La reaccionaria “Ley de protección a la vida y la familia” fue aprobada este 8M, la cual aumenta las penas de cárcel por aborto y solamente reconoce uniones entre “hombres y mujeres así nacidos”. El ataque a los derechos más elementales es en toda la línea por los sectores más conservadores y las iglesias.
Viernes 11 de marzo de 2022
El Congreso guatemalteco aprobó en tercer debate la ley 5272 de protección a la vida y la familia, con un total de 101 votos a favor, 8 en contra y 51 ausencias y nombre a Guatemala la “Capital Iberoamericana Provida”. La ley había sido promovida desde el 2017 por 18 diputados del bloque de derecha Visión con Valores (Viva), en alianza con la bancada del presidente, y contiene 21 artículos. Para su entrada en vigor, solo hace falta la firma del presidente Alejandro Giammatei.
Esta ley significa un retroceso a los derechos de las mujeres y población diversa, al atacar la diversidad sexual y el derecho al aborto, y tiene entre los principales impulsores a los sectores más reaccionarios como las iglesias y los más retrógrado del conservadurismo de Guatemala.
La ley viene a limitar la concepción del matrimonio reconociendo una única forma de familia, al declararlo como institución entre “hombres y mujeres así nacidos”, rechazando cualquier orientación sexual que sea distinta a la heterosexual.
Esta ley también estaría negando todas aquellas familias que no tengan la estructura de “padre, madre e hijos”, como, por ejemplo, las familias uniparentales o conformadas por abuelos que pasan a sustituir a los padres, o cualquier otro esquema familiar.
Además, la ley prohíbe que los centros educativos públicos y privados promuevan políticas y programas enfocados en la niñez y la adolescencia concernientes a la diversidad sexual, alegando como prohibida “la ideología de género o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad o que sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”.
Esta prohibición también especifica que la educación sexual debe estar a cargo exclusivamente de los padres y madres de familia, orientación que, según personas expertas, se da en medio de un incremento en los casos de violencia y crímenes de odio.
Por otro lado, la ley aumenta la penalización del aborto en cualquiera de sus circunstancias, con penas de cárcel de hasta 50 años bajo el argumento del respeto a la vida del no nacido. Incluso en abortos involuntarios, la ley estaría negando la asistencia médica post-aborto en casos donde la vida de la mujer se encuentre en riesgo.
Mientras en otros países de la región las mujeres avanzan en sus derechos, en Guatemala la reacción de las fuerzas conservadoras, iglesias y estados están dispuestas a avanzar sobre los derechos de las mujeres y personas LGBT. Los distintos colectivos y organizaciones feministas denuncian que esta ley es discriminatoria, violenta e intolerante, al censurar la educación sexual, la diversidad sexual y castigar el derecho al aborto
La ley fue aprobada el 8 de marzo, día internacional de la mujer, en medio de grandes movilizaciones en la región por los derechos de las mujeres y personas diversas. Esto demuestra que, ante las orientaciones políticas de los gobiernos de atacar y negar los derechos elementales de las mujeres y de la población diversa es necesario ganar las calles como única garantía para pelear por nuestros derechos que pretenden ser atacados una y otra vez.
Para ello es necesario continuar impulsando organización del movimiento de mujeres, la juventud, población diversa y clase trabajadora, que sea independiente de los gobiernos y que permita preparar un plan de lucha para obtener cada uno de los derechos que nos arrebatan. Este es el desafío que está planteado en Guatemala siguiendo el impulso de la lucha de las mujeres en la región como en Argentina donde gracias a la movilización se conquistó la legalización del aborto y otros derechos de la población diversa.
