Mientras continúa el debate en el senado provincial sobre la reforma de la Ley 7722, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura realizaron una concentración en defensa del agua de Mendoza.
Jueves 1ro de noviembre de 2018 17:59
En el marco de las discusiones en las comisiones del senado provincial sobre el proyecto de modificación de la Ley 7722 que presentó un senador kirchnerista, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura realizaron una concentración en defensa de la ley que protege el agua de Mendoza.
Desde la mañana temprano y hasta pasado el mediodía, integrantes de los colectivos socioambientales se concentraron en la Plaza San Martín, frente al anexo del senado provincial donde se desarrollaban las comisiones donde se están discutiendo los proyectos que intentan modificar la ley.
Desde las asambleas rechazan cualquier cambio en la ley y denuncian el lobby de empresas mineras detrás de los proyectos de los senadores del PJ presentados. Los proyectos presentados por Alejandro Abraham, de Unidad Ciudadana, y de Juan Agulles y Silvina Camiolo, del PJ provincial son vistos con buenos ojos por el gobierno provincial. Desde las asambleas no sólo rechazan cualquier cambio, sino que destacan que la Suprema Corte de Justicia ya falló sobre la constitucionalidad de la misma.
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La ley 7722 es una conquista histórica del pueblo mendocino que, en las calles, consiguió rechazar la utilización de productos contaminantes del agua en emprendimientos mineros. Sancionada en 2007, producto de una gigantesca movilización, la ley prohíbe del uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares “en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo”.
Sin embargo, el senador provincial por Unidad Ciudadana, Alejandro Abraham, presentó un proyecto de ley para modificar la 7722, abriendo la puerta al lobby minero para retomar proyectos frenados por esta ley. El proyecto presentado mantiene la prohibición del cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, pero elimina la parte que le sigue en el texto de la ley original que seguía "y otras sustancias similares", lo que abre la puerta a la utilización de otros químicos contaminantes.
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