La Corte Nacional de Justicia de Ecuador sentenció a 8 años de prisión al expresidente, quién además perderá derechos políticos por 25 años. La condena llega en medio de la profunda crisis sanitaria que estremece el país.
Miércoles 8 de abril de 2020 09:26
La corte de Justicia de Ecuador condenó este martes a ocho años de prisión al expresidente Rafael Correa y a su exvicepresidente Jorge Glas. El fallo lo imposibilita de participar en política por 25 años y también incluye a otros 11 exfuncionarios a quienes se acusa, junto al expresidente, de participar de un esquema de sobornos y casos de corrupción en torno a la empresa brasileña Odebrecht.
El fallo, que proscribe políticamente a Correa llega en medio de la crisis sanitaria que dejó en evidencia el coronavirus, y que estremece a todo Ecuador.
La situación que atraviesa el país andino es verdaderamente conmocionante. Guayaquil, su segunda ciudad más importante y feudo histórico del Partido Social Cristiano, muestra al mundo el derrumbe de un sistema sanitario colapsado, con crueles imágenes de cadáveres en las calles o apilados en las salas de hospitales. Los números de los muertos dentro del propio personal de la salud son alarmantes, pero el problema no es solo local.
El presidente Lenin Moreno, que intentó someter al país a una fuerte reforma económica, rechazada por un levantamiento popular, ahora dirige el país con mayor cantidad de muertos y contagiados en Latinoamérica a pesar de su tamaño y su baja densidad poblacional. La popularidad de Moreno toca fondo en un 7% y la combinación entre colapso del sistema sanitario, el nivel de pobreza y la precarización laboral, forman un cóctel explosivo que amenaza con empeorar aún más la situación.
No se puede tapar el sol con un dedo
En mitad de este escándalo, la noticia que inundó los portales de los medios nacionales el martes, fue la sentencia de prisión dictaminada para el expresidente Rafael Correa, líder de la oposición (aunque Moreno fue su pupilo), auspiciando como una gran cortina de humo que permite a Moreno aliviar momentaneamente la crisis política.
Correa, que gobernó durante una década el país, es también uno de los responsables de los profundos problemas estructurales expuestos con la actual crisis del coronavirus. Si bien los recortes en salud se profundizaron en los últimos años, - solo en 2019 se recortó un 36% del presupuesto para el área (ISIP – UCE)-, los recursos destinados por el correismo a un sector tan fundamental como salud nunca fueron mayores al 4,29%, muy por debajo del 6% recomendado incluso por la OMS. Italia, otro de los sistemas europeos impactados por el desfinanciamiento y que está en estado crítico, invierte en salud el 6,3%.
Tampoco son novedad las relaciones entre Correa y el empresariado ecuatoriano e internacional, la apertura a la megaminería contaminante y la entrega de reservas naturales de enorme valor a las multinacionales.
Más allá de la propia acusación de recibir aportes económicos clandestinos a cambio de contratos favorecidos por el Estado, no cabe duda del beneficio que le brinda esta maniobra política al Gobierno Nacional actual, para dispersar temporalmente el eje del escándalo por su manejo de la crisis, pero no se puede tapar el sol con un dedo.
Es solo otra muestra de la profunda hipocresía del poder político, que eleva como baluarte de la “lucha contra la corrupción” a un presidente como Lenín Moreno, no solo responsable de los muertos y los atentados a los derechos humanos durante la revuelta popular contra los tarifazos, sino que hoy cuenta en sus haberes los cientos de muertos por COVID19 y la respuesta degradante para con las víctimas y sus familias, mientras él cumple aislamiento en su lujosa casa de las Islas Galápagos.
Hoy Moreno sigue destinando presupuesto para cumplir con los requerimientos del Fondo Monetario Internacional, a costa de no invertir en las verdaderas necesidades de la población, su acatamiento se traduce en muertos y cada vez más infectados.
Mientras que por arriba hay maniobras políticas y judiciales, son los trabajadores, especialmente de la salud, los que le están poniendo el cuerpo a la situación y arriesgando con altísimos porcentajes, sus propias vidas. Esto hace necesario que ante la crisis sanitaria actual y heredada, se unifique en forma urgente el sistema de salud e insumos para el personal y para atender a los cientos de pacientes que se suman por día.
En medio de la crisis actual y detrás de las internas políticas está el horizonte de las elecciones del próximo año y el interés de obtener algún rédito de parte de todos los actores. En ese marco se inscribe la condena y proscripción anunciada este martes. Mientras, los trabajadores y los pobres se la juegan y ponen los muertos. No hay adaptación posible a la crueldad de las imágenes de familias humildes teniendo que dejar a los suyos envueltos en colchas sobre los bancos de las calles, con flores y carteles que rezan: “llamamos para pedir ayuda, nunca nadie contestó”.
Son los trabajadores y los sectores populares los realmente interesados en no perder ni una vida más. Hay que reorganizar todo el sistema productivo del país para afrontar esta crisis y pelear por la transformación radical de este sistema, por una nueva sociedad donde el centro sea la salud de las mayorías y no la ganancia de un puñado.
