Mundo Obrero. Concesionarias y precarización del trabajo: Pilares del capitalismo chileno para atacar a las y los trabajadores

La pandemia del COVID-19 no ha sido un límite para el desarrollo de conflictos sindicales, y lo hemos visto con diversas huelgas en el norte del país, como las de las mineras Fracke y Guanaco, pero también lo podemos observar con diversos conflictos que se desarrollan en lugares esenciales del trabajo, como lo son el aeropuerto y el área de la salud.

En este sentido se han desarrollado diversas manifestaciones, campañas y protestas por parte de la asamblea de trabajadores despedidos de LATAM, quienes se encuentran luchando por la reincorporación a sus puestos de trabajo, así como también las manifestaciones realizadas por el Sindicato de la empresa Siglo XXI, concesionaria del Hospital Regional de Antofagasta, quienes se encuentran desarrollando una serie de iniciativas, luchando por la reincorporación de sus compañeros despedidos, entre quienes se encuentra un delegado de la Comisión de Higiene y Seguridad, así como también un trabajador de 60 años, todo esto mientras desde la firma acordaban repartirse utilidades por más de $ 5.550 millones durante mayo.

¿Qué es lo que tienen en común estos dos últimos casos? De partida no sólo se trata de casos que expresan que los ataques del mundo empresarial no se detienen ni cuando la humanidad en su conjunto enfrenta una catástrofe que cobra miles de muertos día a día, si no que de conjunto ambas se encuentran relacionadas con un factor estructural del régimen chileno: La precarización del trabajo.

La precarización del trabajo como eje clave del régimen

“En estos momentos ellos están llamando a las personas mayores de 60 años de nuevo a dar servicios al Hospital de Antofagasta, yo les pregunto, ¿qué pretenden con atacar a las y los trabajadores de primera línea, a nosotros los trabajadores del aseo, si nosotros también somos parte fundamental para enfrentar esta crisis sanitaria? ¿Por qué la empresa Siglo XXI nos sigue atacando?, ¿por qué siguen despidiendo a los trabajadores? ¿Por qué no cumplen sus acuerdos?”. Con estas palabras, Silvana González, dirigente del Sindicato de la empresa Siglo XXI en el Hospital Regional de Antofagasta, daba cuenta de las condiciones a las que se están viendo sometidos el personal de aseo y mantenimiento en el Hospital, todo esto mientras la empresa se reparte millonarias utilidades, mantiene sueldos bajísimos, y despide trabajadores.

El mismo esquema lo siguen desde LATAM Airlines, quienes iniciaron despidiendo a 290 familias, para después adoptar la práctica de despedir todos los viernes, mientras reciben utilidades millonarias, se acogen a quiebra, y demandan fondos del Estado para realizar salvatajes a sus bolsillos, mientras se mantienen jornadas extenuantes, bajos sueldos, persecución sindical, entre otras medidas.

A partir de aquí ya se pueden establecer puntos en común entre los accionistas y empresarios, quienes no sólo despiden mientras reciben millonarias ganancias y utilidades, sino que a su vez mantienen bajos sueldos, jornadas extenuantes de trabajo, despiden trabajadores en medio de la pandemia para blindar sus chequeras y billeteras, además de limitar profundamente las libertades sindicales y de organización dentro de las empresas, esto a través de la persecución de sus trabajadores, utilizando las cartas de amonestación, las amenazas y los despidos para desarticular la organización propia de las y los trabajadores, favoreciéndose a su vez de artículos –como el 161 del Código del Trabajo- que permiten despedir por “necesidades de la empresa”.

Sin embargo la situación de precariedad está lejos de detenerse allí. Para el 2018, según estudios realizados por Fundación Sol, “el 50,6% de los trabajadores de Chile ganan $380.000 o menos, y apenas el 15,3% tiene un salario superior a $850.000. La investigación señala además que la mitad de los trabajadores que tienen jornada completa ganan menos de $410.000, por lo que no podrían sacar a su grupo familiar de la pobreza.” [1] Todo esto mientras la subcontratación aumenta, en donde si bien la industria minera es el principal sector con trabajadores subcontratados, esta es seguida por el rubro de la “Enseñanza” y por el área de la Salud respectivamente, con un 35% de los empleos de Enseñanza y un 34% para Salud, pagándoseles menos que a otros de igual calificación producto de pertenecer por contrato a empresas que prestan servicios a otras, lo que termina por afectar incluso en sus beneficios sindicales, en su paga, en sus condiciones laborales, en la fragmentación de sus derechos colectivos, así como en mermar la calidad de vida de cada uno de ellos. [2]

A este entramado de la precarización se le debe añadir no sólo la existencia de la facultad de los empresarios para crear empresas contratistas y subcontratistas y así pagar menos y acumular más, sino que también se le debe añadir la existencia del llamado multi-rut, el cual faculta a los empresarios para crear empresas ficticias por área, para así pagar menos, y limitar aún más las libertades sindicales y organizativas de las y los trabajadores. Una verdadera dictadura de los empresarios, de la cual grupos como los Luksic se han beneficiado profundamente, con empresas como FCAB.

Esto permite “impedir una negociación colectiva unitaria de trabajadores incluso al interior de una misma empresa; la exagerada tramitación burocrática que requiere un proceso de huelga y su ilegalidad fuera de un largo proceso de negociación colectiva; el impedimento para negociar sindicalmente aspectos relativos a la organización y dirección del proceso de trabajo; la subcontratación permitida todas las ramas de la economía; el derecho a reemplazo de los trabajadores en huelga y al lockout por parte de los empresarios; el relegamiento de la negociación colectiva a nivel de unidad productiva (y no de rama); la ilegalidad de la negociación colectiva y de la huelga en el sector público o municipal, etc.” [3]

De conjunto de trata de una flexiprecarización, que tiene como objetivo recomponer las ganancias de los capitalistas, así como también tener controlada a las y los trabajadores para mantener todo a su favor y del de sus bolsillos.

El negocio de las concesiones: Vender Chile a los empresarios

Como hemos afirmado recientemente desde La Izquierda Diario, el modelo de concesiones, pensado inicialmente para carreteras y aeropuertos se inicia en 1996, y es con Ricardo Lagos que se expande a otros servicios públicos como cárceles, transporte (Transantiago) y Hospitales. Michelle Bachelet fue quien a modo de proyecto piloto, realiza la concesión de dos hospitales y luego sería Sebastián Piñera, en su primer gobierno, quien profundice este modelo en tres hospitales más. El Hospital Regional de Antofagasta, el Hospital del Carmen (Maipú) y el Hospital de La Florida son claros ejemplos de lo descrito anteriormente. [4]

¿De qué es de lo que se trata? Justamente de lo que hemos visto con las carreteras. Es el ejemplo más icónico que nos ha legado Ricado Lagos, pues el ejercicio consiste en privatizar en los hechos un recurso o un servicio del Estado, con la excusa de que sean los privados quienes mantengan este servicio, y el Estado se vea beneficiado. Pero no es más que una farsa. Los privados se enriquecen aún más, mientras que a las familias se les hace pagar el costo mediante impuestos o incluso los costos de la misma utilización de los servicios, en donde los altos costos de los peajes son expresión de lo mismo, así como los dineros desembolsados por el Fisco a las concesionarias. O incluso con las cárceles, las cuales han sido cuestionadas internacionalmente por la calidad de hacinamiento en las que se encuentran.

Lejos de producir un beneficio para las amplias mayorías, se trata de un negocio redondo para los millonarios, privados y empresarios.

Entramos así a la dimensión del "Estado subsidiario", lo que no es más que un nombre formal para decir "que los privados hagan negocios con los dineros del Estado y con los bolsillos de todas las familias trabajadoras y pobres, el cual ha tenido la idea de privatización al nivel de un Santo Grial para el desarrollo del neoliberalismo y el capitalismo en Chile, fraguado con precarización, flexibilización, ataques antisindicales, despidos masivos, y amparado con un marco legal a favor de los grandes dueños y magnates del país.

Frente al Acuerdo Nacional: Un plan de lucha contra la flexiprecarización y las concesionarias

La gran excusa del gobierno frente al Acuerdo Nacional ha sido la de la "reactivación económica", una farsa bajo la cual esperan crear una estela de confianza para esas más de 1 millón 600 familias que o se han visto despedidas o han sido suspendidas en sus contratos -y a su vez el pago de sus sueldos-.

Sin embargo, lo que planea ubicarse como una inyección de anestesia para el pueblo chileno, viene acomodado de una serie de medidas que aumentarán exponencialmente la precarización, y hasta incluso las concesiones.
Es así que proponen extender la ley de protección del empleo, acelerar las concesiones que se encuentran archivadas en carpeta, financiar a privados, e incentivar la inversión privada con fondos del Estado. Como si fuera poco, se abren paso a un endeudamiento del Estado en su conjunto, lo que vendrá a ser una pesada mochila para las familias trabajadoras y pobres, con tasas de interés y renegociaciones de deuda que las pagarán con sus bolsillos, o incluso sus empleos. Un ataque en toda la linea. Un salto en la precarización del trabajo y las vidas.

La situación es un ataque radical, lo que amerita a su vez una respuesta aún más radical. En donde las centrales sindicales, organismos coordinadores de trabajadores, así como los organismos que surgieron en el estallido social deben ponerse en movimiento y en articulación a nivel nacional, para desplegar un paro nacional que derribe el acuerdo, que eche abajo la ley de protección del empleo, y que imponga la prohibición de todos los despidos, y la reincorporación inmediata de todos los despedidos y suspendidos, con el pago de sus sueldos íntegros y la caída del Código Laboral de la dictadura; un plan de movilización bajo los métodos históricos del movimiento obrero y la lucha de clases.

Es aquí en donde la CUT -conducida principalmente por el Partido Comunista- debe ponerse a la altura. Si no llaman a un paro nacional, y si no rompen esa mesa negociadora que acordó el gobierno en el Consejo Superior Laboral, estarán jugando a favor del acuerdo empresarial, y en contra de toda la clase trabajadora y los sectores populares que se levantaron en el estallido social, y que hoy se ven amenazados por el desempleo, el hambre y el colapso de los sistemas de salud. El acuerdo nacional, a parte de un favor para los verdaderos dueños del país, es una medida para evitar un nuevo estallido provocado por el hambre, la cesantía y las muertes por el fracaso del gobierno.

Barrer con estas piedras angulares del capitalismo chileno, ubicadas cada una mediante la dictadura cívico-militar -y custodiadas, protegidas y fortalecidas por la Concertación, la exNueva Mayoría y la derecha- es una tarea imperiosa del momento. La pandemia, el COVID-19 y las cuarentenas no serán un impedimento para los empresarios y sus ataques, la han aprovechado cada segundo para aprobar leyes que no pudieron en plena rebelión de octubre.