Impunidad. Congreso de Perú salva al expresidente Merino de responsabilidad por las muertes en movilizaciones del 2020

Los jóvenes Inti y Bryan salieron a protestar en la ciudad de Lima, junto a miles de ciudadanos, en las jornadas de noviembre del 2020 que rechazaban la forma como Manuel Merino fue llevado al gobierno por el desprestigiado Congreso de la República en ese año. Esas manifestaciones, luego se extendieron al resto del país y fueron brutalmente reprimidas por la Policía Nacional, que actuó por órdenes del entonces presidente Manuel Merino. A pesar de la violenta represión policial, el Gobierno no pudo contener la bronca social y Merino se vio obligado a renunciar una semana después de haber asumido la presidencia.

Sin embargo, y sin tomar en cuenta estos antecedentes, el pasado viernes 1 de julio, la Comisión Permanente del Congreso de la República, con 22 votos a favor, resolvió aprobar el archivo de la denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino y los miembros de su gabinete ministerial, Antero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez, por las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado.

Dentro de quienes votaron a favor de esta medida reaccionaria que vulnera las libertades democráticas fundamentales, se encontraron nada menos que los parlamentarios de Perú Libre encabezados por Waldemar Cerrón y Guido Bellido, personajes muy cercanos a Vladimir Cerrón, presidente de esta organización política (a la cual el actual presidente Pedro Castillo acaba de renunciar).

Frente a este hecho reaccionario que denota una descarada alianza entre Perú Libre y la derecha ultra conservadora y anti derechos, Waldemar Cerrón, quien funge de vocero de la bancada perulibrista, no tuvo mejor idea que decir que: “aprobar la acusación (contra Merino y su gabinete) implicaría sentar un precedente de persecución política”.

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De esta manera la facción cerronista busca “curarse en salud” y evitar que más adelante el gobierno de su ahora ex socio político Pedro Castillo y ellos mismos, también puedan ser sancionados por violación a los derechos humanos, lo cual no no es descabellado, ya que en lo que va del gobierno de Castillo se han dado diversos asesinatos, por parte de las fuerzas represivas, de personas que salieron a protestar contra las políticas del ejecutivo y del legislativo.

Esta no es la primera vez que Congresistas de Perú Libre votan junto a lo más rancio y conservador de la ultra derecha parlamentaria peruana. Ya lo hicieron anteriormente para salvaguardar los intereses de los dueños de universidades privadas llamadas “universidades chicha” (por su pésimo servicio educativo), o cuando votaron a favor de eliminar de la currícula escolar el enfoque de género. Uno de los gestos más llamativos de esta alianza se dio cuando los Parlamentarios de Perú Libre, junto a los de la ultra derecha, avalaron a los miembros conservadores del nuevo Tribunal Constitucional.

Esto demuestra, una vez más, que para Perú Libre y su líder Vladimir Cerrón lo más importante es mantener cuotas de poder político a costa de lo que sea, incluso a costa de avalar y promover los intereses de los sectores más conservadores de la política nacional. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el supuesto marxismo o la radicalidad política, en las cuales se pretenden escudar Cerrón y sus allegados para justificar sus políticas.

Más bien el sostenimiento de esta impunidad frente al asesinato en manos de las fuerzas represivas, es parte de las prácticas propias de los denominados “políticos tradicionales” de la derecha pero también de esta izquierda reformista.