En los últimos días el Senado de la Nación se vio empapelado de reclamos laborales de
los mismos empleados del congreso nacional, quienes de manera autoconvocada y sin
acompañamiento de los sindicatos exigen la reapertura de paritarias.
Andrea González Trabajadora legislativa
Sábado 3 de diciembre de 2022 20:16

En los últimos días el Senado de la Nación se vio empapelado de reclamos laborales de
los mismos empleados del congreso nacional, quienes de manera autoconvocada y sin
acompañamiento de los sindicatos exigen la reapertura de paritarias, ya que los gremios
ATE Congreso, UPCN Congreso y APL cerraron el aumento en un 60% en dos cuotas más
la suma de 50 mil remunerativos, dejando a la mayor parte del personal a merced de la
inflación, con sueldos por debajo de la canasta básica.
El personal del congreso de la nación en muchos casos tiene contrato de monotributista, lo
que se traduce en sueldos de miseria: 50 mil a 80 mil mensuales, sin ART ni tampoco obra
social más que la que el monotributo ofrece, para el caso de los empleados de planta
transitoria o permanente los sueldos van hasta los 180 mil.
Como es de público conocimiento la canasta básica es de 140 mil pesos mensuales sin
incluir alquileres, lo que genera otro debate en torno al acceso a la vivienda y la falta de
inversión por parte del estado también en este aspecto en función de la especulación y el negocio inmobiliario.
Esta situación demuestra que el ajuste llegó a los bolsillos de todos, incluso a los de
aquellos trabajadores con salarios supuestamente acomodados para el imaginario colectivo.
Dentro de los reclamos que se expresan figura el descontento por el arribo de las nuevas
autoridades al congreso, las cuales fueron puestas a dedo en pandemia por la presidenta
del Senado Cristina Fernández y quienes imponen nuevas medidas en materia laboral,
yendo contra la ley 24600, que estructura al personal y en la que además se establecen los
lineamientos para la toma de vacaciones, actualmente violado por las autoridades. Los trabajadores expresan que “el ajuste del FMI no puede pedir también que se nos quiten
las vacaciones ya devengadas, que son un derecho ya adquirido”.
Esta clase de resignación donde se acepta el pago al FMI sin discusión, es la que permite
que el fondo, con la complicidad de los gobiernos y empresarios, aplique recetas de hambre
a toda la clase trabajadora a lo ancho y largo del mundo.
Mientras el gobierno nacional beneficia al campo con el dólar soja, ajusta el presupuesto de
salud y educación, dejando que el ajuste recaiga sobre los hombros de las y los trabajadores, como quedó demostrado en el conflicto de salud con los sueldos paupérrimos que percibe todo el personal que día a día pone en pie los hospitales.
Debemos exigir un piso salarial que supere la canasta básica y trabajo digno para todos y todas. Solo la autoorganización de los trabajadores, las asambleas desde abajo en unidad de todos los sectores: precarios, monotributistas, transitoria y de planta que permitan unificar los reclamos, y lograr la coordinación con otros sectores en lucha que enfrentan los mismos enemigos, pueden llevarnos a imponerle a las burocracias que salgan de sus cómodos sillones, rompan la tregua con el gobierno de ajuste y salgan a la pelea garantizando las condiciones para que toda la bronca se exprese en la calle, como se demostró en la lucha de residentes y concurrentes, o en la de neumáticodonde los trabajadores pudieron conseguir sus demandas. Ellas y ellos marcan el camino.