Fue en el 2015 pero se conoció esta semana luego que la comunidad indígena Mayu Los Alisos, denunciase la intromisión y destrozos por parte de un empresario en tierras que son de la misma. El concejal Julio Mamaní y la diputada Natalia Morales del FIT cuestionaron y se opusieron a este accionar.
Sábado 20 de julio de 2019 14:54
El miércoles pasado en la sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Palpalá el concejal del FIT Julio Mamaní, presentó un proyecto que solicitaba a la intendencia del radical Palomares dé cumplimiento de la Ordenanza 1156 del año 2.015, que reconoce los derechos de las familias que son parte de la comunidad indígena Mayu – Los Alisos, sobre las tierras que habitan desde hace varias generaciones, y establece una serie de medidas y políticas públicas a favor de la actividad agro ganadera en la zona. La presentación se dio como respuesta a la denuncia que viene realizando la comunidad, contra el empresario Gonzalez, quien irrumpió con máquinas, rompiendo alambrados y mejoras de un integrante de la comunidad, y desmontando una zona de pastoreo comunitario.
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La presentación hecha por el concejal de FIT fue rechazada por el resto de los sectores políticos, y el pedido de cuarto intermedio realizado por Mamaní, para que los integrantes de la organización tuvieran la palabra también fue rechazado a pedido del concejal Rivarola. Terminada la reunión los concejales se reunieron con los integrantes de la comunidad y a pesar del testimonio de los mismos, Rodríguez (Frente Renovador) y Rivarola (PJ), entre otros, se expresaron a favor de los empresarios que tienen interés en esas tierras, desconociendo derechos de la comunidad reconocida no sólo por la Ordenanza 1156 que plantea que no puede realizarse ninguna acción sin consulta previa a las familias, sino también por leyes nacionales como la prórroga de la 26.160, la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, entre otras.
La estafa de Palomares
Durante la sesión se dio a conocer que la ordenanza a favor de las familias, se modificó veinte días después (24/11/15), sin conocimiento, información a las personas involucradas y la comunidad indígena, restringiendo el área reconocida para tal propósito y a favor del área destinada para empresarios del Parque Industrial.
La misma, presentada por Pablo Palomares, presidente del bloque de la UCR y actual intendente, y la concejal Noemí Chauque, plantea la modificación del Artículo 2 de la Ordenanza N° 1156/15 (aprobada el 04/11/15) que declara AREA DE PRODUCCION PERIURBANA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE PALPALÁ, en el límite este que estaba establecido en la Ruta N° 66 y ahora se restringiría a la ruta provincial N° 48 camino a Severino. El argumento de la modificatoria de la Ordenanza (1157/15) y estafa a las cien familias de la comunidad es “no afectar derechos preexistentes contenidos en las ordenanzas que regulan los Parques Industriales y en particular el denominado Carlos Snopek…”
Julio Mamaní sostuvo en la sesión que “ahora dan cuenta de una modificatoria a la Ordenanza N° 1156 que quita tierras a la comunidad indígena Mayu, justamente las tierras que el empresario inmobiliario desmontó y arrasó sin orden judicial, ni sentencia, violando todo tipo de derechos. Las familias viven desde hace varias generaciones en ese lugar, tienen derechos por sobre las mismas. Palomares y los concejales del PJ y Frente Renovador defienden intereses privados por sobre la comunidad.”
Por su parte la diputada provincial Natalia Morales quien estuvo presente en la sesión y afirmó “… es grosero el accionar de empresarios que lucran con el negocio inmobiliario o los del parque industrial que contaminan el medio ambiente en Palpalá. Queda claro que tienen de su lado al intendente Palomares y al radicalismo que modificó la ordenanza a espaldas de las familias involucradas, y al PJ y el Frente Renovador, que defienden el accionar y tiran del lado de los empresarios. Se está violando leyes nacionales y tratados internacionales de derechos indígenas. Vamos a seguir poniendo a disposición nuestras bancas para impedir que avancen sobre las tierras que pertenecen a la comunidad, y sus derechos posesorios desde hace varias generaciones…”
Integrantes de la comunidad Mayu, como Rosa Chauque, sostuvieron que les están quitando un pedazo de las tierras que le pertenece a la comunidad. Además comentó que la comunidad no sólo tiene informes realizados por técnicos de Agricultura Familiar y del INTA, que acompañaron el relevamiento para la ordenanza aprobada, sino que todas las familias fueron censadas, lo cual agrava el accionar del concejo deliberante y de la intendencia que aprobó la modificatoria”.
