El femicidio de Ángela Aguirre, de 16 años, despertó indignación generalizada. El primer grito que se hizo sentir fue “Exijamos justicia por el femicidio de la adolescente Ángela Aguirre”. La condena, a más de dos años de juicio, surge producto de la movilización y las continuas protestas exigiendo Ni Una Menos.
La Izquierda Diario Venezuela @LaIzqDiario_VE
Jueves 12 de agosto de 2021
Este miércoles 11 de agosto el Tribunal Cuarto de Violencia contra la Mujer, que dio inicio al juicio en octubre de 2019 (¡más de dos años de juicio!) determinó que José Cedeño violó, asesinó y arrojó el cuerpo de Ángel Aguirre al río Caroní; mientras que José Zorrilla fue señalado como su principal cómplice y declarado culpable del mismo crimen. Se dictó 29 años de cárcel para cada uno.
Otras cinco personas fueron detenidas e imputadas por el femicidio de Ángela Aguirre, pero ya han sido absueltas. Sin embargo, Glauder Zorrilla, Orlando Salazar, Wilmer Díaz, Joselyn Barreto y Dayana Nicieza permanecerán privados de libertad, ya que el Ministerio Público apeló la absolución. La defensa de la familia Aguirre también apelará.
“Se mantiene la privativa de libertad hasta que la corte no se pronuncie dando la razón al juez o a las partes”, explicó el abogado de los familiares. No obstante, de este grupo, tanto Orlando Salazar, como Glauder Zorrilla y Wilmer Díaz, condenados por omisión de socorro, ya cumplieron su condena.
En la audiencia que se realizó ayer, la acusación que presentó la defensa de la familia Aguirre fue femicidio agravado, violencia sexual agravada y suministro de sustancias nocivas, para José Alberto Cedeño, y los cargos de femicidio agravado, violencia sexual agravada y suministro de sustancias nocivas en grado de cómplices necesarios para José Zorrilla, Glauber Zorrilla, Orlando Salazar y Wilmer Díaz.
Para Dayana Nicieza y Joselyn Barreto, la defensa de la familia Aguirre presentó los cargos de femicidio agravado y suministro de sustancias en grado de cómplices necesarias y violencia sexual agravada en grado de encubrimiento. Por otro lado, Fiscalía omitió el delito de violencia sexual y presentó acusación por femicidio agravado y suministro de sustancias nocivas para José Alberto Cedeño y, omisión al socorro y cómplices no necesarios a los demás implicados.
“Hoy se dio un gran paso por la justicia, nos tocó a nosotros como familia vivir la pérdida de nuestra hija, y ya no nos la van a devolver (…) vamos a apelación”, expresaron los familiares de Ángela Aguirre vía redes sociales.
El caso de Ángela Aguirre se convirtió en una bandera de todo el movimiento de mujeres del país con continuos pancartazos, plantones, marchas y protestas, contra la violencia machista y contra la justicia patriarcal. Esta incansable lucha contra la impunidad y las dilaciones de la Justicia derivaron en la actual condena. La lucha continúa por los demás casos de femicidios y por terminar con la violencia machista, declaraban por las redes los diferentes movimientos feministas del país.
El femicidio es una de las principales causas de muerte de las mujeres en Venezuela. Suhey Ochoa, militante de Pan y Rosas señaló que “los casos de violencia de género son un problema público, no un problema individual”, y que “las mujeres ya advertimos que para pararle la mano a la violencia machista hay que organizarse y movilizarse”.
El femicidio de Ángel Aguirre, dos años de juicio plagado de irregularidades
Ángela Aguirre era estudiante de quinto año de bachillerato en San Félix, estado Bolívar. El sábado 23 de marzo del 2019 se reunió con un grupo de conocidos en el Club Ítalo Venezolano de Guayana, de allí realizaron un viaje a la isla turística Terecaya, en el río Caroní para celebrar el cumpleaños de José Cedeño. Esta misma noche la joven desapareció, dos días después fue encontrada muerta en el río cerca del Balneario “El Rey”.
Al encontrarla, la primera autopsia realizada por el CICPC, determinó que Ángela murió a causa de “asfixia mecánica por inmersión”, con varias lesiones en sus partes íntimas (vagina y ano), con varios hematomas en el cuerpo y las marcas en las rodillas y muñecas, como evidencia de que la joven sufrió de abuso sexual. El 26 de marzo se notificó la detención de todos los acompañantes: José Cedeño, José Zorrilla, Glauder Zorrilla, Orlando Salazar, Joselyn Barreto, Dayana Nicieza y Wilmer Díaz.
El grupo que se encontraba con la joven declaró que Ángela se había quedado sola en la embarcación mientras ellos fueron a buscar algunos tragos de alcohol y cuando regresaron la chica había desaparecido. Señalan que habían reportado la desaparición por el 171 y horas después se dirigieron al CICPC para reportar la desaparición.
El 29 de marzo Douglas Rico, director del CICPC habló del caso como una “muerte violenta”: “Estaba viva cuando cayó al agua. Se encontró agua en sus pulmones (…) Estamos claros que presenta lesiones hechas por una o varias personas, eso lo estamos determinando. Hay circunstancias que puede decir que hubo algún tipo de relación sexual, pero preferimos seguir con las investigaciones”.
Sin embargo, la fiscal Hernández decide a último momento, antes del entierro, hacer una segunda autopsia, que significó una especie de borrón y cuenta nueva, el segundo informe señalaba que Ángela podría haberse ahogado accidentalmente por la fuerza del oleaje del río, además en esta nueva autopsia no se habla de señales de abuso sexual sino la teoría de que hubo “sexo consensuado”.
Otro aspecto que enturbió el caso es que los familiares de la víctima fueron marginados de todo el proceso, desde la búsqueda hasta la decisión misma de la segunda autopsia, negándoseles ver el cuerpo de su hija en todo ese tiempo. Denunciaban que, incluso, para la búsqueda del cuerpo, la fiscal se mantuvo en contacto con quienes acompañaban a la víctima esa noche, es decir, los propios imputados, y no con los familiares de esta. Señalaban que la fiscal buscó convencerlos de que no había habido ningún delito, que todo habría sido accidental, por lo que no tenía sentido que buscaran justicia.
El 6 de abril la familia de Ángela Aguirre recusó a la Fiscal Emily Hernández, exigió que se aparte del proceso, ya que su imparcialidad se encontraba en duda. Los familiares señalaban que hay muchas irregularidades las cuales fueron: 1) Hernández solicitó la declinación del tribunal de violencia contra la mujer para que el expediente FP12-P-2019-787 fuera llevado por un tribunal penal ordinario desestimando que se tratase de un caso de violencia contra la mujer. 2) La fiscal habría anunciado que solo dos personas quedarían detenidas. 3) La fiscal habría ignorado los primeros resultados forenses. Los familiares también denunciaban las intenciones del Ministerio Público de querer “engavetar” este caso.
El jueves 11 de abril estallaron de indignación las redes sociales al difundirse un audio desgarrador grabado por Ángela: “Me dejó desnuda (llanto). José Alberto me violó”. Los padres reconocieron la voz y confirman la veracidad del audio. Esta nueva evidencia corrobora que Angela fue violada por José Cedeño, fue negada por la Fiscal.
En esos momentos un periodista denunció que la fiscal habría recibido sobornos por parte de los familiares de los detenidos. En todo caso, los datos que trascendieron hasta esos momentos indicaban que habían claros intentos de manipulación de lo sucedido, que estaba en curso una red de complicidad y corruptelas del Estado, que se extendía desde la fiscal hasta los funcionarios del CICPC y los jueces, para beneficiar a los responsables de este terrible femicidio.
Finalmente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó que un tribunal local con competencia en violencia de género tomara el caso, que fue admitido y tratado como un femicidio. La denuncia de familiares de Ángela y la movilización de las organizaciones de mujeres hicieron que la causa finalmente saliera del estado Bolívar, y el proceso continuara en los Tribunales de Caracas, específicamente en el Tribunal del Juzgado Primero de Control en materia de Violencia contra la Mujer que este 11 de agosto terminó dictando sentencia.
