
