Inflación. Congelamiento de precios: chantaje y parches ante una inflación que devora los salarios

En la mañana de este miércoles el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la resolución 1050/2021, mediante la cual establece el congelamiento de precios hasta el 7 de enero 1.430 productos de almacén, limpieza e higiene y cuidado personal.

En la noche de ayer martes, el secretario de Comercio Interior había anticipado que esto sucedería en una breve conferencia de prensa.

"A partir de ahora está vigente una resolución que contiene casi 1.500 productos en todo el país, que es de obligatorio cumplimiento para todas las cadenas productoras y comercializadoras de todo el país", sostuvo el funcionario.

Sin embargo, la medida no es más que un parche que lejos está de resolver el problema del consumo y del acceso a los productos de primera necesidad para las grandes mayorías. La inflación de septiembre se aceleró y aumentó al 3,5 % según difundió el Indec. Así, en los últimos doce meses el incremento de precios acumulado alcanzó el 52,5 % y en los primeros nueve meses del año el IPC fue de 37 %. Los alimentos subieron, en los últimos 12 meses, un 53,4 %, un número mucho más alto que el de los salarios o las jubilaciones.

Así, en plena campaña electoral, el Gobierno "se acuerda" de que había inflación e intenta tapar el sol de los precios con la mano, congelando un puñado de productos solo por 90 días, ante las quejas de los dueños de las alimenticias que no quieren perder ni un centavo, después de haberse llevado millonadas durante toda la pandemia. Dicho de otra manera, una medida que casi que empieza y termina con el calendario electoral.

Dos ejemplos son suficientes para graficar el asunto: el Grupo Arcor, que ganó $ 8.806,6 millones en el primer semestre del año, y Molinos Río de la Plata, que se llevó $ 998 millones en el mismo período.

El propio Feletti reconoció en su rueda de prensa que la medida no es ni osada ni profunda, como se quiso instalar desde algunos sectores del Gobierno en los últimos días: "No parece un gran esfuerzo, para un número de empresas que serán en su conjunto 60, mantener precios por 90 días en 1500 productos", planteó. Habrá que darle la razón y no es de extrañar de parte de un Gobierno del cual ya se empieza a popularizar que es "tibio con los poderosos".

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Sin ir más lejos, después de las PASO se han anunciado grandes beneficios para sectores como las patronales del campo, automotrices o de la "economía del conocimiento", mientras que los sectores populares solo hubo migajas.

Además, como para demostrar que están dispuestos a cederle a las grandes patronales, Feletti aseguró: "Hay una vocación de seguir dialogando y si hay margen de rentabilidad muy negativo, establecer correcciones".

Por último, el Secretario apeló a la "responsabilidad empresaria", explicando que la medida está pensada para ampliar el consumo y que ganen por cantidad de ventas. ¿Qué responsabilidad se puede esperar de estos empresarios que no tuvieron problema ni siquiera en exponer a los trabajadores a contagiarse durante una pandemia, con tal de seguir llenando sus cuentas bancarias? Además, las empresas ya burlaron los acuerdos de precios en otras ocasiones y pueden volver a hacerlo, no cumpliendo con los precios o limitando la entrega de productos.

De alguna manera, puede decirse que el tema del trabajo y los ingresos ha copado el centro del debate electoral. Mientras unos discuten reforma laboral y recortes de derechos, y otros ponen parches de ocasión, la única propuesta de fondo la plantea el Frente de Izquierda, jornada laboral de seis horas, cinco días, con un salario que como mínimo cubra la canasta familiar. Una medida que debe ser impuesta con la lucha, panorama que de momento parece lejano a la perspectiva de la CGT, que llamó a apoyar un acuerdo con el FMI.

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La inflación castiga los bolsillos populares

La inflación responde a varias causas, que se retroalimentan, entre las que se puede mencionar las devaluaciones del peso, y la dolarización de tarifas de la energía y del combustible.

El Gobierno tuvo una política de minidevaluaciones administradas del tipo de cambio oficial que empujaron a una suba de precios. En 2021 decidió frenar los ajustes del tipo de cambio para contener la inflación, también autorizó el incremento de los combustibles que impactaron en los precios. En este contexto complejo los empresarios aprovechan para remarcar los precios.

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¿Quiénes pierden en esta puja? Los trabajadores y los sectores populares cuyos ingresos son devorados por la suba de precios. Se profundizó así la caída del poder adquisitivo de los últimos años. El costo de la inflación no la puede pagar el pueblo trabajador. Es necesario un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones del 20 % para recuperar lo perdido en los últimos cuatro años, y ajuste automático de acuerdo a la inflación.

El Gobierno ya buscó realizar acuerdos con distintos sectores y esta política ya fracasó, las empresas alimenticias y supermercadistas responden con el bolsillo. En vez de los fallidos controles de precios oficiales, una medida elemental para enfrentar la inflación son los comités de trabajadores y usuarios para el control de precios desde los lugares de producción, pasando por todos los canales de distribución hasta la venta, y la exigencia de apertura de los libros de contabilidad de todas las empresas que afirmen que tienen que ajustar sus precios.