Crisis política en Perú. El Congreso peruano archiva propuesta de adelanto de elecciones

El jueves 26 de septiembre, la comisión de Constitución del Congreso de la República presidida por la fujimorista Rosa Bartra, archivó la propuesta de adelanto de elecciones del presidente Martín Vizcarra. Frente a esto, el presidente solo atinó a convocar a cuestión de confianza para reglamentar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, aceptando así - de manera implícita - su renuncia a continuar batallando por el adelanto de las elecciones para abril del 2020.

Vizcarra retrocede ante el fujimorismo

Desde que Vizcarra hizo público su proyecto de adelanto de elecciones el pasado 28 de julio, el fujimorismo y otras fuerzas que hacen mayoría en el parlamento, buscaron entorpecer la posibilidad de que esta iniciativa se concrete, ya que de darse, no solo perderían su curul sino también la posibilidad de liberar a corto plazo a Keiko Fujimori. Por eso demoraron en discutir esta propuesta en el pleno del congreso y, aprovechando su mayoría en las diversas comisiones parlamentarias, la sometieron a discusión en la comisión de constitución, donde resolvieron archivarla declarándola inconstitucional. Paralelamente, el fujimorismo ha venido desplegando toda una campaña para copar el Tribunal Constitucional, para desde ahí pelear por la liberación de Keiko Fujimori, como bien lo denunció una de sus actuales magistradas, la doctora Marianela Ledesma.

Frente a esto el presidente Vizcarra, en mensaje a la nación emitido el viernes 27 de septiembre después de reunirse con su consejo de ministros, anunció que el lunes 30 presentará ante el Congreso de la República el pedido de confianza para que el ejecutivo pueda modificar la forma de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, evitando así que el fujimorismo termine por consumar el copamiento de esta institución. Sin embargo, sobre la propuesta de adelanto de elecciones el presidente no dijo absolutamente nada, dejando entrever así que renunciaba a la que fue la iniciativa más importante que lo enfrentaba al fujimorismo parlamentario en lo que va de su mandato.

Este hecho pone de manifiesto, una vez más, que las diferencias entre el ejecutivo y el legislativo son solo de forma y no de contenido, ya que ambos sirven al gran capital, como quedó evidenciado también el pasado jueves 19 de septiembre cuando la mayoría fujimorista en el pleno del congreso aprobó la propuesta del ejecutivo presidido por Vizcarra de ampliar por 10 años los beneficios tributarios a los grandes empresarios agroexportadores que no solo evaden millones de dólares en impuestos con la venia del Estado, sino también sobreexplotan a miles de trabajadores del campo que actualmente laboran bajo condiciones muy precarias.

Adelanto de elecciones, reforma política y desmovilización social

Como se recuerda, el 28 de julio, ante el inicio de la contundente paralización del pueblo de Tambo contra el proyecto Tía María que desencadenó otros conflictos en la macro región sur del Perú, el presidente Vizcarra anunció con bombos y platillos su iniciativa de adelanto de elecciones para el 2020, aduciendo que la mayoría parlamentaria fujimorista no lo dejaba gobernar, lo cual no es del todo cierto, ya que siempre el fujimorismo parlamentario y el oficialismo gobiernista votaron juntos cuando de beneficiar a los empresarios se trataba. Esto se dio por ejemplo con la anulación de la negociación colectiva para los trabajadores del sector público, con el congelamiento del presupuesto a sectores sociales como salud y educación o con la aprobación del plan nacional de productividad y competitividad y, últimamente, con la ampliación de beneficios tributarios y laborales a los agroexportadores.

Por esa razón, en su momento manifestamos desde la Corriente Socialista de las y los Trabajadores CST, que el adelanto de elecciones era un mecanismo distractivo implementado por el Gobierno para desviar la atención de los problemas centrales que afectan al pueblo y los trabajadores. Por tanto, lo que buscaba Vizcarra con esta medida era, aprovechando el alto desprestigio del fujimorismo y del parlamento, ganar tiempo para oxigenar el régimen y de manera especial al ejecutivo para desde ahí poder implementar las medidas de ajuste requeridas por el gran capital para encarar el actual escenario marcado por la desaceleración económica que esta llevando a la burguesía nacional y extranjera a arremeter contra los derechos de la clase trabajadora y el pueblo.

El adelanto de elecciones, así como la reforma política aprobada en diciembre del 2018 y las diversas iniciativas de algunos jueces y fiscales como Concepción Carhuancho y Domingo Pérez, buscaban entonces evitar que las masas ingresen a la escena política con sus propios métodos y que, a partir de ello, pongan en cuestionamiento al conjunto del régimen expresado jurídicamente en la constitución de 1993. Por eso, desde los grandes medios de comunicación se creó la falsa ilusión que desde dentro de la institucionalidad y tomando como aliado al presidente Vizcarra y a estos magistrados, se podría acabar con la corrupción o mínimamente con el fujimorismo. Esto sirvió para liberar de toda responsabilidad a los empresarios que son en la práctica los que terminan comprando a políticos como Keyko, Villarán o Toledo y a jueces como Cesar Hinostroza.

Y si los grandes medios de comunicación lograron avanzar hasta el nivel de convertir a Martín Vizcarra en un “héroe de la democracia y de la lucha contra la corrupción”, fue por el gran desprestigio de los poderes del Estado y del parlamento en particular, así como de los partidos políticos, lo cual hace parte de la crisis orgánica que se vive en el Perú. A esto se suma, el rol jugado por un sector importante de la izquierda reformista y neorreformista y de las direcciones de las principales centrales sindicales del país que depositaron toda su confianza en Martín Vizcarra y en sus iniciativas, contribuyendo así a desmovilizar a los trabajadores y al pueblo, empoderando a un presidente que hace parte de la casta de los políticos vinculados al empresariado como lo demuestran hasta ahora sus medidas económicas y su experiencia en el Gobierno regional de Moquegua o sus implicancias en el caso del aeropuerto Chincheros.

Por una salida independiente del pueblo y los trabajadores

Entonces, no será de la mano del presidente Vizcarra o de los funcionarios “probos” del Estado, que el pueblo trabajador podrá librarse de los políticos corruptos como los fujimoristas que controlan el congreso y que reciben órdenes de su lideresa hoy en prisión.

Solo la movilización y la autoorganización independiente del pueblo y los trabajadores nos permitirá echarlos a todos. Pero de nada servirá echarlos a todos, sino acabamos también con este Estado que está al servicio de los grandes empresarios nacionales y extranjeros y de los políticos corruptos como los fujimoristas, apristas, entre otros. Necesitamos por eso, dar vida a un nuevo Estado de los trabajadores y del conjunto de las mayorías explotadas y oprimidas del país. Un paso en ese sentido se da luchando hoy por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que rompa con la vieja institucionalidad heredera del régimen del 93 y que nazca de la movilización social y de los espacios de auto-organización obrera y popular.