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Red Internacional
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Abajo el golpe. Congreso peruano rechaza adelantar las elecciones a diciembre de 2023

Además de adelantar las elecciones generales, el proyecto preveía acortar el mandato de la actual presidenta Boluarte y todos los congresales. El Congreso es la institución más desprestigiada del régimen peruano.

Viernes 16 de diciembre de 2022 22:48

En el marco de una creciente militarización y represión, el pleno del Congreso de Perú rechazó este viernes un proyecto de adelanto de elecciones generales en el país para diciembre de 2023. Es que el golpe parlamentario en curso agravó la ya complicada situación política y social en la nación andina y desató manifestaciones que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y el adelanto de comicios.

El proyecto de ley, presentado por el presidente de la Comisión de la Constitución, el fujimorista Hernando Guerra, recibió 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones, insuficiente para que se apruebe.

Al tratarse de una reforma constitucional, la norma requería 87 votos para ser sometida a una segunda votación, o de 66 para ser llevada a un referéndum.

Al término del debate en el pleno, Guerra cínicamente pidió a los legisladores que sean "responsables con la historia, con la República" y les dijo que tenían "que dar muestras de responsabilidad con la democracia".

Además, la ley planteaba recortar el mandato de Boluarte y los congresistas, cuyo periodo debe concluir, en principio, en julio de 2026, e incorporaba varios proyectos presentados para el adelanto de elecciones.

En sus disposiciones transitorias especiales establecía que "la presidenta en funciones", en referencia a Boluarte, "convoca a elecciones generales en diciembre 2023 y concluye su mandato el 30 de abril de 2024".

Añadía que los actuales congresistas también concluirían sus funciones el 28 de abril de 2024.

Tras anunciarse la votación, legisladores opositores, algunos de los cuales se referencian en el depuesto Pedro Castillo protestaron en la cámara para exigir que se incluya la consulta sobre una eventual convocatoria a una asamblea constituyente en el país, tal como han planteado en un dictamen en minoría que aún se debe informar si será votado por el pleno. Este reclamo es un reflejo de las enormes movilizaciones que se dan sobre todo en el interior del país, donde es más palpable la bronca contra el actual régimen político peruano.

En medio del resultado de la votación y los reclamos de los legisladores, el presidente del Congreso, José Williams, suspendió la sesión sin informar en qué momento será retomada.

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Boluarte planteó este miércoles que las elecciones generales se celebren en diciembre de 2023, cuatro meses antes de una propuesta inicial que hizo al asumir como cabeza del gobierno golpista.

La presidenta remarcó que "legalmente los tiempos calzarían" para su propuesta inicial de que los comicios sean en abril de 2024, pero que en una reunión que sostuvo durante la noche del martes con el Consejo de Estado se hicieron "reajustes" que indican que los comicios podrían ser en diciembre próximo.

La jefa de Estado sostuvo que el suyo es "un Gobierno de transición", lo que de alguna manera es un reconocimiento del carácter ilegítimo de su gobierno, surgido de un golpe parlamentario, sobre todo si se recuerda que recién asumida aseguró que iba a terminar el mandato de Castillo que vencía en 2026.

Además afirmó que tomó la decisión de no terminar su mandato al interpretar "de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía", a la que igualmente tuvo poco empacho en reprimir de la manera más brutal, dando rienda suelta a la policía militar y hasta sacando a los mismos militares a la calle al decretar un toque de queda. El resultado de esta respuesta a las manifestaciones populares, que se registran en al menos en 20 de las 24 regiones de Perú es de al menos 21 muertos al cierre de esta nota.

Las manifestaciones en el país crecen con el paso de las horas y desafían al gobierno golpista que aún no logra asentarse. Una expresión de esto es que los ministros de Educación, Patricia Correa, y de Cultura, Jair Pérez, renunciaron este viernes a sus cargos seis días después de asumirlos por la "desproporcionada" respuesta a las manifestaciones. Cabría preguntarse por qué pensaron que un gobierno golpista se iba a manejar de otra manera.

En un intento de desligarse de las responsabilidades Correa escribió en Twitter que “La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte". Por su parte Pérez afirmó que "los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas hacen insostenible" su permanencia en el Gobierno.

La resistencia que se ve en distintas regiones y ciudades del país es un primer paso para echar a la presidenta golpista Dina Boluarte e imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, sin caer en las falsas salidas que proponen los partidos del régimen, basado en la antidemocrática Constitución fujimorista de 1993.