Audiencia pública. Congreso: abogados constitucionalistas y diputados opositores rechazaron el DNU

Este martes un amplio arco de reconocidos juristas y abogados constitucionalistas, expusieron en la Cámara de Diputados, en donde desplegaron un enorme abanico de fundamentos respecto a la nulidad e inconstitucionalidad del el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. El mega DNU por el cual el Gobierno derogó casi un centenar de leyes y modificó alrededor de otras 300 normas.

La audiencia pública fue convocada por diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda Unidad y del Partido Socialista, que integra el bloque de Hacemos Coalición Federal. Fue una primera muestra de la oposición en la Cámara baja, luego de que el propio Caputo y otros funcionarios salieran a reconocer "fallas" en el decreto, como los aumentos descomunales por parte de las prepagas, y luego que el Senado terminara definiendo su rechazo.

La presentación de los expositores estuvo a cargo de Myriam Bregman (Frente de Izquierda), Esteban Paulón (Socialismo HCF) y Leopoldo Moreau (UP). También se sumaron diputados de la UCR que vienen mostrando sus diferencias con el bloque que preside Rodrigo de Loredo. Estuvieron Pablo Juliano, Natalia Sarapura, Jorge Rizotti, Marcela Coli y Pedro Galimberti, alineados con el diputado Facundo Manes, que informó que no pudo estar presente por cuestiones de agenda. Fernando Carbajal, también de la UCR, dijo que no pudo asistir por la cancelación de su vuelo. Por el lado del bloque que dirige Miguel Ángel Pichetto, estuvieron las diputadas Margarita Stolbizer y Natalia de la Sota y el santafesino Esteban Paulón.

Myriam Bregman, abogada y diputada nacional, cuestionó el DNU y afirmó que: “El decreto afecta la vida de miles de personas con la derogación o modificación de la ley de Alquileres, Ley de Tierras, derechos laborales, desregulación de las prepagas y de los precios de los medicamentos, entre otros. Ahora Caputo se asusta sobre cómo actúa la ibertad de mercado”. La diputada del Frente de Izquierda Unidad, agregó que “para nosotros es urgente su tratamiento en esta Cámara: tiene que ser inmediato, la semana que viene si es posible. Esta jornada no es para dilatar, sino todo lo contrario, para demostrar que es imperioso su tratamiento, porque además de cualquier consideración política es ilegal”.

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Subrayó también que “estamos en contra de la existencia de los Decretos de necesidad y urgencia desde la reforma del ‘94, pero incluso la Constitución los contempla como algo excepcional, y en este caso se convierte la excepción en regla, por la cantidad y calidad de leyes que modifica. La emergencia está dada porque la Ley 26.122 blinda a los DNU. A pesar del rechazo del Senado, el DNU sigue vigente. El DNU, junto a la Ley Ómnibus, constituyen un precedente gravísimo que vamos a seguir enfrentando con la movilización, y convocando a que sesione esta Cámara de Diputados para rechazarlo". La diputada de izquierda recordó que su bloque presentó un proyecto para declarar la nulidad insanable del decreto, a fin de retrotraer sus efectos producidos hasta el momento.

Estamos participando en @DiputadosAR de una jornada con constitucionalistas que reflejan un amplio arco, muy pluralista. Desde distintas visiones, el rechazo al DNU 70/2023 es evidente.

— Myriam Bregman (@myriambregman) April 9, 2024

Esteban Paulón, legislador socialista, sostuvo “desde el socialismo, en conjunto con un arco plural de legisladoras y legisladores, siempre planteamos su inconstitucionalidad y las consecuencias graves que produce en la economía de los argentinos. Por eso, estamos trabajando para rechazarlo en Diputados”.

Jornada en @DiputadosAR junto a constitucionalistas para analizar el DNU 70/2023.

Desde el socialismo siempre planteamos su inconstitucionalidad y las consecuencias graves que produce en la economía de los argentinos. Por eso, estamos trabajando para rechazarlo en Diputados. pic.twitter.com/fXSEvmtbTx

— Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) April 9, 2024

Christian "Chipi" Castillo, sociólogo y diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad, denunció la cantidad de funcionarios del gobierno de Milei que son parte de grandes empresas, como Techint y las que tiene el grupo América que preside Eduardo Eurnekián. "Este DNU estuvo detrás de los aumentos de precio, está detrás de los aumentos de los medicamentos, que se desregularon totalmente, está detrás del aumento de las prepagas, los combustibles. Está detrás de una brutal transferencia de ingreso de la clase trabajadora hacia alguno de los sectores empresarios más concentrados que son parte del gobierno", agregó que "el Congreso ha desertado de su tarea de anular este DNU manifiestamente inconstitucional", asimismo subrayó "este Congreso puede desertar tanto como la calle se lo permita. Si hay millones en las calles barren con toda esa maniobra". Finalizó exigiendo que el Congreso sesione y que ese día tiene que haber un paro con movilización convocado por la CGT y las CTA y "que millones en las calles obliguen a la anulación de este DNU. Es un interés de la clase trabajadora ya que el corazón del DNU es el ataque a los derechos de la clase trabajadora".

Mi intervención en la Audiencia con constitucionalistas sobre el DNU 70/23. Hay que ganar las calles masivamente para imponer su anulación pic.twitter.com/xmtPalnmk3

— Christian Castillo (@chipicastillo) April 10, 2024

Durante el debate los abogados constitucionalistas explicaron las irregularidades del decreto de Milei que ya fue rechazado en el Senado. También, durante la audiencia, fue cuestionada la ley 26.122 que regula el tratamiento legislativo de los DNU, cuya autora es la exsenadora Cristina Fernández de Kirchner.

A través de distintas exposiciones, afirmaron que el decreto del Poder Ejecutivo no puede establecer medidas definitivas, como las más de 300 que impone el 70/23, sino medidas excepcionales para superar circunstancias excepcionales, en las cuales además no pueda sesionar el Congreso, lo cual no sucede en este caso. El decreto en los hechos reforma la Constitución pues contraría muchos de sus artículos, y habilita al presidente a seguir haciéndolo en el futuro. Eso lo torna absoluta e insanablemente nulo.

Eduardo Barcesat, abogado Constitucionalista, pidió la nulidad y no la derogación del DNU y dijo que el documento que lleva la firma de Milei establece “un genocidio silencioso que significa un crecimiento de la pobreza y el hambre producto de la exclusión y marginación forzada de las grandes mayorías”.

Beatriz Rajland, abogada constitucionalista, sostuvo que "no hay necesidad, ni urgencia ni impedimento alguno para que funcione el Congreso. Este DNU es un despropósito, una aberración jurídica, un disparate", y agregó que "se derogan y modifican leyes que conforman un plexo jurídico construido a lo largo de muchos años de conquista y ampliación de derechos".

En la jornada se argumentó que la Constitución prohíbe la atribución de facultades legislativas por parte del gobierno, no sólo en algunos temas específicos que son vedados explícitamente (materia electoral, partidos políticos, tributaria, y penal) sino de manera general en todo aspecto legal. También refirieron a los requisitos excepcionales establecidos por la propia Constitución y la jurisprudencia de décadas de la Corte Suprema impuestos al Poder Ejecutivo para legislar por vía de decretos. A su vez, doctrina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece que la restricción de derechos, como la que impulsa el decreto de Milei, sólo puede tener lugar mediante leyes formales, elaboradas por el Poder Legislativo, y no por designio de una sola persona al mando del Ejecutivo.

Pablo Manili, doctor y posdoctor en Derecho Constitucional, manifestó que "si la Corte se atiene a sus precedentes esto tiene que ser declarado inconstitucional", y agregó que "¿Cómo interpretó la Corte esto de las circunstancias excepcionales? En el fallo "Video Club Dreams", dijo, ’tiene que haber un grave riesgo social’; el fallo "Della Blanca" dijo ’el DNU debe ser necesario para preservar la vida misma de la Nación’; en el fallo "Tobar" dijo que ’tiene que haber una grave perturbación económica, social o política que represente el máximo riesgo para el país; en el caso "Leguizamón Romero" dijo que ’solo se pueden dictar cuando hay situaciones de grave trastorno que amenace la existencia, la seguridad, o el orden público o económico, que deben ser conjurados sin dilación’. Ninguno de estos requisitos, de la forma que fueron interpretados por la Corte, están cumplidos".

Laura Clérico, docente UBA, investigadora: “Cualquier persona que lea la Constitución Nacional en su Art. 99 inc. 3 tiene que concluir que el DNU debe ser rechazado por el congreso”.

Gustavo Ferreyra, abogado Constitucionalista: “Nunca pensé que me iba a encontrar involucrado frente a una tentativa para destruir la Constitución de la República Argentina”.

Antonio María Hernández, abogado constitucionalista: "El Decreto 70/23 es groseramente inconstitucional. Es una expresión de hiperpresidencialismo". Frente a ello, afirmó que "esta es la hora del Congreso. Así como el Senado de la Nación lo dejó sin efecto, lo propio tiene que hacer la Cámara de Diputados de la Nación".

Andres Gil Domínguez, abogado constitucionalista: "¿Por qué el DNU 70/2023 no cumple con los requisitos? Porque el presidente Javier Milei, a través de la teoría de los actos propios, lo demuestra. Si uno observa los considerandos vamos a observar que no había una situación imprevisible ni inesperada. Porque el propio presidente dice que con este DNU viene a superar una situación que inició en el 2013".

El exlegislador Jorge Yoma consideró que el DNU "está caído", porque una de las Cámaras lo rechazó. En los hechos no es así, porque la ley reglamentaria sólo indica que se invalida si así se decide en los dos recintos.

La ley que reguló el tratamiento legislativo de los DNU, cuya autora es la exsenadora Cristina Fernández de Kirchner, fue cuestionada durante la audiencia pública. Dicha reglamentación establece que para que caiga un decreto presidencial es necesario el rechazo explícito de las dos cámaras del Congreso pero para que quede vigente basta con que sólo una lo apruebe o bien que no haya pronunciamiento. Es por eso que, pesé a que fue rechazada recientemente en el Senado, el DNU continúa vigente y es lo que les permite, por ejemplo, a las prepagas disponer de aumentos indiscriminados.