Carceles y coronavirus. Confirmado: la bala que mató al preso en Corrientes era de las fuerzas de seguridad

El preso asesinado el domingo fue identificado como José Candía, un joven de 22 años que estaba preso en la Unidad Penal 1 de Corrientes desde hace tres años, cumpliendo una condena por el robo de un celular a una vecina.

Apenas conocido el hecho las autoridades provinciales a través del ministro de Seguridad Juan José López Desimoni, aseguraron que se trató de una pelea entre los presos, mentira que fue derribada ayer al conocerse los resultados de la autopsia, que confirmó que el deceso del joven se produjo por una bala disparada por las fuerzas de seguridad.

Te puede interesar:

Hacinamiento y COVID-19 en las cárceles: un muerto en la Unidad Penal 1 de Corrientes

El ministro López Desimoni no tuvo más remedio que retractarse y reconocer que la bala que mató al joven había salido de un arma de las fuerzas de seguridad y que "la información es contundente".

El lunes en ese penal los presos habían iniciado una huelga de hambre para pedir que se aceleren los pedidos de protección a la población de riesgo ante los posibles contagios de coronavirus, luego de la confirmación de un caso positivo de un oficial del Servicio Penitenciario provincial.

Además solicitaron al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes que se aceleren las respuestas a los pedidos de prisión domiciliaria, libertad condicional o libertad anticipada para quienes estén próximos a salir en libertad, establecidas por Casación.

Los presos denunciaban que tras confirmarse un caso de coronavirus de un efectivo que trabaja en ese penal, “se deben tomar medidas por la alta vulnerabilidad que existe en las cárceles en torno al coronavirus”. En este penal la capacidad es para 440 personas, pero se encuentran detenidas 670.

El Comité Contra la Tortura de Corrientes realizó días antes del asesinato del joven una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia. Allí expresaron que “habiendo realizado el Servicio Penitenciario un censo de los casos de mayor riesgo y en condiciones de obtener beneficios como libertad asistida, condicionales, plazo razonable, y demás medidas para descomprimir la superpoblación en las unidades penales de esta ha dado inicio a más de 50 solicitudes de las que al día de la fecha no han sido resueltas por el Juzgado de Instrucción en turno habiéndose presentado las mismas al inicio de la feria judicial".

En el escrito agregaron: "Consideramos oportuno, para ese grupo de riesgo, el análisis, caso por caso, pero de manera urgente, de las personas que están en condiciones de libertades anticipadas, privilegiando a quienes son más vulnerables al virus, a quienes están cerca del agotamiento de su pena o de la libertad condicional, priorizando a quienes responden por delitos que no impliquen afectación de la vida o de la integridad física o sexual”.

Te puede interesar:

Por hacinamiento y falta de limpieza ya hay huelga de hambre en varias cárceles

Tras conocerse la muerte del joven, las organizaciones de derechos humanos aseguraron que el hecho no se había tratado "de un motín ni de un enfrentamiento entre internos” y que el fallecimiento fue una consecuencia de “la represión estatal”.

El fiscal a cargo del hecho, Gustavo Robineau, solicitó una serie de peritajes respecto al caso para intentar individualizar al efectivo que realizó el disparo, entre ellos un peritaje balístico en todas las armas secuestradas.

La madre del joven asesinado por las fuerzas de seguridad fue entrevistada por Radio Dos. En ese reportaje relató: "Mi hijo estaba hace tres años detenido por el robo de un celular a una vecina, tenía problemas de adicción y había sido internado por eso. No había tenido problemas en la cárcel, estaba haciendo la escuela y trabajando". La mujer pidió justicia por su hijo.

Crónica de una muerte anunciada

La pandemia ro COVID_19 deja al desnudo la inhumanidad de la vida en las cárceles de todo el país. La muerte del joven en la Unidad Penal 1 de Corrientes es consecuencia del abandono del Estado que deja a merced de la enfermedad y los uniformados, sin los elementos básicos de higiene, ni asistencia sanitaria adecuada y condiciones de hacinamiento a quienes están privados de su libertad.
En su mayoría son jóvenes como José Candía, de los sectores más pobres de la sociedad, presos por delitos contra la propiedad y venta al menudeo de sustancias.

Lo que sucede en las cárceles de Argentina es un crimen de Estado.