El juicio oral y público a Juan Alberto Cerisola comenzará en junio. Junto a otros exfuncionarios de la UNT fue investigado por el manejo irregular de fondos provenientes de la megaminería.
Martes 2 de febrero de 2021 17:30
Finalmente se confirmó que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF) juzgará en junio al exrector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Juan Alberto Cerisola por administración fraudulenta de fondos públicos provenientes de la explotación minera de Bajo La Alumbrera, vía el Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD). En la causa YMAD-UNT también se encuentran incluidos otros funcionarios universitarios.
La investigación judicial comenzó en 2010, centrándose en los fondos provenientes de YMAD -integrado por la UNT, Minera La Alumbrera y el Gobierno de Tucumán- durante 2006 y 2009. Según la pesquisa, se tratan de $ 340 millones (equivalentes a U$S 85,5 millones, según la cotización de hace diez años). De acuerdo a la Fiscalía Federal, hubo un perjuicio contra la UNT en la disminución del porcentaje de dinero a recibir y en la realización y refacción de obras públicas.
La denuncia original fue formulada por el arquitecto Ramón Eudal apuntando, además de Cerisola, a la vicerrectora de entonces, María Luisa Rossi de Hernández y a los integrantes de aquel Consejo Superior de la UNT. Luego se sumó la denuncia del abogado Oscar López respecto a sobreprecios en obras como la ampliación de la Facultad de Derecho, la construcción de anfiteatros de Filosofía y Letras, y la remodelación de la sede de la obra social Asunt.
Tras la investigación, el juez federal Fernando Poviña procesó a Cerisola, a Luis Sacca (ex secretario Administrativo de la UNT y ex diputado nacional por la UCR), a Olga Cudmani (ex directora de Construcciones universitarias) y a Osvaldo Venturino (ex director de Inversiones y contrataciones). “Del análisis de todos los elementos de prueba incorporados a la investigación (del uso de los fondos mineros) resulta prima facie que los imputados en los respectivos ámbitos de su competencia -con capacidad de decisión- infringieron dolosamente sus deberes de garantes de la preservación del patrimonio de la Universidad Nacional de Tucumán e irrogaron un perjuicio millonario al erario”, planteó Poviña en su requerimiento de elevación a juicio.
La causa YMAD-UNT tiene una gran repercusión por ser el primer juicio por delitos de corrupción que involucran a las máximas autoridades universitarias. Como trasfondo se encuentra la relación entre las universidades y las grandes empresas, donde el conocimiento está al servicio de las ganancias de un pequeño grupo. A cambio de utilidades, la UNT aportó la licencia social para la explotación de recursos naturales a pesar de la oposición de las poblaciones afectadas y de la comunidad universitaria. El lobby de la megaminería ha llevado a que la UNT guarde silencio y sea partícipe de la contaminación y el saqueo. Con matices, ese modelo trascendió la gestión de Cerisola y mantiene su continuidad.
